San Cristóbal pidió al Tribunal de Cuentas que investigue a Ecoambiental

En su carácter de diputado provincial, Daniel San Cristóbal solicitó al Tribunal de Cuentas que “proceda a realizar una investigación, conforme a las atribuciones que la Constitución Provincial y la ley le confiere, respecto de la contratación de la Asociación Civil Ecoambiental por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados”.
El legislador del Frente Grande argumentó que tomó estado público por diversos medios “la contratación que rondaría la suma de medio millón de pesos y, estando involucrado el funcionamiento del Poder y la administración de recursos públicos, la tarea de ese organismo podría dar transparencia a la cuestión”.

Mastandrea no informa

San Cristóbal alertó a las autoridades de ese organismo de control que “la situación mereció el planteo de diferentes bloques políticos a la presidencia de la Cámara solicitando información, peticiones que a la fecha no han sido satisfechas”.

Por ello pidió conocer el procedimiento aplicado para la selección y contratación; si los procedimientos de contratación se ajustaron a la normativa vigente en la Provincia y si la contratación de la firma fue realizada dentro de las atribuciones legales que competen a la Presidencia de la Cámara.

También quiere saber la fecha del contrato, vigencia, instrumento legal aprobatorio y si se ha producido alguna prórroga; el monto de la contratación y forma de pago; si la Asociación ha presentado informes parciales o finales; y quiénes son las autoridades, asociados y antecedentes de la Asociación Civil Ecoambiental.

A ello sumó el requerimiento sobre profesionales y académicos que desarrollan sus tareas para la Asociación Civil en relación con el Convenio de la Cámara de Diputados; si la firma contratada se encuentra registrada en legal forma en la Provincia del Chaco y si esto la habilita a realizar las actividades pactadas con la Presidencia de la Cámara.

Pidió saber también si se han realizado pagos, personas que recibieron y percibieron los valores; si se verifican reales prestaciones o actividades por parte de la contratada que fundamenten debidamente pagos en contraprestación.

“Me parece imprescindible que dado el estado actual de las cosas se transparenten todos los aspectos de la contratación y estimamos que el Tribunal de Cuentas es el órgano pertinente”, acotó.

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