Cristina, más atril y menos política.

Por: Gerardo Morales.

La recuperación de las atribuciones del Congreso Nacional, mediante la derogación de los superpoderes cedidos al Poder Ejecutivo, estuvo presente como una de las principales propuestas de las últimas elecciones. Para el Acuerdo Cívico y Social, fue la base sobre la cual se concibió una nutrida plataforma legislativa.

Los últimos años de la Argentina estuvieron marcados por un escenario de recuperación económica, al mismo tiempo que en la región y el mundo. No obstante, se dio paralelamente un crecimiento en la pobreza e indigencia producto de una deficiente política de reparto de la riqueza y de subsidios direccionados a los sectores medios y altos de la población, y a los amigos del poder. Incluso, lo que más ha marcado un retroceso de la calidad democrática y, en consecuencia, ha puesto en riesgo el sistema de división de poderes y el ejercicio de las libertades ha sido la forma de gobierno. El kirchnerismo forjó una concentración de poder como no se había visto en años, sostenida en leyes y acciones que quedarán como marca de la década.

La ley de superpoderes, las reiteradas leyes de emergencia económica y una depravada forma de interpretación de los decretos de necesidad y urgencia, entre otras normas, han consolidado una forma autoritaria de gobernar. Se le impidió al Congreso funcionar como el Poder colectivo del Estado con representación de todos los pensamientos y aspiraciones de la sociedad para resolver a través del Presupuesto Nacional la decisión de qué recaudar y cómo gastar, es decir, cómo repartir el dinero público.

La decisión central en una sociedad democrática se ha concentrado en el criterio de un desmedido poder unipersonal.

La misma estructura jurídica es la que profundizó el deterioro del justo reparto federal de la riqueza y degradó cabalmente la ya vejada distribución de recursos entre Nación y provincias iniciada durante la década de los 90.

Tarifas, subsidios y retenciones. ¿Cuánto le cuesta al Estado dejar de cobrar las retenciones? La pregunta actúa como una amenaza en boca de la presidenta de la Nación o de cualquier oficialista en el Congreso. Sin embargo, la misma tiene una respuesta muy simple: racionalizar, transparentar y ajustar el sistema de subsidios a la energía y al transporte.

Del total de 28 mil millones de pesos, el 80 por ciento de los subsidios se lo llevan sólo dos rubros. La crisis energética, por un lado, y el gremio de los camioneros y las empresas de transporte de pasajeros, por el otro.

Los cuatro mil millones setecientos mil pesos recaudados por retenciones a los granos en 2008 equivalen al 16 por ciento del gasto total en subsidios –sí, apenas el 16 por ciento– efectuado por la generosa política de ayuda a los porteños y marginación a las poblaciones del interior del país.

Los subsidios al transporte sumaron doce mil quinientos millones de pesos, concentrados en el Gran Buenos Aires, discriminando a las provincias. Alguna vez el Gobierno debiera explicar por qué un colectivo que circula por la Ciudad de Buenos Aires recibe 16.000 pesos mensuales, mientras uno que lo hace en San Salvador de Jujuy apenas 3.500. ¿No son los pasajeros jujeños merecedores de un aporte igual a los de cualquier ciudadano argentino por el solo hecho de vivir lejos de la Casa Rosada?

O también vendría bien, alguna vez, poder conocer en qué y cuánto gasta el gremio de camioneros las frondosa cifra que consigue año a año.

Los subsidios a la energía, por su parte, que se llevaron casi diez mil millones de pesos. Claramente han sido la base de las tarifas congeladas por años que beneficiaron más a los más pudientes que a los que menos tienen.

Sin lugar a dudas, el efecto del no aumento del gas o la luz de los últimos años a las casas de familia, les dio la posibilidad de equiparse con mejor tecnología a quienes tienen capacidad de compra de equipos de aire acondicionado, calefacción de última generación con ahorro de energía o climatizadores de agua. En cambio, los sectores más pobres no sólo no cuentan con esta capacidad, sino que siguen peleando por garrafas sociales a precios adecuados o tarifa social para electricidad o agua. Y, asimismo, esperan las obras de extensión de redes reiteradamente prometidas.

El Gobierno intentó, apenas conoció la derrota electoral, aplicar un irrazonable engendro de cargo tarifario, incluso inconstitucional. El incremento mezclaba componentes –consumo, PUREE y cargo específico para importar gas de Bolivia– conformando un cóctel explosivo que afectaba directamente a la clase media y baja.

Con la sola justificación de hacer caja, el kirchnerismo había encontrado la forma de aplicar injusta e inequitativamente, y sin antecedentes, un cargo que no era un impuesto porque no había nacido en la Cámara baja, pero tampoco un aumento de tarifa, porque no había tenido consideración en audiencias públicas con la participación de los usuarios, como indica la Constitución Nacional. Encima se gravaba con IVA. Un perverso artilugio que, si pasaba, era el peor antecedente para futuras decisiones sobre tributos.

Se dio marcha atrás. La presión de la gente y el trabajo de la oposición le dieron la oportunidad a la Presidenta de poner los pies sobre la tierra. Ahora, es urgente establecer una política energética que dé seguridad jurídica a los actores del mercado de la energía; de confiabilidad y conocimiento a los usuarios sobre las tarifas, y cumpla con los marcos regulatorios y las leyes vigentes. Urge, además, un esquema de tarifa social para jubilados, pensionados, empleados de bajos sueldos y desocupados. La segmentación de las retenciones a la soja y paralelamente la eliminación de retenciones al trigo y maíz, lejos de representar un problema para el Palacio de Hacienda, dará un verdadero impulso al campo, uno de los sectores más competitivo y dinámico de la economía, para recuperar capacidad de empleo.

El diálogo. A un mes de la convocatoria, Cristina Fernández de Kirchner perdió la oportunidad de ponerle fin al encierro, la soberbia y la negación.

El país esperaba que el Gobierno sea responsable y que el diálogo sea honesto y franco. Sin embargo, fueron nulos los resultados de una estrategia que fue recibida como saludable, más aun después de las últimas elecciones y a seis meses del recambio de las cámaras legislativas. Lamentablemente, redobla la apuesta y si primero vacila y hace la convocatoria al diálogo, después se abroquela y dice "vamos por más".

Repartir mejor la recaudación del Impuesto al Cheque o los adelantos del Tesoro Nacional para evitar complicaciones fiscales a las provincias; modificar la Ley de Financiamiento Educativo, para asimilar en partes iguales los aportes provinciales de los nacionales, entre otros temas, son prioritarios a la hora de terminar con la discriminación de gobernadores o intendentes por cercanía política o amistad con el poder y hacer así más iguales a los ciudadanos en cada rincón del país. Tampoco puede ni debe soslayarse el sinceramiento de los datos del INDEC (aislando al organismo de la política), una reforma al Consejo de la Magistratura que devuelva independencia a los jueces, o recuperar el sistema de partidos. Y, fundamentalmente, terminar con cualquier mecanismo de concentración del poder en la Presidencia. No se trata de pasar facturas o repartir el peso entre mochilas ahora que la crisis aprieta, sino que se pretende una mirada integral a la situación del país. Está claro que el Gobierno perdió su último crédito. El mensaje de la gente fue contundente. Devolver las facultades al Congreso; reducir y segmentar retenciones; apoyar a las pequeñas y medianas empresas; establecer políticas sociales universales para atender y frenar la pobreza, entre otros temas, fueron votados en las plataformas que consiguieron más votos que el oficialismo.

Del mismo modo, en la oposición debemos actuar con racionalidad, seriedad y creatividad en los aportes. Desde poner freno al abuso de poder hasta controlar las acciones y gastos del Gobierno, sin cogobernar, porque esa responsabilidad recae hasta el 10 de diciembre de 2011 en Cristina Fernández de Kirchner y su gabinete, todos los sectores sociales debemos contribuir. Lejos de comprender la necesidad de políticas activas que recuperen la producción y el consumo, el atril y los flashes siguen siendo prioritarios en esta etapa del gobierno de Cristina.

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