Cristina: del blanqueo a la tablita

Por Claudio Lozano.

Tras la aprobación irregular que Diputados hizo del lavandinazo de capitales, el Gobierno, preocupado por no terminar el año con un bochorno, decidió enviar al Congreso un proyecto capaz de obtener mayor consenso.

Escudado en el argumento de responder a las demandas de los trabajadores, propuso la derogación de la tablita de Machinea. Si bien esta decisión recibió el respaldo de buena parte de la oposición, la evaluación de este tema constituye un buen punto para considerar las prioridades y los criterios con los que el Gobierno pretende afrontar la situación vigente. Para hacerlo, es conveniente ubicar en contexto la decisión adoptada y, luego, examinar el tratamiento específico que se le dio a la modificación del impuesto a las Ganancias en esta ocasión.

El contexto. Sería prudente comenzar recordando que, el pasado viernes 12 de diciembre, la Plaza de Mayo se colmó con cerca de 50 mil personas que, en el marco de la consigna “El hambre es un crimen”, reclamaban la creación de una asignación universal por hijo para todos los pibes de la Argentina. La realidad indica que luego de cinco años de crecimiento económico nuestro país tiene seis millones de chicos en situación de pobreza y 3,2 millones que padecen hambre. Sólo con el 32% de los recursos que se fugaron durante 2008 (u$s22 mil millones) hubiéramos eliminado el hambre. Frente a esta constatación, una reacción lógica hubiera sido discutir cuáles eran los mejores dispositivos para evitar la fuga de capitales y cuáles los instrumentos para asignar dichos recursos con eficacia en la lucha contra la indigencia. Sin embargo, el gobierno nacional decidió premiar tributariamente la fuga y, además, carece de una política pública que permita atender el hambre de nuestros pibes. Con la eliminación de la tablita de Machinea presentada como una respuesta a la demanda de los trabajadores, se pretende dar la imagen de una actitud distinta. Sin embargo, una mirada más profunda permite observar que las prioridades siguen en el mismo lugar. La decisión adoptada impacta favorablemente sobre aquellos trabajadores registrados que ganan por encima de los $7.000 mensuales. De acuerdo con la información disponible, los que ganan más de $4.000 representan sólo el 8,4% de los asalariados registrados. Pero los que están por encima de los $7.000 son apenas el 4% de los registrados y sólo el 2% del total de la fuerza laboral del país. En una Argentina con 13 millones de pobres y un ingreso promedio de los ocupados que no supera los $1.400, atender las distorsiones o problemas tributarios de quienes ganan más de $7.000 mientras el conjunto sigue tributando 21% de IVA resulta, por lo menos, una prioridad discutible. Máxime si se realiza en simultáneo con la decisión de pagarles $200 por una sola vez a los jubilados. Mientras para nuestros mayores (que en un 76% perciben la mínima de $690) ni siquiera hay un aumento, a los que ganan 10 veces más les reducimos la carga tributaria. Queda claro por lo expuesto que la derogación de la tablita de Machinea tiene poco que ver con las demandas de los trabajadores. En todo caso, es la demanda puntual de sectores absolutamente minoritarios. Los reclamos principales de los trabajadores pasan por prohibir despidos, garantizar una cobertura de ingreso básico para los hogares más postergados, así como por la recomposición de los haberes jubilatorios y de los salarios (cuestión que en ningún caso se resuelve otorgando una suma navideña por una sola vez). Reivindicaciones que sostenían los manifestantes en Plaza de Mayo. Sin embargo, el Gobierno parece otorgarle mayor entidad a la situación salarial de los gerentes antes que a la problemática real de los trabajadores. Si el efecto buscado es alentar el consumo para sostener la demanda, la opción oficial es, por lo menos, imperfecta. Ciertamente, al subir en la escala de los ingresos, el ahorro ocupa una parte creciente de éstos. Por ende, en tanto una opción para el ahorro son las divisas, se corre el riesgo de estimular incluso la fuga. Todo lo contrario de lo que ocurriría si se recompusieran los haberes y los salarios en su conjunto.

Los cambios en Ganancias. Si analizamos el modo específico en que se plantea modificar el impuesto a las Ganancias, resulta incomprensible, dado el marco vigente, que lo único que el Gobierno proponga sea derogar la tablita. Está claro que el costo de la decisión implica perder recursos públicos, tanto nacionales como provinciales, que resultan imprescindibles en un contexto crítico como el que se vive. Aproximadamente unos $1.500 millones que no se recuperarán por vía

del aumento del consumo en razón de la menor propensión a consumir de los ingresos más altos. En el marco de la crisis mundial, donde es imprescindible fortalecer y potenciar los recursos públicos para intervenir con políticas estatales que atiendan a la problemática social y productiva del país, ¿por qué el Gobierno no aprovecha la oportunidad de reformar Ganancias para, además de derogar la tablita, encarar la eliminación de las exenciones vigentes en el citado impuesto? Exenciones que aluden a la renta financiera (operaciones de compraventa de paquetes accionarios, títulos, letras, pagos de dividendos), beneficios asociados al juego, actividades extractivas que devengan renta, etc. Si las exenciones mencionadas fueran consideradas para el pago de Ganancias, podría evitarse el desfinanciamiento de las arcas nacionales y provinciales. Es más, si asimiláramos la alícuota que cobramos en Ganancias sobre los sectores de mayor capacidad contributiva a la vigente en Brasil o Chile, podría expandirse la recaudación en más de $7.500 millones. De este modo, no sólo no perderíamos recursos sino que transformaríamos a este impuesto en un tributo que nos permitiera captar ganancias extraordinarias, dotando de mayor equidad a la intervención del Estado y favoreciendo el financiamiento de las políticas públicas.

Adónde van los paquetes. La conclusión obvia de lo hasta aquí expuesto es que, para el gobierno nacional, la prioridad es recomponer los beneficios empresariales y alentar el consumo de los sectores medios-altos y de altos ingresos. Luego, el dinamismo de la actividad y el empleo “derramarán” sobre el resto de la sociedad. En esa concepción se inscribe la decisión de derogar la tablita, así como la renuncia a mejorar la equidad tributaria y la negativa a fortalecer los ingresos de los sectores más postergados. Esquema de consumo que se asocia con una pauta productiva que reconoce como actividades principales a las de carácter extractivo, a algunas commodities, al sector automotor y al de electrodomésticos. Sin duda alguna, el anuncio del Plan Petróleo Plus, el veto a la Ley de Glaciares a favor del lobby de la gran minería, el jubileo fiscal y el blanqueo, los $13.800 millones de crédito dirigido y más barato fondeados en los recursos de la ANSES, así como el canje de heladeras, se inscriben en esta lógica. El Gobierno pretende reeditar la recuperación

económica 2002-2007. Busca inyectar confianza vía impunidad fiscal, subsidios y crédito barato, con el objeto de reiniciar lo que el oficialismo entiende como el círculo virtuoso que definiría al funcionamiento de la Argentina hasta la actualidad. La intervención gubernamental se sostiene sobre la base de un diagnóstico equivocado que dice que la Argentina venía muy bien y, de repente, apareció la crisis mundial. Esta concepción ignora algunas cosas. a) Las condiciones que hicieron posible el despegue a tasas significativas de la economía argentina desde mediados del 2002 hoy ya no existen. b) Los límites comenzaron a exhibirse con claridad a partir de 2007 y el fenómeno inflacionario fue el emergente obvio de dicha situación. c) Las enseñanzas que surgen de la experiencia económica reciente son muy claras. Por un lado, si bien la economía creció, e incluso lo hizo a tasas significativas e irrepetibles a futuro, la matriz de desigualdad que la caracteriza y el perfil productivo en que se asienta hace que aún tengamos hoy 13 millones de pobres de los que casi la mitad son chicos menores de 18 años. Por otro, es evidente que la friolera de subsidios que se canalizaron hacia el capital más concentrado no ha producido los efectos buscados en materia de inversión. La Argentina mantiene una situación de desinversión y dilapidación de sus recursos naturales que le plantea serias restricciones para su desarrollo futuro. Es por esto que las medidas propuestas transitan desde la falta de significación económica (nadie seriamente puede esperar resultados significativos del blanqueo de capitales del exterior, tampoco de la moratoria y, menos aún, de la creación de empleo a partir de reducir contribuciones patronales al estilo noventista), a la simple aspiración de mantener la situación tal cual está.

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