Cristina advirtió que controlará el gasto y la inversión de 40 grandes empresas

La Presidenta defendió la mayor injerencia del Estado en la economía. Designarán delegados oficiales y controlarán a las compañías. Están en juego activos por $ 94.000 millones
La administración de Cristina Fernández de Kirchner mantendrá su decisión de designar directores en todas las empresas que corresponda, en función del porcentaje de acciones ahora en manos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y que previamente estaban en poder de las Administradoras de Fondos de Pensión y Jubilación (AFJP).

"El Estado tiene la obligación de designar a los directores y de controlar a las empresas. Por ejemplo, en qué gastan y cuáles son sus proyectos de inversión", explicó la Cristina Fernández, presente en esta capital, para participar de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20), que hoy culmina con una reunión de Presidentes y jefes de Estado y la difusión de los comunicados con los acuerdos alcanzados.

Según ese razonamiento, la pregunta que debería plantear la sociedad, y especialmente los políticos que se oponen, es por qué se compraron acciones de algunas empresas y otras no. "Hubo una gran discrecionalidad en la elección de las acciones que compraban las AFJP", sugirió la jefa de Estado.

La participación que las extintas AFJPs tenían en las empresas que cotizan en bolsa pasaron a manos de la ANSeS con la estatización del sistema previsional. Y aunque ninguna Administradora tenía una posición dominante en las empresas, al consolidarse todas las participaciones, el Estado pasó a detentar una porción significativa de acciones en algunas empresas, que llegan a superar el 25%.

Aprovechando este control, en las últimas semanas la ANSeS comunicó a las empresas que iba a hacer uso del derecho de designar a los directores.

La Presidenta comparó estas designaciones con la mayor injerencia de los Estados en las economías a partir de la crisis financiera que sacude al mundo y señaló que "se cayó el modelo que muchos defendían" de libertad de mercado, con un Estado menos presente.

Sobre las críticas que se formulan en la Argentina a esa mayor injerencia, dijo que le generan "dos dudas: o se equivocaron e insisten en la equivocación o quieren ocultar sus equivocaciones".

Son más de 35, casi 40, las grandes empresas que operan en el ámbito local y que a partir de fines del año pasado el Estado tiene una participación accionaria tras la modificación del régimen previsional y la eliminación del sistema de capitalización. Entre estas compañías se encuentran Edenor, Consultatio, Gas Natural Ban, Banco Macro, Siderar, Telecom, Transportadora Gas del Sur, Banco Patagonia, Molinos, Pampa Holding, Transener, Grupo Financiero Galicia y Solvay Indupa.

También tiene ahora el Gobierno peso en las decisiones de otras firmas como Petrobrás, Central Costanera, Camuzzi Gas Pampeana, Aluar, Juan Minetti, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Banco Francés, Banco Hipotecario, IRSA, Central Puerto, Cresud, y Quickfood.

Tras la estatización de las AFJP el Gobierno se hizo de dos fuentes de financiamiento adicionales. Por un lado, un flujo de fondos mensual de alrededor de $ 1.000 millones. Casi $ 13.000 millones. Son fondos frescos provenientes de los aportes de los ex afiliados a las Administradores que ahora van a la ANSeS.

Pero también adquirió participaciones accionarias y otro tipo de inversiones (bonos, fondos comunes de inversión, plazos fijos, etc) por un valor aproximado de $ 94.000 millones. Claro que se trata de activos mucho menos líquidos. Y sobre todo en estos tiempos, dado que vender las posiciones en estas inversiones hoy no sería la mejor estrategia dado el bajo precio al que cotizan en la mayoría de los casos.

Comentá la nota