Cristina descongeló renegociación de contratos con privatizadas

Cristina descongeló renegociación de contratos con privatizadas
Por primera vez desde que Cristina es presidenta, los acuerdos transitorios con las gasíferas Centro y Cuyana llegan al Parlamento. Siguen los de Metrogas y Gasnor
Mientras la mayoría de los legisladores está inmersa en la campaña electoral, la renegociación de contratos de servicios públicos llegó al Congreso por primera vez desde que Cristina Fernández es Presidenta. La comisión bicameral de Seguimiento de los Contratos del Estado tiene en sus manos una decena de cajas con la información correspondiente a los acta acuerdo firmados por el Gobierno y las distribuidoras de gas Centro y Cuyana, que brindan servicios en el interior del país, rubricados en septiembre pasado.

Se trata de una renegociación transitoria de contratos de concesión, en la que se registran los aumentos en las tarifas –ya operativos– y cronogramas de inversiones. Para la oposición, los contratos contienen irregularidades formales y substanciales. Sin embargo, y a pesar de que el oficialismo puede quedar debilitado políticamente tras las elecciones, se espera que los legisladores kirchneristas logren su convalidación por ambas cámaras, ya sea por votación expresa o por sanción ficta.

Este es un polémico artilugio permitido por la ley 25.790 de renegociación de contratos, pero contrario a la Constitución en su artículo 82, que implica que el acuerdo será valido si el Congreso no lo vota dentro de los 60 días corridos desde que ingresó al Parlamento. Las renegociaciones transitorias de Edesur, Transener, Gas Ban y Transnoa salieron por esta vía.

El 26 de marzo último, los decretos presidenciales 234, 235, 236 y 246 refrendaron los acta acuerdo firmados por la Unidad Renegociadora de Contratos (Uniren), dependiente de los ministerios de Economía y Planificación, con las distribuidoras Metrogas, Cuyana, Centro y Gasnor, respectivamente. Sin embargo, la ley de Emergencia Económica dispuso que las renegociaciones deben pasar por el Congreso y creó una comisión bicameral para tal fin. "Las empresas, en la práctica, hacen como si los contratos ya estuvieran aprobados (por decreto), sostuvo la presidenta de la comisión, Silvia Lemos (UCR–Mendoza).

Las distribuidoras Cuyana y Centro son controladas por Ecogas, cuyos accionistas mayoritarios son ENI, de Italia y EON US, de los Estados Unidos. En conjunto, operan en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja y tienen más de un millón de usuarios. Según los acta acuerdo, las empresas están facultadas a aplicar un aumento de entre 10% y 30% a los clientes residenciales de mayor consumo, operativo desde fines de febrero. Los consumidores denuncian subas que llegan a superar el 100%.

En todos los casos, se trata de aumentos transitorios otorgados a cuenta de la renegociación integral, que, según el convenio transitorio, debe darse en los próximos cinco años. El Congreso debe expedirse sobre ambos contratos antes del 20 de julio. Caso contrario, serán convalidados por sanción ficta.

A su vez, se espera que lleguen al cuerpo legislativo los contratos firmados con Metrogas y Gasnor. La controlante de Metrogas, GASA, se encuentra en convocatoria de acreedores.

La comisión bicameral de Seguimiento de Contratos podría ponerse en acción el 30 de junio, dos días después de las elecciones. En las últimas renegociaciones transitorias, la oposición emitió votos en disidencia remarcando irregularidades vinculadas al incumplimento de inversiones e impago de multas. Pero el oficialismo logró que el Congreso aprobara tácitamente los contratos.

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