La comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, difundió su conclusión sobre la visita que hizo a la provincia hace algo más de un mes y el resultado no es bueno para el gobierno de Alfredo Cornejo y su política penal, en particular la nueva ley que regula las prisiones preventivas.

“En el ámbito federal, la CIDH destaca el avance de importantes iniciativas en la materia; sin embargo, en el caso de la provincia de Mendoza lamenta las acciones realizadas por el gobierno provincial para contrarrestar los efectos jurisprudenciales alcanzados por la decisión de hábeas corpus de la Suprema Corte de Mendoza emitida el 23 de diciembre de 2015”, dice el documento publicado ayer.

El organismo remarca que “en junio de 2016 entró en vigor la ley 8.869 que sustituye y modifica los artículos del Código Procesal Penal mendocino en lo referido al dictado de prisiones preventivas” y que “de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil dicha ley establece la prisión preventiva como regla y refleja los enfoques punitivos por parte del gobierno”.

Los cuestionamientos no fueron respondidos por el Gobierno provincial, que anoche analizaba el texto.

La CIDH respaldó la resolución del Máximo Tribunal mendocino de diciembre, cuando emplazó en 60 días “a regularizar la situación procesal de personas detenidas sin orden de juez competente” y dispuso “que la prisión preventiva sea ordenada en diez días a partir de la imputación, o en 6 desde la detención o indagatoria”.

Esta decisión fue rechazada de plano por el gobernador Alfredo Cornejo (recién asumido) y por el (entonces) procurador general de la Suprema Corte, González. Ambos sostuvieron el argumento de que la decisión de la Corte mendocina “dejaría libres a 800 reclusos”.

Todo quedó suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de la Nación.

La CIDH recordó su criterio sobre reclusión de personas y remarcó que “tal medida debe aplicarse únicamente en casos excepcionales, por el período de tiempo más breve posible y sólo como medida de último recurso”.

Agregó también que “su aplicación debe quedar sujeta a estricto control judicial y las circunstancias en que se emplea deben estar expresamente establecidas en la ley”.

Al tiempo que alertó porque “el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA”.

Consideró que esto se debe a “políticas criminales que promueven mayores niveles de encarcelamiento, a la inadecuada defensa de los detenidos y a la presión de los medios y la opinión pública para que se haga frente a la inseguridad ciudadana mediante la privación de libertad”.

En la vereda opuesta, Cornejo ha dicho abiertamente que propicia “lo que demanda la sociedad: que los delincuentes esperen sus procesos detenidos”.

Al momento de la presentación de su candidato a la Suprema Corte, José Valerio, reconoció su intención de cambiar los criterios con la que se ha venido manejando la Justicia contra el delito.

Una comisión de la CIDH recorrió desde el 13 al 17 de setiembre: Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y Mendoza.

Aquí estuvo en los complejos de Almafuerte y San Felipe, y se reunió con los ministros Dalmiro Garay (Gobierno) y Gianni Venier (Seguridad), además del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana y la directora de Derechos Humanos, Luz Faingold.

También con el procurador penitenciario, Fabricio Imparado, y con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y de la Universidad Nacional de Cuyo.

El documento de la CIDH se dio a conocer a través de la página web de la OEA, en momentos en los que recrudece en la provincia la interna judicial entre 'duros' y garantistas y cuando existe una polémica sobre la postulación del camarista Valerio.

La relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH advirtió que las condiciones de detención “no resultan compatibles con la dignidad personal de las personas privadas de libertad” y que hay “falta de separación entre personas procesadas y condenadas”.

Sobre el complejo San Felipe afirma que “a pesar de que su capacidad es de 660 personas, al 15 de setiembre de 2016 se encontraban 991 reos, lo que constituye un nivel de ocupación del 150%”.

Agrega que “la situación podría ser aún más grave ya que las autoridades penitenciarias de dicha provincia ocultarían las reales dimensiones del hacinamiento a partir del agregado de nuevos colchones”.

 

Un respaldo desde afuera para Palermo

El documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca que “en materia jurisprudencial la CIDH valora positivamente la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (promovida por el juez Omar Palermo, hoy cuestionado desde el gobierno provincial), en virtud de la cual se otorga un hábeas corpus colectivo que representa significativos avances en materia de reducción de la prisión preventiva tales como: regularización de la situación procesal de las personas detenidas sin orden judicial en 60 días, sometimiento de la detención al control judicial en 24 horas, registro de las prisiones preventivas y mayores requisitos para definir la prisión preventiva por parte de los jueces de Garantías y jueces de Instrucción”.

 

Por provincia

Datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Buenos Aires. A diciembre de 2015 en sus cárceles tenía 37.895 detenidos, de los cuales 22.865 estaban con prisión preventiva (56%). El crecimiento de la población carcelaria en seis años fue del 25%.

Mendoza. A octubre de 2016 hay 4.029 privados de libertad y 1.673 con prisión preventiva (42%). La población carcelaria entre 2010 y 2016 subió 53%.

Santa Fe. A junio de 2016 mantenía 4.017 detenidas, de las cuales 1.199 están con prisión preventiva (29%)

En todo el país. A diciembre de 2015 se registraban 71.464 privados de la libertad con 37.008 bajo el régimen de prisión preventiva (51%). La población carcelaria creció 16% en seis años.