Cristina se S.U.B.E. al bondi con Néstor de cábala: "No puede fallar"

Cristina se S.U.B.E. al bondi con Néstor de cábala:
Lanzó la tarjeta magnética para subtes, trenes y bondis. El decreto es el número 84. “En la quiniela –dijo– significa Néstor. Y si es Néstor no puede fallar”. Empieza en 90 días, pero no se sabe cuándo regirá a full. Superstición, urgencia e imprecisiones.
Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 84 para poner en marcha el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) para colectivos, trenes y subtes del área metropolitana, que demandará una inversión del Estado de $200 millones. Pese a que prometió dar comienzo al plan en 90 días, la Presidenta no supo dar precisiones sobre cuándo funcionará el sistema integral para todos los transportes y todos los usuarios. Tampoco informó el Gobierno si se llamará a una licitación. Las empresas de colectivos - que si el sistema se aplica deberán transparentar su recaudación diaria- calculan que no se podrán poner en práctica las tarjetas de pago en menos de un año. La Presidenta atacó también el “negociado” de las monedas. que escasean y depositó toda su confianza en una cábala y en su marido: “el plan no puede fracasar. Me contaron que el 84 en la quiniela es Nestor. Y si es Nestor no puede fallar”.

“Si tienen que ir a licitación, no llegan con los tiempos”, dijo el titular de la Asociación Civil del Transporte Automotor, José Troilo. Ni en el Banco Nación ni en la secretaría de Transporte, los dos organismos responsables de monitorear la implantación del plan, supieron responder si habrá contratación directa o llamado a licitación.

“No hay que minimizar la complejidad de la instalación”, le dijo a Crítica de la Argentina, Ricardo Viaggio, director general de Indra, firma especializada en sistemas de prepago para el transporte.

La tarea por delante no es menor. Habrá que repasar el estado de las máquinas tragamonedas instaladas y chequear si ambos sistemas pueden convivir. Luego sumar la nueva prestación a unos 17 mil colectivos que circulan en la zona metropolitana, las líneas de tren y subte. La operación diaria es de unos 12 millones de boletos.

Los puntos clave para que el proyecto no fracase son armar una aceitada red para la recarga de las tarjetas y que el clearing del dinero para las transportistas, en manos del Banco Nación, sea eficiente y rápido.

Los dueños de las empresas de colectivos no se mostraron muy a favor del anuncio. Le recordaron por carta al secretario de Transporte que tienen un proyecto alternativo de boleto electrónico y pusieron en duda los tiempos oficiales. El SUBE los obliga transparentar por completo su recaudación diaria. A futuro no la cobrarán directamente sino vía Banco Nación. También les quita el negocio de la reventa de monedas en el que se llegaron a cobrar comisiones de hasta 15 por ciento. Así entonces el Gobierno sabrá con más precisión la cantidad de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos, dos variables por las que se liquidan los subsidios. Hasta ahora, estos ítems son informados por las empresas a la secretaría de Transporte con declaraciones juradas trimestrales, no siempre precisas y confiables.

Sin embargo, este entramado que este año repartirá $7.700 millones de fondos públicos entre los colectiveros, fue defendido por la Presidenta.

“Es muy importante señalar el esfuerzo que se hace en materia estatal para mantener un sistema de transporte público que es el más barato comparado con otras regiones”, destacó la mandataria. Afirmó que en la Argentina el boleto cuesta 31 centavos de dólar contra u$s1,20 el de Río y u$s 1,30 de San Pablo.

“El tema del subsidio para el transporte representa una ayuda a los trabajadores y también a toda la actividad económica porque estamos subsidiando para que los trabajadores accedan a ese boleto y de esa manera ayudamos también al empresario”, agregó la Presidenta.

De parte del Gobierno, hubo escasas aclaraciones de varios aspectos del SUBE. El Nación dijo que la acreditación del dinero a las empresas de colectivos será a las 24 horas y que las cuatro millones de tarjetas que se repartirán en un comienzo serán gratuitas. La recarga se hará, en principio, en efectivo y en las cabeceras de los colectivos y en las cinco terminales de trenes. Luego se sumarán como medio de pago las tarjetas de crédito, débito, internet y redes como Pago Fácil. La Presidenta apuntó a resolver el problema de las monedas, en un año electoral. “Con este nuevo sistema vamos a ir eliminando paulatinamente el uso de las monedas que en realidad en lugar de convertirse en un problema ya se había convertido en un negocio”.

Un negocio y tres interesados

Siemens, la española Indra y el grupo Roggio son las tres empresas que ya trabajan en los sistemas de prepago de transporte público en el país. Esperan más información para participar de un negocio para el que el Estado destinará $200 millones.

Siemens IT Solutions es la división que provee de tarjetas y software a los colectivos que circulan por las provincias de Córdoba, Mendoza y Salta. Y hace dos años desarrollaron el sistema para Santiago de Chile y para Colombia.

El otro protagonista de peso es Roggio. Crearon la Subtecard con la que el 40% de los usuarios del subte paga su boleto. Lograron colocar en la calle unas 500 mil tarjetas a las que les agregaron más prestaciones como medio de pago y se rebautizó el sistema como Monedero. Se pueden recargar en mil puntos de venta de Capital Federal.

Ante el crecimiento del proyecto –sirve como medio de pago en Blockbuster, la cadena de kioscos Hora 25, entre otros– se creó una empresa aparte (Metronec) que obtuvo más negocios. Opera el sistema prepago del transporte público en Neuquén y ganó hace un mes la licitación para el mismo fin en Rosario.

La tercera en discordia es Indra. Presentaron varios proyectos a la secretaría de Transporte que no prosperaron. Hasta ahora sólo implantaron unas máquinas vendedoras de boletos para la operadora ferroviaria TBA.

Le soplaron mal el dato

A Cristina le pasaron mal el dato que motivó el eufórico arranque de su discurso de ayer. El 84 no significa “Néstor” en ninguna de las listas que utilizan los apostadores de quiniela y lotería. En la de sueños, el 84 es “la Iglesia”; en la de animales es “el ciervo”; en listas alternativas, es “el cardenal” y en la de nombres es “Cayetano”. Los tocayos de su esposo se corresponden, en realidad, con el 784. Además, el número se relaciona con algunos sueños lúgubres, por eso en la web de Lotería Nacional se previene que se debe pensar en el 84 “cuando sueñe que está en el cementerio solo y de noche”, “que lo están velando y están cerrando el cajón” o “que visita enfermos, en terapia intensiva”. En el libro San Cono y sus sueños el número 84 evoca al féretro y “nos invita a que cambiemos de conducta, cuanto más rápido mejor”. Cristina dijo que “un secretario me lo contó”. Se refería a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y en el pasado vinculado al mercado de las apuestas quinieleras.

Un vacío legal sobre el curro con las monedas

El malhumor social por la falta de monedas, acrecentado por el último aumento en el boleto de tren, subte y colectivos, empujó al Gobierno a una solución de apuro. El problema de fondo no fue resuelto y la Presidenta y el jefe de Gabinete recién ahora se animaron a denunciar el “negociado”, informado por este diario en su tapa del 25 de agosto pasado. Sergio Massa habló hasta del “curro” de las monedas. Multas a bancos públicos y privados y allanamientos judiciales en una transportadora de caudales no fueron suficientes.

El Ministerio de Justicia presentó la primera demanda en Tribunales contra la empresa Maco, que controla el 80% de la distribución de monedas del país. Tras varios procedimientos judiciales, por el descubrimiento de toneles repletos de metálico, no se pudo culpar a la firma de nada.

Existe un vacío legal. El delito de acopio de monedas no está tipificado y la prohibición de generar la escasez de un producto, del Código Penal y otras normativas, no alcanzaron para tomar una medida.

Tampoco sirvieron las multas que en los últimos meses el Banco Central aplicó contra 14 bancos (entre ellos el Ciudad, el Provincia, el Nación, el HSBC y el Santander) por no cumplir con la ordenanza que obliga a cambiar un mínimo de $20 en monedas.

La otra arista del “negociado” o “curro”, según el funcionario al que se le consulte, son las terminales de las líneas de colectivos.

Poco se hizo al respecto desde el gobierno central. Tan sólo la Dirección de Transporte de la provincia de Buenos Aires reconoció el problema y actuó en consecuencia. Dictó una ordenanza en octubre del año pasado que le prohíbe a las empresas transportistas vender monedas y estableció un régimen de multas.

En algunas cabeceras de líneas, se cobra hasta un 15% de comisión por proveer el preciado metálico. Otra forma de operación es el pago de parte del sueldo a los choferes con monedas, para que sean revendidas por sus beneficiarios.

Lo cierto es que el problema no se resolvió. Es una de las principales quejas de los votantes en un año electoral. Las ventanillas de cambio de monedas que puso el Banco Central en las estaciones terminales de Capital son las únicas vías confiables y transparentes para hacerse de monedas. Pero hay que hacer una cola que a veces no tiene fin.

Comentá la nota