Cristóbal López, en la mira de la Justicia

Es investigado por usurpación de tierras
Lejos del ruido y la polvareda que levanta a su paso como el empresario más polémico del juego en la Argentina, el primer dolor de cabeza penal para Cristóbal López llegó desde el sitio menos pensado: Chubut, su lugar en el mundo. Allí se lo investiga por desobediencia judicial, mientras su mujer, su secretaria y dos colaboradores están involucrados en una causa por robo en zona de bosques y usurpación de tierras.

El entuerto nace de una disputa sobre tierras junto a la frontera con Chile, cerca de Alto Río Senguer y el lago La Plata, que López, empresario ultrakirchnerista, mantiene desde hace años con la familia de un camarista federal de Comodoro Rivadavia, Aldo Suárez, que denunció a una sociedad del magnate. Lo acusa de ocupar tierras que le pertenecen, talar bosque nativo de dominio provincial ?lo que encuadra como robo en descampado? y, en el caso de López, desobedecer una medida de no innovar y seguir con sus obras de construcción.

Sus abogados niegan que el empresario y los suyos hayan delinquido, pero acordaron reparar al fisco provincial y a los que se presentaron como damnificados, según consta en el acta de la audiencia de conciliación que obtuvo LA NACION. Desembolsaron ya $ 50.000 y deberán entregar una camioneta y sembrar 164 árboles para compensar la tala del preciado y protegido bosque nativo.

El juez de Sarmiento, Roberto Casal, aceptó las reparaciones propuestas por los letrados de López, su mujer, Muriel Sosa, sus socios y su secretaria, Violeta Bahamonde. Pero condicionó el cierre del expediente a que el gobernador Mario das Neves ratifique el acuerdo en lo que respecta a la provincia patagónica. Si lo hace, la camioneta deberá entregarse durante las siguientes 48 horas.

Hasta entonces, según la resolución cuya copia obtuvo La Nacion, Casal difirió "el dictado de sobreseimiento de los nombrados Jorge Daniel Sosa, Violeta Bahamonde, Muriel Sosa y Cristóbal López por los delitos de robo en despoblado y desobediencia".

Ante la consulta, los colaboradores de López indicaron que la investigación penal que se tramita en el extremo sur de Chubut, ahora no comprende al empresario, quien "jamás estuvo comprendido en el robo de bosque nativo", según afirmaron.

En efecto, López sólo fue imputado de desobedecer la orden judicial, ya que ingresó a la sociedad que compró el campo (que cuenta con su mujer y sus socios como accionistas) después de la tala de las coníferas y tras la supuesta usurpación de tierras en aquel paraje paradisíaco de la Patagonia, a la vera de la cordillera los Andes.

La propiedad de esas tierras es centro de controversias desde 2001, cuando la intendenta y concejales de Alto Río Senguerr aprobaron la ordenanza 191/01 que puso a la venta 4250 hectáreas. Los compradores fueron 11, entre ellas dos empresas de López: Don José Moisés Soto SRL, con 4000 hectáreas, y La Proveedora de la Construcción SRL, con 11 más.

Diferencia

Mientras otros compradores pagaron hasta 1500 pesos/dólares por hectárea en el epílogo del régimen de convertibilidad, López pagó sólo $ 44,53 por cada una porque su predio fue encuadrado para pastoreo, no como turístico. Hoy, la hectárea se cotiza allí con un piso de 600 dólares, según estimó un agente inmobiliario con experiencia en la zona, consultado por La Nacion. No obstante, por sus características, el predio de López supera los 1000 dólares, sin contar las mejoras y construcciones.

La entonces intendenta, de la Unión Cívica Radical (UCR), y los concejales que aprobaron la ordenanza fueron denunciados y la investigación penal continúa abierta, camino a un juicio oral que, de hallarlos culpables, podría causar también la nulidad de las ventas de esas hectáreas.

Ajeno a ese expediente, López pasó a controlar kilómetros de la costa del lago La Plata. Construyó allí una mansión para su familia, otra para invitados, una tercera para el casero, un quincho, un muelle para sus dos embarcaciones más pequeñas y otro más amplio para un yate que, por su calado, sólo puede navegar en ciertas zonas del lago. También, un hangar y hasta una pista de aterrizaje para su avión, como puede cotejarse con el programa Google Earth, de imágenes satelitales.

A esa primera investigación penal se sumó luego la de Suárez, en la que López sí aparece como imputado junto a los demás accionistas de Don José Moisés Soto SRL y que ahora se encuentra camino de una conciliación.

El camarista, su madre y sus primos Mussio son dueños de un campo por herencia de un abuelo, presente allá desde 1924. Pero allegados a López relativizan el entuerto. "Suárez tiene un problema personal con Cristóbal. El está tranquilísimo con este tema", dijo uno de sus voceros. "Además, la municipalidad ratificó su orden de venta", precisó.

López inició, incluso, una demanda por usucapión, es decir, la adquisición de la propiedad por la posesión durante un transcurso del tiempo, sin oposición. "No puede terminar con un arreglo. O blanco o negro. O gana el juicio y las tierras son de él, o pierde y no serán suyas", manifestó un letrado.

Sin embargo, al aceptar el acuerdo ante el juez Casal, el fiscal Raúl Coronel y el fiscal de Estado, Diego Carmona, la defensa de López pudo abrir las puertas a una demanda civil de Suárez y los Mussio en busca de un resarcimiento. Más aún cuando aceptaron plantar 164 árboles en el predio de ellos. Pero la gente de López argumenta que así evitarán que el rey de los casinos cargue, por primera vez, con un prontuario penal.

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