Cristina anunció la asignación por hijo y se desató la polémica

Son 180 pesos por hijo para los desocupados y trabajadores en negro que cobran menos del mínimo. Fue por decreto y se financiará con fondos de la ANSeS. La Iglesia y la oposición celebraron la iniciativa, pero reclamaron más consenso.
Un alto funcionario del Gobierno sonreía ante Clarín poco después del anuncio. "¿Ja, y ahora? ¿Qué le quedó a la oposición en su agenda?", soltó con una sonrisa socarrona.

Palabras más o menos, la idea se repetía en otros de los que colmaron ayer por la mañana el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada. Andan con el pecho inflado los kirchneristas por la vitalidad política que demuestran tras la derrota electoral de junio. Y más cuando, en temas como el de ayer, le arrebatan una bandera a la oposición, que venía reclamando políticas para atender la pobreza: en concreto, un "plan universal" para los niños.

Después de hacer oídos sordos durante mucho tiempo, la Presidenta anunció ayer que, por la vía de un decreto de necesidad y urgencia, establece una "asignación universal por hijo para protección social". Aunque lo de "universal" es una licencia que se tomó la Presidenta. Se trata de $ 180 pesos por hijo menor de 18 años (hasta cinco) para todos los desocupados y trabajadores en "negro" que perciban menos del salario mínimo vital y móvil (hoy $ 1.440; 1.500 a partir de enero). Según estimaciones, 5.400.000 personas en total.

La Presidenta pareció querer anticiparse a los cuestionamientos cuando argumentó que la "universalidad" del plan estaría en que lleva la asignación por hijo a quienes ya no la perciben de otra forma, bien por ser trabajadores en blanco que ganan hasta $ 4.800 pesos, bien por una deducción del impuesto a las ganancias, para los asalariados de sueldos más altos.

"Los que tenemos dinero no necesitamos asignaciones familiares, esto está muy claro", advirtió Cristina Kirchner, como respondiendo a quienes reclamaban un plan realmente universal que les corresponda a todos los niños sin excepción, como una forma de acabar con la discrecionalidad que suele desembocar en el clientelismo.

Otro punto en el que hizo hincapié la Presidenta es en la vía de financiación. "Había muchísimos proyectos en el Parlamento, pero realmente no encontrábamos en ninguno la fuente de financiamiento", reconoció, al revelar que había estudiado el tema con el ministro de Economía, Amado Boudou, en los últimos días.

Cristina dijo que la idea de poner un impuesto a las transacciones financieras resultaba en un monto exiguo y además era "absolutamente desaconsejado" en un momento de "contracción económica".

Y entonces, anunció que los 9.965 millones de pesos que costará el nuevo plan saldrán de los fondos jubilatorios que administra la ANSeS.

"Si hubiéramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, seguramente esos millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más", reivindicó Cristina y aprovechó para punzar a la oposición: "A los que no nos acompañaron en el Congreso cuando decidimos que los recursos de los trabajadores volvieran a la administración pública, fíjense cómo podrían haber ayudado para que esto se pueda llevar adelante".

La aplaudió un elenco de gobernadores, ministros y legisladores muy similar al que la noche anterior la había acompañado en el lanzamiento de la reforma política. Había también un par de representantes de Cáritas y de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia. Y los líderes de los movimientos sociales K Luis D'Elía, Emilio Pérsico y Milagro Sala. Los gritos más eufóricos los pusieron desde afuera del salón los jóvenes de la JP y La Cámpora.

Al rato nomás, la oposición y la Iglesia aplaudían el anuncio, aunque criticaban tres aspectos: la vía del decreto, la financiación con el dinero de los jubilados y la discutible "universalidad" del plan.

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