El procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadio en la tarde del viernes contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro rubricó una serie de pálidas judiciales en esa semana que no sólo afectaron a la ex mandataria sino también al grueso de funcionarios de la ex administración kirchnerista. Pero en el caso puntual de CFK, cada decisión que surge desde Comodoro Py la acerca un poco más a eventuales condenas que, sin fueros al menos hasta diciembre de 2017, podrían derivar en pedidos de detención a los que está expuesta. 

"Procesar en orden al delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, previsto y reprimido por el art. 173, inc. 7º en función del art. 174, inc. 5º y art. 45, todos ellos del Código Penal de la Nación, sin prisión preventiva (arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación)", escribió el juez Bonadio en el dictamen en el que, además de procesar a Cristina, le trabó a sus bienes un embargo por $ 15 millones. Según detalla el juez, el artículo 174, en su quinto inciso determina la pena o sanción: "Sufrirá prisión de dos a seis años el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública". Bonadio entiende que Cristina, cómo máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es responsable de ocasionarle una pérdida cercana a los $ 76.000 millones al Banco Central. Como ella, entre otros 13 procesados, figuran el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli.

Un día antes de que fuera procesada por Bonadio, Cristina fue imputada por cohecho por el fiscal Carlos Rívolo en el marco de la causa Los Sauces, que amplió la acusación que ya había hecho dos semanas antes por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentación pública. En los tres delitos que se le adjudican en ese caso, que tramita también el juzgado de Bonadio, la pena máxima es de seis años. Se trata de una denuncia iniciada por Margarita Stolbizer contra y Cristina y su hijo Máximo por las sociedades inmobiliarias que los Kirchner tenían en Santa Cruz y en las que empresarios afines como Lázaro Báez y Cristóbal López estarían vinculados. 

Asociación Ilícita es el delito por el que Cristina Fernández viene siendo investigada, junto a Máximo, por el juez Julián Ercolini, quien se hizo cargo de un expediente que comenzó en el juzgado de Bonadio y continuó en el de Daniel Rafecas. Según el artículo 210 del Código Penal, "será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión". La causa, casi hermana de Los Sauces, se originó también por una denuncia de Stolbizer y busca determinar si hubo irregularidades en la empresa hotelera de los Kirchner, que administra "Alto Calafate".

Finalmente, en la causa que investiga la denominada ruta del dinero "K", se reprime con prisión de "tres a diez años al que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal". Por ese presunto delito la imputó el fiscal Guillermo 

Marijuan a la ex presidenta en esa causa que mantiene detenido a Báez desde hace 40 días.