Cristina ordenó marcha atrás con el tarifazo para evitar otra 125

De Vido se enteró cuando llegó a Olivos. El aumento lo armó su mano derecha, Roberto Barata. Alivio en las distribuidoras y mucha preocupación en las generadoras eléctricas
A las 9.30, apenas la Presidenta de la Nación lo recibió en Olivos, Julio De Vido supo que debía volver atrás con el aumento tarifario para luz y gas ideado por algunos de sus hombres. Cuando Cristina Fernández lo recibió, el ministro de Planificación supo que eran historia el intento por echarle la culpa a las distribuidoras de luz, la consecuente inspección en estas empresas como en Cammesa (compañía mayorista del sistema eléctrico), y hasta el argumento de las excepciones para algunos usuarios de mayor consumo.

Como los aumentos, la vuelta atrás de los mismos (ayer por De Vido habló de mantener los subsidios antes eliminados para junio y julio) fue improvisada y rápida.

"La oposición está conformada por una manga de irresponsables, la bomba de las tarifas les explotará a ellos en la próxima Presidencia. Además a nadie le importa aplicar la ley, como por ejemplo sancionando impuestos (el Cargo Gas lo es) en el Congreso y no mediante un decreto. Y creer que esto se arregla sin aumentarle el precio a los usuarios finales es una utopía", se lamentó una fuente del sector.

Desde Planificación, en tanto, admitieron: "hay que desandar el camino de los subsidios, pero no sabemos cómo lo haremos. Los $ 493 millones que nos cuesta la medida anunciada hoy (por ayer) representan actualmente mucha plata para el Estado Nacional".

Lo que anunció De Vido en el Congreso, donde no se esperaba su presencia sino sólo la del secretario de Energía (Daniel Cameron), fue una respuesta más política que económica. "Cristina eligió no vivir otra (Resolución) 125. Ya teníamos listas las facturas de $ 2.000 a $ 3.000, correspondientes al bimestre junio/julio, cuando por la Gripe A todo el mundo se quedó en casa con sus hijos, gastando así más energía que nunca", comentó un alto directivo del sector.

Tanto en esa cartera, como entre los actores privados del sector, se escuchó una frase con recurrencia: "En el aumento se equivocaron los chicos". Se referían a tres jóvenes que rondan los 35 años: Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión (una de las dos manos derecha del ministro), junto a sus asesores Walter Fagías y Ezequiel García. Licenciados en Comercio Internacional los dos primeros, ingeniero industrial este último, entre ellos armaron el decreto 2067/2008 (para gas) y la resolución ENRE 1169/2008 (en el caso de la electricidad).

De todas maneras, cerca del ministro no cargaron las tintas sobre Baratta y su equipo. "Participó todo el espectro del Ministerio: (Daniel) Cameron (secretario de Energía), (Antonio) Pronsato (presidente del Enargas), Luis Barletta (vicepresidente del ENRE)", señaló un asesor de Julio de Vido. Aunque nadie se cree la referencia a Cameron, marginado hace años de las políticas y decisiones que comanda De Vido. A tal punto, que entre 2006 y 2008 Baratta armó una especie de Secretaría de Energía paralela con técnicos que conocen el sector.

Las distribuidoras recibieron las noticias de ayer con alivio. Ya no serán acusadas por el Gobierno ante la opinión pública; la retracción del aumento no las afecta porque sólo recaudaban ese dinero, que luego enviaban a Cammesa; y tendrán sus oficinas liberadas de clientes furiosos. Desde el ENRE prometieron que hoy llegarán las instrucciones sobre cómo refacturar.

Para las distribuidoras la situación es otra: desde enero del 2008 Cammesa (intervenido por el Gobierno) no les paga margen de ganancia. Mientras la diferencia entre el costo de generar y repartir la energía es absorbido por la mayorista del sistema. Su deuda ya está cerca de los u$s 8.000 millones, parte de ella con generadores (alrededor de u$s 500 millones) y con Pdvsa por fuel oil (cerca de u$s 800 millones). Con los aumentos tarifarios se buscaba reducirla, ya no será posible.

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