El lunes 29 de febrero, en la Administración Federal de Ingresos Públicos se constató la situación fiscal de la empresa Oil Combustibles, del patagónico Cristóbal López. Dos días después, el miércoles 2 de marzo, los abogados del organismo presentaron veintidós juicios ejecutivos que se repartieron entre los seis juzgados de Ejecución Fiscal para cobrar esas multimillonarias deudas por impuestos varios impagos.

Los jueces emitieron su primer despacho, donde decretaban embargos en cada uno de esos juicios sobre los “fondos y valores” de la firma, para lo cual facultaban a los abogados de la AFIP a llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, una semana después el organismo recaudador comenzó a desistir de sus reclamos. Todo ello figura en expedientes judiciales constatados por Clarín.

¿Qué pasó en el medio? En la AFIP advirtieron que el martes 1° de marzo, Oil Combustibles se había acogido al nuevo Plan Especial de Facilidades de Pago contemplado en la resolución 3827/16, dispuesto a poco de asumir el cargo por el titular del organismo, Alberto Abad, para terminar con las arbitrariedades del famoso artículo 32 de la ley de procedimiento fiscal que había utilizado su antecesor, Ricardo Echegaray, en beneficio de empresas como Ciccone y la firma ligada al llamado “zar del juego”. ¿Alguien advirtió a López que la AFIP iría por él?

El miércoles 9 La Nación consultó por el tema a los voceros de Indalo, que defendieron la legalidad de las operaciones. El viernes 11 López y su socio, Fabián De Sousa, anunciaron la división del grupo, con este último supuestamente a cargo de Oil Combustibles. Y el domingo 13 ese diario publicó la maniobra de haber utilizado 8 mil millones de pesos que se le debían al Fisco para adquirir otras firmas, entre ellas medios de comunicación.

Ese mismo domingo, el presidente Mauricio Macri anunció embargos sobre la firma de Indalo. Pero los embargos nunca llegaron a concretarse, pese a estar ordenados por los jueces varios de ellos, a raíz de los desistimientos de la AFIP en los juicios de ejecuciones fiscales que había iniciado. El lunes 14, la AFIP denunció a Indalo ante la Justicia en lo Penal Económico por “insolvencia fiscal fraudulenta”. Y el viernes 18 la causa quedó formalmente abierta por el requerimiento del fiscal Germán Bincaz, según adelantó este diario. Al día siguiente, la jueza María Verónica Straccia ordenó los allanamientos en las firmas de Indalo, entre ellos el canal C5N y la propia Oil Combustibles.

Dos delitos son los que puede haber cometido el directorio de Indalo. Uno es el de haber fraguado la situación de Oil Combustibles a la hora de pedir un plan de pagos especial y otro, el más obvio, el de haber retenido los impuestos. López podría ser condenado a una pena de hasta seis años de prisión.