Cristina Fernández nombró en 2008 a 94 jueces: muchos tendrán causas que afectan a funcionarios kirchneristas

Se destacan las designaciones de Guillermo Farah y Jorge Ballestero. Todos los jueces y los expedientes claves para el Gobierno.
La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, nombró en 2008 a 94 jueces, muchos de los cuales llegaron a tribunales con causas que involucran a ex funcionarios del Gobierno de su esposo y de resonancia pública.

Entre las designaciones más importantes se destacan los de Guillermo Farah y Jorge Ballestero, quienes fueron nombrados en la estratégica Cámara Federal de la Capital Federal, y el de Daniel Petrone a cargo de la investigación por el intento de ingreso al país de 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Antonini Wilson.

Farah, desde la Sala II de la Cámara, y Ballesteros, en la Sala I, tendrán a su cargo expedientes donde investigarán a ex funcionarios de los últimos gobiernos y casos de narcotráfico.

Petrone llegó al juzgado en lo Penal Económico 2 donde estaba radicada la causa de la valija de Antonini y en la que ya dictó la falta de mérito del ex funcionario kirchnerista a cargo del Órgano de Controles Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y pidió la captura del venezolano.

El magistrado, nombrado por la Presidenta el 1 de abril, también investigó la denuncia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra la empresa Shell por supuesto desabastecimiento para que confirme las multas aplicadas y en la que el funcionario también solicitó que el presidente de la compañía, Juan José Aranguren, vaya preso, todo lo que fue rechazado por Petrone.

Junto a Petrone, Fernández de Kirchner nombró a la mitad de los ocho jueces de primera instancia del fuero que investiga los delitos económicos. Los otros designados fueron Rafael Caputo, Ezequiel de Astrada y Alejandro Catania.

En materia de derechos humanos, la primera mandataria designó a Hugo Sastre al frente del juzgado federal de Rawson, en Chubut, donde se tramitan las causas por la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 cuando fueron fusilados 16 guerrilleros en la base Almirante Zar.

El juez también investiga una denuncia de 2006 por espionaje en la misma base naval donde marinos realizaban tareas de inteligencia contra funcionarios del Gobierno Nacional, como la ministra de Defensa, Nilda Garré.

Los nombramientos también se dieron en la provincia natal de Néstor Kirchner, Santa Cruz, donde la Presidenta designó a los tres jueces del tribunal oral federal que todavía no está habilitado, Jorge Chávez, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero.

En materia de seguridad y menores el Gobierno también hizo importantes nombramientos. En la Cámara del Crimen porteña, donde se analizan las decisiones judiciales sobre robos, homicidios y violaciones, la primera mandataria designó a cinco jueces: Alberto Seijas, Jorge Rimondi, Mirta López González, Julio Lucini (uno de los jueces que investigó la tragedia de Cromañón) y Mauro Divito.

Respecto a los menores, fueron designados cuatro magistrados en tribunales orales de la Capital Federal que se encargan de juzgar los delitos cometidos por jóvenes de menos de 18 años.

La Presidenta también designó a Máximo Astorga en el juzgado comercial 15, a cargo de la causa por el concurso de Aerolíneas Argentinas, y a dos de los jueces que realizan el juicio por la tragedia de Cromañón, Marcelo Alvero y María Cecilia Maiza.

La mayoría de las designaciones del 2008 fueron para los juzgados de primera instancia en lo civil, se nombraron 20 jueces, y en los juzgados del trabajo, 17 nuevos magistrados. También hubo nombramientos en juzgados, cámaras, y tribunales orales federales del interior del país, en juzgados correccionales y de ejecución penal, y en la cámara civil y comercial federal.

Según un informe del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de los 94 jueces se produjeron entre el 1 de enero y el 11 de diciembre luego que la Presidenta firmara los decretos de designación, tras un proceso de selección que incluyó la participación de los tres poderes del Estado.

El Consejo realizó el proceso de selección de los candidatos, a través de exámenes y análisis de antecedentes, y propuso una terna al Gobierno que puso los postulantes a consideración de la ciudadanía para que opinen. Luego, la primera mandataria eligió a uno de los tres y propuso su nombre al Senado que dio el acuerdo definitivo al candidato.

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