Cristina Elisabet Kirchner pidió la nulidad de su llamado a indagatoria por las irregularidades en la obra y del dictamen acusatorio de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El abogado de la ex presidente, Alberto Beraldi, hizo el planteo ante el juez federal Julián Ercolini, quien la había citado a indagatoria para el jueves de la próxima semana.

En la causa están citadas 17 personas, entre ellas el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, ambos detenidos en la cárcel federal de Ezeiza, entre otros ex funcionarios.

La acusación de los fiscales es por los delitos de defraudación a la administración pública y de negociaciones incompatibles. Se basa en que de 2003 a 2015 sedireccionaron obras viales nacionales a las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Señalaron que de las 49 obras que el empresario recibió solo se terminaron dos y que a diferencia de otras compañías, el empresario cobró todo.

Para los fiscales, primero Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner "tomaron la decisión política de favorecer a la provincia de Santa Cruz con inversiones millonarias en obra pública vial".

En un escrito de 65 páginas, la defensa de la ex mandataria sostuvo que en la causa hay un "único direccionamiento" sobre la obra pública y pidió que se investigue "de manera completa, integral y centralizada toda la obra pública".

"Estamos ante una causa política violatoria de las más elementales normas, no sólo de derechos y garantías individuales, sino de la Constitución Nacional en cuanto determina y regula las facultades y las funciones de los poderes del Estado", señala la presentación.

Además, comparó la acusación con la dictadura: "Son tan graves y manifiestos los vicios en que incurren los fiscales que, lamentablemente, traen al recuerdo momentos oscuros vividos por la Justicia de nuestro país durante los períodos en que imperaron las dictaduras militares que arrasaron con derechos y garantías constitucionales".

La ex presidente pidió que en la causa se investigue toda la adjudicación de la obra pública durante el kirchnerismo y no solo la que recibió Báez en la provincia de Santa Cruz.

"Sólo una investigación completa, objetiva e imparcial de todo lo actuado durante nuestro gobierno en esa materia podrá conducir a conclusiones verdaderas, que de una vez y para siempre pongan al descubierto cuán 'pesada' ha sido la 'herencia' que el proyecto nacional y popular, votado por el pueblo argentino en tres oportunidades, le dejó a nuestro país", afirmó.

También defendió la cantidad de obras que recibió su provincia: "No es cierto que se le hubieran brindado a la provincia de Santa Cruz recursos para obra pública vial de una manera desproporcionada. Adviértase que el 11,3% del presupuesto de vialidad nacional destinado a la provincia de Santa Cruz se corresponde con su tamaño en relación al territorio nacional, esto es, el 10,5%".

Por último, afirmó que las cuentas de inversión de la obra pública fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, con intervención de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y que las obras del 2014 fueron aprobadas por la Auditoría General de la Nación.