Críticas de la Defensoría y la oposición al control del consumo con tarjetas

Dicen que la medida de la AFIP afecta a la clase media que se financia de esta forma.
Ni bien se enteraron, los tributaristas y economistas pusieron el grito en el cielo. Los expertos en impuestos consideraron que la nueva decisión de la AFIP -de profundizar los controles sobre los titulares de tarjetas de crédito que gastan más de $ 3.000 mensuales- establecían un piso "demasiado bajo" y muy fácil de alcanzar. Los expertos en consumo también pusieron luz roja. Y, ayer, las asociaciones de consumidores, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires y legisladores de la oposición también se sumaron al coro de críticas sobre la flamante medida.

La AFIP, que venía requiriendo información a las emisoras de tarjetas de crédito sobre los consumos superiores a los $ 3.000 mensuales y la presentación de cupones por parte de los comerciantes, avisó que ya no hará más ese pedido. Las tarjetas de crédito deberán presentar, en forma obligatoria y cada 30 días, esa información. Antes, la auditoría era trimestral.

El cambio de reglas levantó enojos. "Es una medida improvisada y antidemocrática", consideró Graciela Muñiz, la defensora adjunta del Pueblo y defensora del cliente bancario de la ciudad de Buenos Aires.

Con casi un millón de clientes que gastan más de $ 3.000 mensuales, es fácil llegar a esa suma con la compra de supermercado, los regalos navideños, la cuota de la prepaga, el colegio privado y algún electrodoméstico (que en diciembre suelen tener sus picos de ventas).

"Es otra medida más destinada a castigar al trabajador que se financia con tarjetas, ya que los grandes evasores seguirán impunes, resultando una medida improvisada y antidemocrática, que se podría traducir en la intención de generar una recaudación fiscal rápida", señaló.

El diputado nacional Carlos Comí (Coalición Cívica- Santa Fe) añadió que " esta medida de control debiera estar acompañada con una verdadera política de protección, información y educación para los usuarios de tarjetas de crédito que son las verdaderas víctimas del sistema". El legislador ocupará la comisión de Defensa del consumidor, donde promete dedicarse a esta cuestión.

"Un monto mínimo aceptable sería $ 10.000", añadió la defensora del pueblo porteño. "Muchas personas en la actualidad se manejan con estas tarjetas bancarias para no llevar consigo efectivo y así evitar riesgos ante la inseguridad", opinó.

Tanto en la AFIP como en las emisoras de plásticos destacan que quienes tengan una relación adecuada entre sus ingresos y lo que gastan no sufrirán inconvenientes. Ellos entienden que la medida no impactará en todos los bolsillos a los que alcanza. "Ya hay muchos consumidores que vienen siendo revisados y no sucede nada porque tienen sus papeles en orden y no hay ninguna infracción", sostienen los que entienden de este negocio. "Además, para comprar en cuotas hay que usar la tarjeta", recuerdan.

Echegaray suele tener línea directa con los titulares de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, ya que estas compañías conocen como pocas el termómetro del consumo. En el sector, hay 20 millones de plásticos y el número uno es Visa. Se trata de un sector en crecimiento por la incorporación de segmentos bajos y medio-bajos con los plásticos regionales. Además, las procesadoras de tarjetas de crédito actúan como agentes de retención a los comercios de distintos impuestos, como Ganancias e Ingresos Brutos.

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