Ministros y gobernadores exhiben una extraña calma en medio de una vasta crisis económica. Los calmó la certeza de que en enero se iniciará una negociación con los fondos buitre que le ganaron al Gobierno en el juzgado de Thomas Griesa. El arreglo o la ruptura podrían significar perspectivas muy distintas para muchas cosas. Marcarían a fuego el final de Cristina Kirchner , la elección presidencial del año próximo y la suerte inicial, al menos, del futuro gobierno. Un economista independiente, pero no enfrentado con Cristina Kirchner (hace poco ésta lo citó públicamente), asegura que un eventual acuerdo significará un crecimiento de 3 por ciento del PBI para 2015; la ruptura podría, en cambio, empujar una caída del 3 por ciento durante ese año. Política, economía y elecciones volverán a encontrarse.

El propio Daniel Scioli no hubiera optado por un discurso cada vez más leal al cristinismo si no tuviera dos informaciones nuevas. Voceros y operadores presidenciales parecen resignados a que el gobernador será, en el último tramo del camino, el candidato consentido por la Presidenta. La beligerancia del cristinismo contra él no desapareció, pero cayó ahora a niveles casi inexistentes. Por otro lado, Scioli está convencido de que habrá un acuerdo con los fondos especulativos que le hará menos pesado el título de sucesor. El acuerdo inminente es su plan. Un escenario catastrófico de la economía sería devastador para Scioli. La visible (y a veces inexplicable) prudencia de las campañas de Mauricio Macri y de Sergio Massa se explica también en la posibilidad de que suceda, o no, ese acuerdo. Necesitan saber con qué gobierno se enfrentarán durante el año que viene, en qué medida deberán apostar a ciertas continuidades o a un cambio definitivo.

A todo esto, ¿qué probabilidades reales existen de que haya negociación y acuerdo? El equipo económico está metido en cuerpo y alma en ese proyecto. Ya hay mensajes cifrados que han viajado desde Buenos Aires hasta Nueva York. "Empezamos en enero", repiten con la convicción de los conversos. Esa seguridad fue explayada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, ante el Grupo de los Seis, que reúne a empresarios de todos los rubros. Un poco más tarde, el nuevo presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, se lo dijo de igual forma a los bancos nacionales y extranjeros. La única diferencia entre Kicillof y Vanoli es que este último habla de un plazo de seis meses de negociaciones. Kicillof pareció decir que sólo es cuestión de sentarse, negociar y acordar en tiempos muy breves.

La economía profundizó su caída desde la decisión de la Presidenta de abortar una negociación, aprobada por ella, de bancos nacionales con los holdouts. Los dólares son una mercancía cada vez más escasa. Desde la instauración del cepo al dólar, la inversión extranjera tiene un crecimiento negativo (son más los dólares que salen que los que entran), según informes oficiales de la Cepal. Además, una inflación alta espolea a los argentinos a refugiarse en la moneda norteamericana. La economía podría ingresar en un proceso grave de esclerosis si continuara sin poder acceder a los dólares para comprar insumos industriales imprescindibles. Ésta es la presión que la mecánica natural de la economía, no las inverosímiles conspiraciones, está haciendo sobre los gobernantes.

Hay otras presiones, es cierto, menos nobles, pero tan eficientes como las que hace la economía. No podría ser casual que el olvido de los buitres (ya casi no se habla de ellos en el oficialismo) haya sido contemporáneo con la denuncia de los fondos especulativos, en un juzgado de Estados Unidos, sobre presuntas maniobras de lavado de dinero por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez. En los últimos días, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, reconoció que existe un "vínculo comercial" entre Báez y Cristina Kirchner. Lo hizo después de desmentir que fueran socios. El vínculo comercial estaba probado antes de que lo explicitara Echegaray; está en las propias declaraciones juradas de la Presidenta.

El juez de Nevada que tiene a cargo la denuncia de los fondos especulativos debe investigar ahora un delito público y universal, como es el lavado de dinero. No importará en adelante el entusiasmo que tengan los fondos buitre. En la semana que se inicia, ese juez decidirá si hará públicos los detalles de la denuncia sobre Báez. Un juez argentino, Sebastián Casanello, investiga a la misma persona, Báez, por el mismo delito. Nunca pidió copia del expediente que se instruye en Nevada.

Un ejecutivo importante de un banco extranjero informó en los últimos días a buena parte de la dirigencia política argentina que los fondos especulativos le pagaron una fortuna a una agencia británica para que investigara cuentas en el exterior de funcionarios argentinos y de empresarios ligados al Gobierno. El primer resultado es potencialmente peligroso: encontraron cuentas de argentinos en bancos de Venezuela. Podrían involucrar en la sospecha a ministros y secretarios de Estado con trato frecuente con Caracas. En ese contexto, el eventual acuerdo podría significar también la aceptación de que triunfó la extorsión. ¿Permitirá Cristina Kirchner esa imagen devaluada de su protagonismo político?

La bandera del nacionalismo antibuitre se extingue, pero la Presidenta tendrá que hacer algo más para acordar con los fondos que le ganaron. Es raro, si quisiera acordar, que no haya cambiado ya al estudio de abogados norteamericanos (Gottlieb, Steen and Hamilton) que defiende al gobierno argentino. Esos abogados perdieron el juicio en manos de Griesa en todas las instancias por las que pasó.

La Presidenta deberá ir también al Congreso, resignada, para pedirle que derogue no una, sino tres leyes referidas a los fondos especulativos. Habrá entonces un debate explosivo en un año electoral. La última es la ley de pago soberano que cambió el lugar en el que se liquidan los intereses de la deuda, relevó al Bank of New York como agente de pago y estipuló que nunca se les pagará a los holdouts más que lo acordado en los canjes de 2005 y 2010. Esa ley fue un fracaso sin atenuantes: ningún bonista de la deuda argentina aceptó hasta ahora el cambio de agente ni de la sede de pago. Otra ley que deberá derogarse es una que se sancionó con la aprobación del canje de 2010. Esa ley les prohíbe a los funcionarios argentinos acordar con los holdouts una solución más generosa que la que se pactó entonces. Hay una tercera ley anterior, posterior a los acuerdos de 2005, que dice más o menos lo mismo.

Para salir de la encerrona con otro discurso fundacional, el Gobierno podría optar por una negociación con todos los holdouts, que llevan adelante casi 200 denuncias contra el gobierno argentino. Doce denunciantes pidieron recientemente que sus casos, que están en otros juzgados, pasen a manos de Griesa. El total de la deuda de bonistas que está en juicio es superior a los 10.000 millones de dólares. Si el objetivo fuera presentar un acuerdo con el ciento por ciento de la deuda argentina del viejo default, para tapar de paso el acuerdo con los buitres de Griesa, lo primero que necesitará el Gobierno es que sea precisamente Griesa el juez que concentre en sus manos todas las causas que andan dando vueltas. Pero antes que nada deberá pagarles a los fondos buitre que ya tienen en sus manos una sentencia definitiva para liberar el pago a los bonistas que aceptaron las propuestas argentinas. Deberá, en fin, evitar un default más generalizado.

¿Aceptará Cristina esa larga ingeniería financiera, jurídica y, sobre todo, política? Al final del día, el precio político deberá pagarlo ella y no sus economistas. Y lo pagará sólo si debiera optar entre la ilusión o la ruina..