El criterio de selección de conjueces no es transparente y afecta la credibilidad judicial

El criterio de selección de conjueces no es transparente y afecta la credibilidad judicial
La abogada Susana Pachecoy, que como conjuez integró el Superior Tribunal ad hoc que falló contra el Estado Provincial en una sideral demanda salarial de magistrados y empleados judiciales, admitió ayer que el criterio con el que se eligieron a los miembros de ese tribunal “no es transparente”, y advirtió que ello “afecta a la credibilidad” en la justicia.
“Lo que creo objetivamente es que la falta de transparencia en el proceso de selección de los conjueces afecta la credibilidad en el sistema judicial, y la credibilidad en el sistema afecta el funcionamiento de la estructura completa del sistema republicano. La construcción de la sociedad necesita de la credibilidad del sistema, y que se sepa que los tres poderes funcionando”, remarcó.

De ese modo, recordó que en su momento, cuando intentó apartarse de la causa, objetó justamente el procedimiento poco claro con el que ella y otros abogados (de notoria vinculación con el radicalismo) fueron colocados como encargados de resolver en un proceso que afectará al Estado en cientos de millones de pesos.

Duración llamativa

Pachecoy, en declaraciones a FM Universidad, dijo que el fallo se apoya, básicamente, en que el Superior Tribunal en 1991 se dio un aumento salarial sin trasladarlo al resto del personal como imponía la legislación vigente. Un conflicto similar se dio a nivel nacional con la Corte, que sin embargo fue más rápida en resolver el tema, ya que a los cinco años dictó una sentencia. En el Chaco, el proceso tardó 17 años.

“La duración es un dato no menor”, apuntó, y dijo que en el asunto “hay una cuestión que tiene que ver con el análisis legal y lo estrictamente jurídico, el hecho sobreviniente de la ley 6151 por la Legislatura el año pasado (que reconoce el carácter remuneratorio de las sumas que perciben los jueces del STJ y aplica el sistema de porcentualidad para el personal), pero el tema puntual, aparte de lo legal, es que la duración de la tramitación de la causa, que excede a las razones que tengan que ver con el actor y los jueces que deben resolver, marca un hecho de trascendencia como para tener presente, en términos de que no signifique una apertura indiscriminada”.

La abogada explicó que de momento lo que resolvió el STJ ad hoc es la causa iniciada en su momento por el ex fiscal Gustavo Muller, donde planteó una acción de ilegitimidad. Ahora la resolución debe quedar firme y después se abriría el camino para que el accionante reclame el pago de las diferencias salariales no percibidas.

Urgencias finales

Pachecoy dijo que como integrante del tribunal vio que la causa “tuvo algunos movimientos de mucha urgencia en las últimas etapas del año pasado, donde particularmente pedí mi apartamiento, y finalmente me lo rechazaron, aunque sentaron un doble criterio: uno que si había tres jueces la resolución era válida, y convocaron a la audiencia del 9 de febrero, y quedó un tribunal colegiado, que conforme a la Constitución debe tener cinco miembros, integrado por cuatro”.

Esa rareza es la que motivó que la Fiscalía de Estado planteara que el fallo tiene un origen irregular porque no se respetó que el tribunal esté conformado por cinco jueces. El recurso fue rechazado por los tres jueces afines al radicalismo.

“Frente a eso dejé planteada alguna oposición, porque justamente si se está advirtiendo que puede haber un vicio en el procedimiento, eso puede entendido como un planteo de nulidad y no hay ninguna razón para no darle curso. Además lo sostuve mientras fui presidente de trámite de la causa, donde traté por todos los medios de salvar el procedimiento para evitar nulidades, precisamente, y si no había ningún planteo de las partes es una cosa, pero si un planteo de una parte, eso puede afectar la validez del acto, y me parecía que había que darle curso”, argumentó.

“Además, por una circunstancia de hecho, ya había en el expediente otro juez designado para ser convocado, y esto tampoco tendría por qué significar ninguna demora adicional y razonable en una causa que en cualquiera de los casos tiene 18 años de demora, por lo que si se tarda un mes más para integrar debidamente el tribunal, no había por qué no sanearlo”, añadió.

Cuando se le preguntó si por el STJ ad hoc pasaron muchos abogados como conjueces, dijo que fueron “muchísimos”. “El grueso del expediente son sucesivas excusaciones, recusaciones, inhibiciones, y después distintos giros: acumulación, desacumulación de reclamos, incidentes, vericuetos procesales de todo tipo”, mencionó.

Lo que sigue

Ahora se deben cursar las notificaciones a las partes sobre la sentencia dictada, y éstas tienen los plazos pertinentes para efectuar las presentaciones que consideren. En cuanto a los juicios en trámite para la Cámara Contencioso Administrativa, dijo que el fallo del STJ ad hoc “no sienta para ella un criterio vinculante”.

“También hay que ver la naturaleza de las cuestiones, porque cuando el juicio es por ilegitimidad, como en el caso de Muller, ese juicio se agota con la declaración de ilegitimidad, pero luego falta la nueva resolución y todo el procedimiento. Pero hay otros casos donde la demanda es de plena jurisdicción, donde además hay un reclamo económico, y el juez debe analizar si corresponde y determinar en ese caso la cuantía económica”, explicó.

Pachecoy agregó que “parte de lo que me pareció prudente dejar a salvo, teniendo en cuenta la trascendencia de la cuestión, entender que cada caso tendrá que analizarse según criterios establecidos conforme cada situación, es decir prescripción, disposición de la acción, distintas situaciones”.

Selección dudosa

Un tema poco tratado pero central en la historia es cómo llegaron a ser jueces de la megademanda salarial los abogados que finalmente, como conjueces, dictaron la sentencia adversa contra el Estado provincial. Al preguntársele sobre el tema, Pachecoy dijo que el procedimiento “es que el Superior Tribunal de Justicia, una vez al año, sortea y designa una nómina de profesionales de la matrícula para ser citados como conjueces en el año siguiente”.

“Yo, una de las cuestiones que planteé cuando pedí mi apartamiento de la causa, fue apuntando a la falta de transparencia en este procedimiento. No es transparente, porque no hay una convocatoria pública, no participan los representantes de nuestros consejos profesionales, como para que sea algo claro”, indicó.

Como se viene señalando, la mayoría del STJ ad hoc son abogados vinculados de algún modo con el radicalismo, lo que hizo que varios referentes del oficialismo lo relacionaran con la celeridad que tomó el juicio en el primer año de gestión de Jorge Capitanich, como si desde el rozismo se hubiera buscado hacer estallar una bomba financiera en la administración del nuevo gobernador.

“Yo, lo que creo objetivamente, es que la falta de transparencia en el proceso de selección de los conjueces afecta la credibilidad en el sistema judicial, y la credibilidad en el sistema afecta el funcionamiento de la estructura completa del sistema republicano. La construcción de la sociedad necesita de la credibilidad del sistema, y que se sepa que los tres poderes funcionando”, remarcó.

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