Cristina firmó un decreto secreto de 133 millones de pesos para Lockheed

Cristina firmó un decreto secreto de 133 millones de pesos para Lockheed
La beneficiada es la estadounidense mayor proveedora de armamento del mundo y maneja el Área Material Córdoba. El Gobierno dijo que quiere quitarle la concesión, pero igual pagó para ampliar un contrato.
El único decreto secreto que firmó Cristina Kirchner le otorgó 133 millones de pesos a la empresa estadounidense Lockheed Martin para ampliar un contrato que, según el propio Gobierno, fue incumplido sistemáticamente desde que Carlos Menem le otorgó a la compañía la concesión del Área Material Córdoba en 1995. Hace dos años, la empresa –la mayor proveedora de armamento del mundo– se comprometió a entregar 10 aviones Pampa nuevos a la Fuerza Aérea Argentina. Pero no cumplió. A pesar de ello, La Presidenta rubricó el 14 de abril de 2008 el Decreto “S” Nº 628 que habilitó la transferencia de fondos que no estaban contemplados en el acuerdo original. La violación del contrato habilitaba al Poder Ejecutivo a rescindir el contrato “sin costo alguno” para las cuentas públicas, pero en lugar de aplicar esa “cláusula gatillo”, el Ministerio de Defensa anunció que estatizará la compañía mediante la compra del paquete accionario de la empresa.

“Secreto” es la palabra clave del vínculo entre el Estado argentino y el mayor lobbista del mercado global de armas. Menem le entregó a la Lockheed Martin Aircraft Argentina S.A. la concesión del Área Material Córdoba mediante el Decreto “S” 2221/94 que firmó el riojano. El principal punto del contrato era el desarrollo y fabricación del AT-63 Pampa. Ese acuerdo no se cumplió. En 2003, Eduardo Duhalde comenzó a renegociar el convenio. La tarea la concluyó Néstor Kirchner en 2004. Siguió el camino de Menem: el nuevo contrato se realizó con otra norma secreta, el Decreto “S” Nº 162/04. El Gobierno nunca explicó cuál fue el monto de aquel convenio que obligaba a la empresa a fabricar seis aviones AT-63 Pampa para la Fuerza Aérea y otros seis para exportar.

En cuatro años, la empresa no terminó un solo avión nuevo operable, y sin embargo nunca dejó de recibir aportes estatales: $820,6 millones en 2004, $131,3 millones en 2005, $186,8 millones en 2006 y $331,6 millones en 2007. Con todo ese dinero, la empresa podría haber fabricado unos 54 aviones Pampa, valuados en 9 millones de dólares cada uno. En total, desde que los Kirchner llegaron al Gobierno hasta hoy, la compañía recibió $1.786 millones, y los aviones nuevos no aparecen.

En octubre de 2007, la ministra Nilda Garré anunció un agregado al contrato. La empresa se comprometió a proveer 10 aviones. Debían entregar cuatro a fin de ese mismo año. Un año y medio más tarde, la filial argentina de la Lockheed no terminó ninguna nave en condiciones de ser operada. Así fue confirmado a Crítica de la Argentina por un alto oficial de la Fuerza Aérea, con base en Córdoba, que está vinculado con el Área Material Córdoba desde 1984. Distinta fue la versión que ofrecieron desde el Ministerio de Defensa: “Desde que se inició la gestión de Garré la empresa concretó 12 modernizaciones de aviones Pampa y entregó seis Pampas nuevos. Eso es lo que está cumplido”. Desde la Fuerza Aérea, en cambio, dijeron que “de los 18 aviones que debían actualizar, entregaron 16” y se negaron a proveer información sobre las nuevas naves.

La actualización del acuerdo que firmó la ministra con Alberto Buthet, presidente de Lockheed Argentina, incluyó una “cláusula gatillo” que podía ser utilizada por cualquiera de las partes ante eventuales incumplimientos: en caso del Estado, adquiría el derecho a reclamar la finalización de la concesión sin que eso representara un costo fiscal. Así lo anunció Garré a través del “parte de prensa Nº 267/07” del 23 de octubre de 2007. El plazo límite para denunciar la finalización del acuerdo venció el 31 de diciembre último. A pesar del incumplimiento histórico, el gobierno argentino renunció a su derecho y optó por un camino que podría implicar nuevos desembolsos provenientes de las arcas públicas. Pero Defensa no lo ve así. “Para nosotros nunca hubo incumplimiento de contrato”, afirmaron oficialmente ayer.

La Lockheed sabe de desembolsos millonarios de parte de la gestión K. El 6 de diciembre de 2007, a cuatro días de finalizar su mandato, Kirchner firmó su último decreto de necesidad y urgencia. Mediante el Decreto 1855/07, que fue publicado el 10 de diciembre –el mismo día que asumió su esposa–, le otorgó 497.571.283 pesos.

Cristina Kirchner siguió el camino secreto que inició Menem y que continuó su marido. El 14 de abril de 2008 rubricó el Decreto “S” Nº 628 que habilitó una ampliación presupuestaria para la “modernización y fabricación de aeronaves”. Dos meses más tarde, haciendo uso de los “superpoderes”, el otrora jefe de Gabinete Alberto Fernández incorporó 133,7 millones de pesos al “Programa 18 – Equipamiento y material de las Fuerzas Armadas”. Para esos “anticipos financieros” el Gobierno reorientó fondos que estaban previstos para “actividades de conducción e inteligencia” y para el “sostén logístico antártico”.

El secretario de Planificación del Ministerio de Defensa de la Nación, Oscar Cuattromo, adelantó ayer que una vez que sea recuperada la Fábrica Militar de Aviones, de Córdoba se brindarán servicios a la compañía brasileña Embraer. Los proyectos oficiales para el Área Material Córdoba son varios. El ministro de Transporte, Ricardo Jaime, quiere convertirla en los talleres de reparación de la flota de Aerolíneas y Austral. El gobierno cordobés pretende fabricar autopartes. Más firmes están los acuerdos con Embraer y con la chilena Enaer. La primera es socia y la otra, subsidiaria de la compañía estadounidense. Será para la Lockheed un gran nuevo negocio: el Estado le comprará las acciones, pero igual podrá quedarse con los contratos.

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