Critican que se reduzca la difusión de las licitaciones

La Provincia debe tomar todas las medidas que aseguren la publicidad de las medidas y de los sistemas para la adquisición de bienes y de servicios, y debe adoptar sistemas que garanticen la equidad y la eficiencia de esa difusión.
Los miembros del Grupo Alberdi puntualizaron que esas pautas son fijadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC), ratificada por la Argentina mediante ley 24.759. "Por ser una norma nacional, obliga a los gobernadores a asegurar su cumplimiento", advirtieron. Sin embargo, advirtieron que la ley dictada el sábado pasado por la Legislatura para reducir la difusión de las licitaciones públicas colisiona directamente con los principios citados.

"La ley tendiente a ocultar la existencia de las licitaciones viola la CIC y también la normativa de la Constitución provincial, vigente desde 1907 y ratificada durante las reformas de 1990 y de 2006", aseveraron Teresa Piossek Prebisch, Adolfo Poliche, Alfredo Bolsi y Clímaco de la Peña, en referencia al artículo 12 de la Carta Magna local: "Toda enajenación de bienes fiscales y cualquier otro contrato susceptible de licitación, deberá hacerse precisamente en esta forma, salvo el caso en que la Legislatura o la Municipalidad resolviesen lo contrario, por razones especiales reclamadas por el bien público".

"Las autorizaciones para prescindir de la licitación deben ser excepcionales y autorizadas en cada caso. En cambio, la sanción de la Legislatura contiene una autorización para no publicar los llamados a licitación en los medios de mayor circulación. Eso equivale a una autorización para no licitar los contratos de obras públicas ni los otros que celebre la Provincia", cuestionaron en un comunicado.

Con esos argumentos, los miembros del Grupo Alberdi reclamaron al gobernador, José Alperovich, que vete la ley sancionada por la Cámara. "El debe velar por el cumplimiento de las leyes nacionales, contra lo cual conspira esa norma. Caso contrario, debe ser denunciado ante la Nación", denunciaron.

Los integrantes del foro de opinión también advirtieron que la ley que cuestionan es éticamente repudiable porque cercena el derecho del pueblo de conocer los actos de sus gobernantes.

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