Cristina fortalece a la Sigen con un nombramiento propio

El Gobierno reforzó el poder de auditoría. Pero todavía queda un lugar vacante como síndico general de la Nación. Quiere extender los controles a más de 40 empresas privadas
La ofensiva de Sigen sobre empresas, nombrando síndicos en aquellas con acciones heredadas de las AFJP, está a punto de sumar un hecho clave. En los próximos días, cuando firme un decreto que ya está redactado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nombrará como síndica adjunta del organismo a María Belen Franchini, una abogada que fue asesora suya en el Senado desde 2001 hasta 2007. "El nombramiento de Belén, que tiene una relación sin intermediarios con Cristina, muestra que pretendemos avanzar con el rol fiscalizador de la Sigen", apuntó una fuente de la Casa Rosada.

El organismo, que ejerce la auditoría interna del Poder Ejecutivo y depende directamente de Presidencia, puede tener un síndico titular y tres adjuntos. El primero es Carlos Pacios, en el segundo cargo está Valeria Loira (otra abogada que trabajó con Cristina en el Senado, como su jefa de asesores), se sumará próximamente Franchini y queda un cargo vacante. "La decisión es que trabajen en equipo, tanto estos tres síndicos como todo el personal del organismo, que tiene muy buen nivel técnico", expresó otro funcionario que trabaja en Casa de Gobierno.

Hasta ahora, la Sigen nombró seis síndicos titulares y siete suplentes en compañías donde la ANSeS que dirige Amado Boudou tiene acciones. En un universo de 40 firmas, las que todavía no son auditadas internamente por el Estado resisten, y lo harán todo lo que pueda. La decisión política en contrario, anticipada ayer por El Cronista, causó preocupación entre sus dueños y directivos. El nombramiento de Franchini, en tal sentido, no aporta mayor tranquilidad sino todo lo contrario.

La joven abogada, recibida en la UBA y de apenas 33 años, está en la Sigen desde febrero de 2008. Tiene muy buena relación con Loira, y cordial con Pacios, por lo que no se vislumbran problemas para el trabajo conjunto de los máximos funcionarios del organismo. En términos formales, el nombramiento debe ser pedido por el síndico general, lo que ya fue realizado. La "relación autónoma" de Franchini con Cristina (así dicen en Casa Rosada) no preocupa tanto a Pacios, en un gobierno donde los funcionarios están adaptados al verticalismo K, pero sí enciende más luces de alarma entre distintas empresas.

Una alarma que podría transformarse en roja. Porque ayer la Sigen elaboró un comunicado en el cual señala que "este organismo tiene la obligación de designar a los auditores en las distintas empresas en las cuales existe una participación estatal, sea esta mayoritaria, igualitaria o minoritaria". De acuerdo al texto oficial, esta obligación deviene del articulo 114 de la Ley 24.156, de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, "donde se establece claramente que la SIGEN debe proponer a los síndicos como un imperativo legal que no puede soslayarse".

Como ejemplo, en la Sigen mencionan algunas de las empresas citadas ayer en este diario, donde el Estado tiene poca participación accionaria. Por ejemplo, Corporación Puerto Madero (sólo allí el Estado Nacional tiene 50%), Cammesa, Papel Prensa, YPF (con menos del 1%, aunque el Estado posee la acción de oro), All Mesopotamica , Ferro Sur Roca o Ferroexpreso Pampeano.

En el comunicado, enviado especialmente a El Cronista, la Sigen expresa que, según la Ley 24.156, este organismo "propondrá al Poder Ejecutivo Nacional" la asignación de síndicos "por el capital estatal en empresas y sociedades en que el Estado nacional, por sí o mediante sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado", tenga participación. Más allá de lo que diga la ley que permitió la formación de la Sigen, la decisión política de fiscalizar empresas avanza con firmeza.

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