Cristina acepta pasar por el Congreso con receta radical

Cristina acepta pasar por el Congreso con receta radical
La UCR promovió la integración de la bicameral pese a que sólo están nombrados tres de sus cinco miembros. El dictamen no es vinculante, pero le permitiría a la Casa Rosada salir del terreno judicial donde sus chances son acotadas.
Después de dos semanas de profunda crisis política desatada por el intento del Poder Ejecutivo de expulsar por decreto a Martín Redrado del Banco Central, Cristina Fernández debió aceptar que el camino para resolver el conflicto es el Congreso de la Nación.

La Presidenta instruyó al jefe de Gabinete para que tramite ante el Parlamento la conformación de la comisión bicameral especial que debe evaluar la conducta del responsable de la autoridad monetaria. Pero el pasaje legislativo que propuso la Casa Rosada es angosto: el matrimonio Kirchner sólo está dispuesto a dar intervención a diputados y senadores para destrabar la destitución de Redrado y no para discutir el Fondo del Bicentenario de la polémica.

La jefa de Estado procuró disimular su concesión a la oposición con un ataque frontal y desairado al vicepresidente Julio Cobos. Según expresó, suspendió el viaje oficial a China que tenía en su agenda desde hace más de seis meses, para evitar que el mendocino quede a cargo del Poder Ejecutivo.

"Estar más de 10 días fuera del país es un lapso demasiado grande, más cuando quien ejerce la vicepresidencia no cumple el rol que le ha asignado la ciudadanía", argumentó. Cobos reaccionó con dureza: le pidió a Fernández que "por el bien del país" reconsidere la decisión de suspender el "importante viaje largamente planificado" y le advirtió que pese a las "reiteradas acusaciones agraviantes" no realizará "ninguna acción fuera del rol" que le asigna la Constitución.

Más allá del cruce y de las razones que expuso en público, lo cierto es que si Fernández de Kirchner se ausenta del país, sería imposible que se integre la comisión evaluadora ya que Cobos forma parte de ese cuerpo y, sin él, en las circunstancias actuales, no puede sesionar.

En una conferencia de prensa –en la que en forma excepcional respondió a nueve preguntas–, la Presidenta admitió que la convocatoria a la comisión bicameral que prevé el artículo 9 de la Carta Orgánica del BCRA para remover a los integrantes de su directorio era un requisito que había exigido la oposición.

De hecho, durante la tarde, la Coalición Cívica, el PJ disidente y el PRO habían reiterado su pedido para que el asunto llegara al Congreso. "Estaríamos dando una solución dentro de lo que marca y quiere la oposición y no lo pudimos hacer porque las comisiones no estaban constituidas", dijo Fernández de Kirchner.

El camino que propuso la Casa Rosada no surgió de Olivos, como la mayoría de las estrategias que lanza el kirchnerismo para recuperar la iniciativa política. La idea de convocar a la comisión especial –que no podrá constituirse con todos sus miembros–, surgió de sus adversarios radicales. De los cinco integrantes que debe tener, según dicta la Carta Orgánica del BCRA, sólo tres están nombrados o con chances de serlo. Pero para la UCR, la comisión podría sesionar porque puede formar quórum con la mitad más uno de sus integrantes.

Como el Senado aún no realizó la sesión preparatoria donde se reparten los cargos y se determina la integración de todas las comisiones permanentes, no están definidos los presidentes de Presupuesto y Hacienda, y de Economía. Esos dos senadores, junto al vicepresidente de la Nación y a los jefes de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de Diputados, integran el club de los cinco legisladores que deben juzgar a Redrado.

"La oposición le torció el brazo a la Presidencia", festejaron la Coalición Cívica y el Peronismo Federal en un comunicado conjunto. "Celebramos que, tal como pidió la oposición, la Presidenta haya rectificado el procedimiento de remoción de Redrado y haya aceptado cumplir con la ley convocando a la comisión del Congreso", consideró el jefe del interbloque PRO, Federico Pinedo.

Sin embargo la decisión presidencial no contentó a la oposición. Esas tres fuerzas políticas y el radicalismo se quejaron de que la jefa de Estado sólo haya recurrido al Congreso para que la bicameral especial se ocupe de Redrado y no para discutir el Decreto de Necesidad y Urgencia que dio origen a la crisis política y que creó el Fondo del Bicentenario que prevé el pago de deuda externa con reservas.

La Casa Rosada procuró evitar un fracaso: para debatir el fondo del asunto, debe llegar al recinto de ambas cámaras, donde no tiene garantizada la victoria. "No habrá sesiones extraordinarias", confirmó ayer Cristina. Esa discusión se dará recién a partir de marzo.

En Olivos saben que el dictamen que emita la comisión especial que encabezará Cobos no es vinculante. Sea cual fuere su opinión, la jefa de Estado quedará habilitada para expulsar al funcionario y de esa manera salir del escenario de derrota judicial que no deja de complicar desde hace semanas a los planes del matrimonio presidencial.

Dos opositores para defenderlo

La Carta Orgánica del Banco Central establece el mecanismo de remoción de su directorio: "Será decretada por el Poder Ejecutivo cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso". Ese grupo de cinco miembros es presidido por el vicepresidente, Julio Cobos, e integrado por los presidentes de Presupuesto y Hacienda, y de Economía, del Senado, y de Presupuesto y Hacienda, y de Finanzas de Diputados.

Los representantes del Senado aún no están designados, ya que esa Cámara aún no realizó la sesión preparatoria donde se reparten los cargos y se eligen las autoridades.

En Diputados, en cambio, ya están elegidos los miembros de las comisiones aunque aún no fueron elegidos sus presidentes: eso se realiza en la primera reunión que, habitualmente, ocurre luego del inicio del período ordinario.

Ayer la Presidenta instruyó al jefe del cuerpo, Eduardo Fellner, que convoque a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía para que elijan a sus autoridades. Ya hay consenso entre el oficialismo y la oposición para que Gustavo Marconato, del Frente para la Victoria, y Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica, ocupen esos lugares. Junto a Cobos, deberán juzgar a Martín Redrado.

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