Cristina y Cobos también se pelean por las aguas del Atuel

Por Ezequiel Lorusso / Federico Tofelli.

Cristina Fernández y Julio Cobos mantienen una fuerte disputa en el último episodio de la guerra por el río Atuel que hace más de 50 años libran Mendoza y La Pampa. En 2008, la Presidenta firmó un convenio con los gobiernos de ambas provincias para la construcción de las obras hidráulicas que, según la promesa oficial, devolverían el agua a los pueblos pampeanos. El acuerdo recibió la rápida ratificación de la Legislatura pampeana, pero no de la mendocina. Desde el Gobierno nacional acusan al vice de pedir a sus aliados que lo bloqueen. Estos dicen que el acuerdo viola un fallo de la Corte Suprema.

Entre Cristina y Cobos hay un desierto. La metáfora pinta a la perfección el vínculo político entre la Presidenta y el vice, pero es a su vez el enunciado literal que intitula el último capítulo de un pleito histórico entre La Pampa y Mendoza por un curso de agua vital para dos provincias de tierras secas. Desde hace 50 años ambas se disputan el río Atuel, aprovechado por Mendoza como recurso clave para sus pujantes centros productivos, coronados por los polos vitivinícolas internacionales. La Pampa, por el contrario, es la contracara. El represamiento de las aguas río arriba secó el cause hacia el sur y convirtió al noroeste de la provincia en una planicie marchita y desolada.

El 7 de agosto de 2008 el Gobierno nacional de Cristina Kirchner firmó un convenio con los gobernadores justicialistas Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Mario Jorge (La Pampa) para la concreción de obras hidráulicas por 600 millones de pesos tendientes a mejorar el aprovechamiento y reestablecer la llegada de un mínimo de agua a tierras pampeanas en pos de devolverles vida productiva a los pueblos de la zona. El acuerdo debía ser normado por los parlamentos provinciales y mientras que para la Legislatura de La Pampa fue un veloz trámite, aún se espera la aprobación de los legisladores mendocinos que posiblemente nunca llegue. El choque interprovincial es otra de las tantas diferencias que alejan a la jefa de Estado de su vice y principal opositor, Julio César Cleto Cobos.

"Tenemos constancia de que durante la campaña electoral en las ciudades de San Rafael y General Alvear el vicepresidente arengó remarcando que el convenio firmado por la Presidenta no era conveniente para el pueblo de Mendoza. Este tema es una razón de Estado y las mezquindades políticas circunstanciales del vicepresidente tienen que quedar de lado", dijo a PERFIL el titular de la Subsecretaría de Provincias del Ministerio del Interior, José Luis Barbier. El funcionario, que hace el seguimiento del caso tras la firma del convenio, declaró en una de sus visitas a La Pampa que "Cobos es quien manda a los legisladores a impedir el desarrollo de esta obra".

El proyecto. Mendoza considera la utilización de los recursos como una cuestión de Estado. Los diferentes gobiernos, sin importar banderías políticas, coinciden en este terreno. Si bien la acción de Jaque al firmar el convenio fue positiva para las pretensiones pampeanas, hoy es la nada misma frente a la rigidez de los poderes mendocinos. Tras sortear una audiencia en la Legislatura, el expediente está siendo "minuciosamente" estudiado por el Departamento General de Irrigación (DGI), el ente autárquico que interviene en todas las políticas sobre el uso del agua en Mendoza. El trámite promete ser largo y todo parece indicar que el convenio, tal como está, será rechazado en las Cámaras.

Las obras estipuladas consisten en la impermeabilización de los canales del río Atuel con el objetivo de generar excedentes que se repartirían entre las provincias. Las aguas llegarían a La Pampa mediante la construcción de un canal de 125 kilómetros entre las ciudades de Carmenza y La Puntilla para irrigar unas 6 mil hectáreas.

Los caprichos del destino hicieron que precisamente sea el inciso K del convenio el que prendiera la mecha de la principal polémica. El punto establece que Mendoza debe garantizar una "correntía de agua" (de 5 metros cúbicos por segundo) hacia La Pampa a partir del mismo día de la firma del convenio; algo que desde el 7 de agosto de 2008 nunca ocurrió.

Los legisladores mendocinos que se oponen firmemente –la mayoría alineados a Julio Cobos– se aferran a un fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió en 1987 y repiten hasta el cansancio que el convenio no se ajusta al dictamen que en su momento dio el Alto Tribunal.

Una larga historia. Mendoza hace uso del Atuel para acequias y riego desde tiempos prehispánicos. Pero la balanza ambiental se desvirtuó y afectó a La Pampa recién en 1948, cuando el Estado federal financió a Mendoza –que siempre reivindicó el río como propio y exclusivo– la construcción del embalse El Nihuil. La obra, para racionalizar los usos y generar energía, terminó por extinguir la llegada del Atuel que al ingresar en La Pampa se divide en un delta.

En ese entonces, La Pampa era territorio nacional –se provincializó en 1952– y como única autoridad en la zona estaba un policía telegrafista que envió una carta al presidente Juan Domingo Perón para anunciar el desastre. La falta de agua empezaba a arruinar a los productores de los pueblos y el mensaje logró sensibilizar al mandatario que hacia 1949 dispuso a los mendocinos dos sueltas de agua anuales. Pero la medida impartida desde Buenos Aires nunca se cumplió.

A partir de 1973 y hasta fines de la década de los 90, el paso del agua a suelo pampeano fue intermitente. Sólo en épocas de excepcionales lluvias y nevadas, los mendocinos abrían la compuerta y dejaban correr las aguas excedentes, muchas veces provocando inundaciones sorpresivas al noroeste pampeano. O secos o inundados.

El conflicto llegó a la CSJN que dictaminó, en contra de la posición mendocina, que el río es interprovincial (perteneciente a las dos provincias), aunque dispuso que antes de compartir el agua, Mendoza debía garantizarse el riego de poco más de 70 mil hectáreas. Además, exhortó a las partes a que se pongan de acuerdo para un uso equitativo. El dictamen no terminó con el conflicto ni mucho menos, y ahora el reciente convenio abre una nueva etapa de pujas y desencuentros.

"Al momento de firmar este convenio en 2008, se lo empezó a incumplir porque el punto clave es que no se iba a interrumpir más el escurrimiento del río en el ingreso a la provincia de La Pampa. Hoy no se está cumpliendo con el mínimo fluvioecológico necesario para sostener el funcionamiento del ecosistema y de la cuenca", señaló Leandro Altolaguirre, titular de la asociación ambientalista Alihuen que junto a la histórica Funchad son las organizaciones que motorizan los reclamos y acciones judiciales por el oeste pampeano, donde se ubican las ciudades de Santa Isabel y Algarrobo del Aguila.

"En los humedales pampeanos de la cuenca del Atuel llegó a haber cerca de 700 mil ovejas –explica Altolaguirre–. En épocas de crecidas con el deshielo de primavera y verano, el humedal se inundaba y se formaba un gran espejo de agua generando en las zonas periféricas una producción de pasto que sostenía al ganado. En otoño e invierno cuando empezaba a reducirse, las praderas reservaban la humedad. Pero cuando se cortó el río, avanzó sobre esta gran pradera el monte y la salinización, y se perdió casi todo".

Pese a los visibles daños, la posición mendocina es no ceder ni un centímetro. "El acuerdo no tiene una vinculación jurídica con la sentencia del 1987 y en el punto K evidentemente se han aprovechado de la debilidad de nuestro gobernador. Con La Pampa no se soluciona nada que no esté resuelto ya que no hay agua para repartir, porque hoy se riegan 55 mil hectáreas y falta agua, ni siquiera llegamos a estos 75 mil que nos habilita el fallo", enfatizó el diputado provincial Jorge Serrano, vicepresidente de la bancada radical.

El jurista y miembro de la Academia de Ciencias de la provincia de Mendoza Aldo Guarino Arias también salió al cruce del punto K. El especialista en legislación del agua plantea que es "irracional" ya que "implicaría liberar en San Pedro del Atuel más de 10 metros cúbicos por segundo para que pueda llegar al menos uno a La Pampa", y argumenta además que esto causaría "un grave perjuicio a la comunidad de regantes del río" ya que deberá recorrer "un tramo de 110 kilómetros de cauce arenoso" y se perdería gran parte del recurso.

Desde el Ministerio del Interior, criticaron la inflexibilidad de Mendoza respecto a las políticas de agua y plantearon cuestionamientos a los métodos de riego en el sur de esa provincia: "Además de las obras que quiere hacer la Nación, los mendocinos deben racionalizar el uso del agua porque es un recurso no renovable. Si en el mundo ya existe el riego por goteo (ver recuadro), los agricultores podrían empezar a hacer inversiones para tener un sistema más apto en base a las nuevas circunstancias", esgrimió Barbier.

Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la solución es inmediata. "Acá hay que largar agua nada más, abrir las compuertas y que pase", insistió el jurista que patrocina legalmente a la multisectorial de entidades pampeanas. "No hace falta tanta parafernalia para llegar a una solución consensuada y razonada. Por qué no interviene la Secretaría de Medio Ambiente nacional si tiene competencia constitucional para hacerlo. La solución –detalló Gil Domínguez– es llegar hoy a un acuerdo donde el caudal fluvioecológico esté garantizado, después se puede discutir si se manda más o cómo se manda para planificar un proyecto productivo y comunitario acorde, pero por lo menos hoy, como mínimo, se necesita eso".

Alguien tiene que ceder. La construcción de otra obra hidroeléctrica estratégica para Mendoza aparece como una carta de negociación para las dos provincias y al mismo tiempo contribuye a paralizar un eventual avance. Se trata de la represa Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, el cauce más caudaloso y menos aprovechado de la provincia.

La idea es crear un nuevo oasis en la localidad de Malargüe y ampliar los existentes en General Alvear y San Rafael. Además, servirá como base para el trasbasamiento del río Grande que incrementará el caudal del Atuel. Estos trabajos dependen de la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

En Mendoza aseguran que con el incremento de agua en el Atuel podrán negociar el uso de los excedentes con su vecino del sur. Pero La Pampa prefiere el camino inverso y pretende que se libere el paso de agua a su territorio antes de autorizar esa obra como miembro del Coirco.

De hecho, en el convenio que la Presidenta, Jaque y Jorge firmaron en 2008 establece que Portezuelo del Viento: "Será factible siempre y cuando se ratifique el convenio de obras para el Atuel".

"El convenio mezcla las obras del Atuel con la obra Portezuelo del Viento, cuando en realidad (Néstor) Kirchner le prometió al ex gobernador Cobos la inversión para ese proyecto en su segundo año de mandato. No podemos aceptar que ahora se condicione, parece una especie de extorsión al mejor estilo K", enfatizó el diputado Serrano.

"El gobernador Jaque –explicó el legislador– nos planteó que con este convenio solucionamos los problemas con La Pampa y destrabamos la concreción de Portezuelo del Viento, pero nosotros no lo vemos así". La postura que Serrano plantea es la que reivindica la oposición mendocina: "Con la aprobación del Coirco vamos a aumentar en un 50% el caudal del Atuel y mejorar el regadío. El reparto del sobrante se acordará con La Pampa en base a los proyectos productivos de cada provincia".

Dos estrategias. El gobierno de La Pampa apuesta a la resolución del conflicto por la vía política mediante las vías de persuasión y presión a los mendocinos para que aprueben el convenio trabado en la Legislatura. No obstante, hay sectores compuestos por organizaciones sociales que en base a su experiencia histórica exigen ponerse más rudos. Piden que se le imponga un plazo perentorio a Mendoza para que apruebe el acuerdo y en caso negativo, denunciar el incumplimiento. Reclaman también que el Gobierno debería iniciar posteriormente una acción ante la CSJN "por la rebeldía de Mendoza a llegar a una solución e incumplir el fallo de 1987 que expresa que las dos provincias deben llegar a un acuerdo".

Ya en 2007, la multisectorial pampeana había puesto en marcha una acción judicial. "Se resolvió presentarse ante la Corte como terceros interesados en el expediente del 87, para plantear que con la reforma de 1994 y con la Ley General de Ambiente ha cambiado el paradigma constitucional y legal", explicó el abogado Gil Domínguez. Como el pedido fue rechazado, señaló que sólo queda interponer "un amparo ambiental con competencia originaria"; una alternativa que aún se discute en el seno de la multisectorial porque significaría el distanciamiento definitivo –y hasta un enfrentamiento– con el gobierno provincial que busca la solución por la vía política exclusivamente

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