Cristina vetó la reforma política y complica a los chicos

Cristina vetó la reforma política y complica a los chicos
El texto había sido modificado para conseguir el respaldo de fuerzas aliadas y facilitar la sanción. El kirchnerismo parlamentario guardó silencio sobre la decisión de la jefa de Estado.
El kirchnerismo cumplió su palabra de vetar aquello con lo que no está de acuerdo. Ayer, al promulgar la ley de reforma política, Cristina Fernández de Kirchner observó dos artículos de la norma, que postergaban hasta 2012 la puesta en vigor de algunas de las condiciones que se les exige a los partidos políticos para conseguir su personería y poder competir en las presidenciales de 2011.

Lejos de ser un error de los legisladores, la fecha había surgido de las negociaciones que se desarrollaron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Fue una concesión de los diputados del Frente para la Victoria para seducir a los partidos de centroizquierda. La fecha intentaba demostrar que los partidos chicos no tendrían restricciones en la próxima elección presidencial. Con el veto parcial, la Presidenta no sólo desautorizó a sus propios legisladores y demostró lo difícil que le resulta al kirchnerismo cumplir sus promesas, sino que además puso en evidencia la manera en que piensa relacionarse con un Congreso dominado por la oposición.

El veto de Cristina Fernández alcanzó a los artículos 107 y 108 de la ley. En el primero, los legisladores habían definido que recién en 2012 comenzaría a regir la exigencia de contar con el 4 por mil de afiliados para que un partido político obtenga la personería nacional. En el 108 se definió que a partir de esa fecha aquellos que no se ajustaran a la demanda no podrían presentar candidaturas a cargos electivos, ni en elecciones primarias, ni en elecciones nacionales.

La fecha fue una de las 50 modificaciones que se le introdujeron al proyecto en la Cámara baja. Modificaciones que nunca se hacen al margen de la opinión de la Casa Rosada. El diputado Claudio Lozano recordó a este diario que los cambios vetados ayer fueron defendidos por el actual apoderado del PJ, Jorge Landau, y avalados por la totalidad del Frente para la Victoria.

A pesar de la insistencia de este diario, Landau no respondió ayer a ninguno de los mensajes que se acumularon en su teléfono celular. El jefe del bloque K en Diputados, Agustín Rossi, quien se encontraba al lado de Néstor Kirchner en un acto en Rosario, tampoco contestó a la búsqueda de Crítica de la Argentina. El senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada oficialista en el Senado, también eligió guardar silencio. Mientras que el kirchnerismo optaba por no hacer comentarios, la oposición legislativa se levantó en un coro uniforme que unió a los bloques cercanos al Gobierno y también a los más críticos.

La presidenta del MST, Vilma Ripoll, que había participado activamente de los debates que se llevaron a cabo en el Congreso, recordó que precisamente los dos artículos vetados formaron parte de los pedidos que su fuerza le formuló al kirchnerismo. "Le pedimos que los cambios corrieran en el 2012 porque tenemos la personería en trámite en muchas provincias. Somos una fuerza con representación en 18 provincias argentinas. El cambio hace la ley más proscriptiva aún. Si uno no puede conseguir la personería no se puede presentar a las internas abiertas y si no se presenta a las internas no puede competir en las nacionales", destacó Ripoll.

Desde la derrota electoral del 28 de junio cada una de las iniciativas legislativas del kirchnerismo llevaba la misma lógica. Se negociaba en Diputados y se aprobaba a libro cerrado en el Senado. Esto incluyó aun los casos en los había errores manifiestos de redacción, como sucedió con la ley de medios. Al publicar el veto parcial en el Boletín Oficial, la Presidenta dijo en los fundamentos que la fecha votada por ambas cámaras del Congreso "contradice el objetivo central de la ley". Desde un primer momento, la oposición opinó que ese objetivo no era otro que confeccionar un traje a medida de Néstor Kirchner para controlar la interna del PJ. Algo que el kirchnerismo se preocupó en desmentir.

El diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez señaló a este diario que "es mentira que el veto parcial de la Presidenta no altere el espíritu de la norma sancionada por el Congreso". Pérez consideró que con el veto, "la Presidenta atenta contra las libertades políticas de los ciudadanos". También calificó el gesto "como un antecedente gravísimo". Precisamente por eso fue que el flamante jefe del bloque radical en el Senado, Gerardo Morales, le pidió a Cristina Fernández que "no se le haga costumbre" vetar leyes aprobadas por el Parlamento. El radical consideró que detrás del veto presidencial se esconde "la intención de manipular el sistema de partidos políticos". Algo en lo que ayer coincidieron casi todos los bloques parlamentarios. Al vetar la fecha aprobada por los diputados y los senadores, las exigencias comienzan a correr desde este momento. El 2011 irrumpió brutalmente como un regalo navideño. Kirchner tiene un plan y Cristina lo sigue al pie de la letra.

Los que quedan a salvo

Unión Cívica Radical: con 2,3 millones de afiliados.

PRO: cumple sólo en Capital.

PJ: tiene 3,7 millones de afiliados.

Frente Grande: conserva 170 mil fichas.

CC-ARI: tiene 50 mil fichas.

Partido Socialista: cuenta con 120 mil afiliados.

OPINIÓN

Seguir participando

Roberto Bavastro (Politólogo. Máster en Estudios Políticos

Latinoamericanos)

Como en gran parte de esta reforma, hay varios puntos que en realidad, si uno los toma en el aire y fuera de contexto, parecieran razonables: evitar la dispersión y la fragmentación, u organizar la vida de los partidos. Pero al verlos en contexto, aparece lo contrario: forzar a que los partidos chicos desaparezcan o se integren a los partidos grandes y los bloques mayoritarios.

Siempre existieron pautas que regularon los requisitos que deberían obtener las agrupaciones para no caducar y seguir participando. Sin embargo, nunca se aplicó de modo estricto. Incluso cuando el presidente Raúl Alfonsín pensó aplicar tales requisitos de modo riguroso, se argumentó que los partidos chicos de izquierda quedaban fuera del juego electoral.

El efecto a mediano plazo de este veto puede ser que el día de mañana los grupos más extremos pueden aferrarse a ese argumento para impugnar el régimen en su conjunto, señalando las reglas de juego que los expulsan.

Este proyecto trata de formar dos grandes coaliciones, una de centroderecha y otra de centroizquierda, algo que parece estar en el imaginario del oficialismo.

El veto apunta a configurar la ley acorde a las necesidades del oficialismo. Quizás crean que unos cuantos pequeños sectores de izquierda necesariamente deberán acercarse estratégicamente al oficialismo, con su barniz de progresismo. Pero en verdad son demasiado pocos votos para hacer una diferencia importante.

Una ley expulsiva

María Inés Tula (Magister en Ciencia Política)

El objetivo del proyecto podía estar bueno: reducir el número de partidos en función de poder organizar un poco el sistema y regular la participación. Ordenar el complejo mapa de partidos políticos es una idea que en principio no estaba mal. Pero también la demanda de los partidos chicos era totalmente legítima: si durante años han podido funcionar con ciertas reglas un cambio de éstas tiene que ser gradual.

Con este veto parcial se vuelve rígida en sus aspectos formales, cuando en verdad la ley argentina ha sido muy flexible durante mucho tiempo. Ahora pretende aplicarse de modo rígido de una elección a la otra y no les da tiempo a los actores a organizarse o pensar herramientas para la competencia. Es claro que los deja por fuera del marco político electoral.

Estos dos artículos que se están vetando quedarán sin efecto en el proyecto de ley. Pueden volver a discutirse en el Congreso en el mejor de los casos, o directamente quedará así. Por ahora es un signo de interrogación.

Esto deja fuera a una porción importante de partidos que la ley expulsa del sistema. Algo sorprendente, porque era parte de la negociación, fue un cambio de estrategia desde el propio oficialismo. La idea de reforma política ha quedado intacta, no se ha modificado en pos de una reforma amplia y consensuada. Una reforma no puede imponerse, eso le quita legitimidad y eso sí es peligroso. En especial, para una ley que apunta a las condiciones de competencia electoral.

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