Cristina Fernández empezó a planificar con su círculo íntimo su vida fuera del poder. O a su vera. Esa planificación podrá diferir de acuerdo a lo que ocurra entre octubre y noviembre, cuando se definan las elecciones presidenciales. Una cosa será la coronación de la fórmula de Daniel Scioli con Carlos Zannini. La propia. Otra distinta la llegada de un mandatario de la oposición.

Cristina no tendrá a partir de diciembre ni residencia en la Casa Rosada ni en Olivos. Propiedades no le faltan en El Calafate, Santa Cruz, aunque su lugar en el mundo estaría demasiado distante del poder en caso que Scioli-Zannini triunfaran. Tampoco tendría problemas de vivienda en Capital. En su opulento patrimonio figuran dos enormes departamentos (400 y 200 metros cuadrados) y ocho cocheras en Puerto Madero. Aparte, la innumerable cantidad de oficinas que dispone su amigo, el empresario Cristóbal López. Una de ellas fue utilizada brevemente por Néstor Kirchner luego de cederle el mando a su esposa. Habrá que ver si la permanencia en aquel barrio ribereño le sienta bien. La Ciudad es territorio hostil para ella. Sobre todo, porque nunca votó bien –salvo 2011– y parece dominado por el PRO.

El lugar de su residencia, al fin, sería una anécdota. Pero podrían tener vínculo con los dos mayores interrogantes que dejaron el cierre de las listas y el diseño final del teatro electoral. El primero de ellos radica en su ausencia como candidata. El segundo es cómo podría posicionarse ante el gobierno que venga, de continuidad kirchnerista o de un giro hacia la oposición.

Siempre se especuló, con fundamentos, que a Cristina le podrían hacer falta fueros una vez que abandone el poder. Habría tres razones medulares. La muerte del fiscal Alberto Nisman y su denuncia por encubrimiento terrorista por el atentado en la AMIA y el pacto con Irán, que fue cerrada judicialmente de modo desprolijo. La causa Hotesur, empresa que maneja una cadena hotelera de la familia Kirchner, en la que el juez Claudio Bonadio investiga anomalías. Las sospechas por lavado de dinero, reflejadas en varias causas, que circundan al empresario K Lázaro Báez, socio y amigo histórico de los Kirchner.

Cristina con su determinación de no postularse para ningún cargo –ni siquiera el inexplicable Parlasur– pareció desairar aquellas conjeturas. ¿Seguridad de su inocencia? ¿O garantías de otro tenor? Sólo el tiempo podrá dar un veredicto creíble si alguna vez el poder político y la Justicia actúan con decencia. Contrasta mucho, en estas horas, lo que sucede aquí, donde los entuertos se esconden o enmascaran, con los sucesos en Brasil. Un gobierno, el de Dilma Rousseff, que reasumió en el verano y está ahora envuelto en el colosal escándalo de Petrobras. La Justicia allá actúa, investiga y mete presos no únicamente a políticos por el sistema millonario de coimas descubierto. Además, a portentosos empresarios.

Lo cierto es, a priori, que la Presidenta diseñó pensando en su salida un sólido sistema de resguardo político y judicial. La política tendría que ver con varias cosas. Por empezar, el empinamiento de Zannini. También, el armado de las listas lideradas o integradas en lugares importantes por miembros de La Cámpora. El kirchnerismo hacía ayer un cálculo como adelanto del futuro: si todos los aspirantes camporistas resultaran electos, la bancada que comanda Máximo Kirchner rondaría el 10% de la Cámara de Diputados. Serían entre 25 y 30 legisladores. A ellos habría que sumar aquellos que ya están del FPV y fueron incondicionales estos años a la demanda presidencial. Como comparación, la UCR posee 36 diputados y el PRO, 18.

Aquel muro político de protección tendría otros ladrillos de hechura compactada. En su edificación entraron casi todos aquellos que en diciembre podrían quedarse sin trabajo y a la intemperie. Imposible hacer un listado completo, aunque algunas menciones serían simbólicas: Sergio Urribarri (Entre Ríos), José Alperovich (Tucumán) y José Luis Gioja (San Juan) tuvieron lugar en listas de diputados provinciales o nacionales. Hasta Francisco Pérez, el díscolo mendocino, encontró refugio en el Parlasur. Cristina también se acordó de sus ministros (ver página 11). En especial, de aquellos que podrían desfilar por Tribunales. En primera línea Julio De Vido y su secretario de Obras Públicas, José López. Esa caja ha servido para infinidad de negociados y el financiamiento de la política K. Las denuncias, en ese sentido, inundan Comodoro Py. Hasta Oscar Parrilli, el espía recién recibido, tuvo premio. En esa recorrida, dos funcionarios con el horizonte neblinoso repican por su ausencia: Julio Alak, el ministro de Justicia, y Héctor Timerman, el canciller. Otro par no sorprende: Florencio Randazzo, ministro de Interior y Transporte, que desoyó la orden de la Presidenta para ser postulante en Buenos Aires; Amado Boudou, el vicepresidente, con su destino marcado.

En la última recta del camino Cristina demostró un gran pragmatismo, propio de las lecciones de peronismo que recibió de su marido en vida y que adoptó apenas en capítulos. Como señalaba ayer un veterano peronista en su jerga arrabalera: “La mina les pagó a todos”.

Aquel pragmatismo también la terminó conduciendo a Scioli. Era la única carta que la colocaba con chances en la pelea electoral y la recubría con el sistema pejotista. Con el poder, aún parcialmente delegado, le resultará mucho más sencillo defenderse. El kirchnerismo en su conjunto, mas dócil o más rabioso, reaccionó de idéntica forma. Se abrazó con fervor e impudicia al gobernador, al que hace un par de semanas acusaban de noventista, farandulero, y de su presunto romance con las corporaciones y los poderes económicos. Aquella conducta, cuestionable según el cristal bajo el cual se la mire, pareció la antítesis exacta de la que guió los pasos de la oposición. Allí nunca lograron soslayar diferencias, que ni siquiera parecieron de fondo. En especial, entre Mauricio Macri y Sergio Massa.

La inclinación de Cristina ante Scioli tuvo otro disparador, tal vez menos propalado. Cuando Randazzo ya se había plantado como rival interno, con el libreto de Zannini, el gobernador de Buenos Aires hizo una gestión clave a través de dos correos para que la Sala I de la Cámara Federal enterrara la denuncia de Nisman por encubrimiento terrorista. Un correo fue encarnado por un multifacético empresario; el otro por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. A quien en las últimas semanas se vio en las oficinas que el mandatario bonaerense posee en el Banco Provincia, en Plaza de Mayo. El juez fue premiado con el nombramiento de su hijo. Aguarda las elecciones de octubre para saber si podrá acceder al hipotético gabinete de Scioli. O escalar en la Justicia.

La fortaleza de Cristina terminó de diagramarse en el Poder Judicial. Con aquella reforma, bajo el rótulo de “democratización”, que fue parcial por el fallo adverso de la Corte Suprema. Pero que no alcanzó para cortar de cuajo sus efectos. Ya se habló mucho de la colonización K. Hay dos hechos de las últimas semanas que lo reflejan. La implementación del nuevo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público. En ese tablero sobresale el poder que tendrá la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y las facultades de un Fiscal Coordinador, designado por ella misma sin concurso, que podrá direccionar todas las causas por delitos, también las de corrupción. En los últimos días, el Consejo de la Magistratura removió mediante un acto administrativo a un juez subrogante de Bahía Blanca (Santiago Ulpiano Martínez) que, casualmente, llevaba una investigación ligada a Lázaro Báez y las sospechas sobre lavado de dinero.

Desde Puerto Madero, desde otro barrio o desde El Calafate, según sea el desenlace electoral, Cristina se sentiría en condiciones de seguir co-administrando el poder. Sobre todo, si Scioli resulta ganador. El kirchnerismo asegura que, de entrada, no le impondrían condiciones. Que gozaría de seis meses de libertad política para actuar. Aunque esos márgenes objetivos no parecerían generosos.

¿Qué sucedería después? Nadie se atreve a un pronóstico. No lo podría haber cuando la Argentina atisba, si se impone la continuidad K, la posibilidad de un poder bifronte.