De la crispación K al Estado policial

Por: Fernando Laborda.

La inaudita presión a que funcionarios del gobierno kirchnerista sometieron en las últimas horas a la jueza María José Sarmiento deja la sensación de un poder cuya crispación está dando lugar a un Estado policíaco.

La presencia de un móvil policial en la puerta de la casa de la magistrada sin que ésta hubiera solicitado custodia alguna; las desesperadas llamadas telefónicas de altos funcionarios a la jueza en horas de la madrugada, como si su juzgado no estuviera de feria y como si no pudieran esperar al lunes a la mañana para presentar una apelación en el tribunal; la insólita actitud de la presidenta de la Nación para intentar controlar no sólo con quiénes hablan y se reúnen sus ministros, sino incluso quiénes visitan al titular de un ente autónomo del Poder Ejecutivo, como el Banco Central, y sus insólitos reproches a Martín Redrado por haber cometido el pecado de recibir a periodistas, dejan al desnudo la brutalidad del estilo de un gobierno que ahora también muestra ciertos rasgos paranoicos y denuncia una conspiración que reúne a Julio Cobos, a Redrado y al Grupo Clarín.

Las imágenes de la jefa del Estado espiando la agenda del presidente del Banco Central o la del jefe de Gabinete utilizando a las fuerzas policiales -como si éstas no tuvieran tareas más importantes- para ubicar a una jueza, cuyo lugar de trabajo es público y notorio, no hacen más que devaluar la investidura de los más altos funcionarios del Ejecutivo. Sólo hubiera faltado que mandaran al domicilio de la jueza a los piqueteros de Luis D´Elía y a los camiones de Hugo Moyano.

El Poder Ejecutivo ha cometido un doble avasallamiento institucional con final abierto.

El decreto de necesidad y urgencia para crear el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, emitido cuatro días después de finalizado el período ordinario de sesiones del Congreso, trae a la memoria las alternativas que deparó la recordada resolución 125 contra el campo, que concluyó muy mal para el Gobierno.

La norma similar que dispuso el despido de Redrado del Banco Central, eludiendo la consulta con el Poder Legislativo que exige la carta orgánica de la entidad monetaria, recuerda, por su parte, la inconstitucional remoción de Eduardo Emilio Sosa, procurador general del Superior Tribunal de Santa Cruz, en 1995, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia. Sosa rechazó ofertas de indemnizaciones millonarias desde el poder político y apeló a la Justicia. Finalmente, logró varios fallos favorables de la Corte Suprema de la Nación para ser restituido en aquel cargo. Hasta hoy, 14 años después de su destitución, las autoridades santacruceñas no han acatado tales sentencias.

Los actos y las propias declaraciones de representantes del gobierno kirchnerista confirman la hipótesis de que la vetocracia y la decretomanía serán las dos principales armas de las cuales se valdrá Cristina Kirchner para gobernar sin mayoría parlamentaria. El diálogo con la oposición no figura en su agenda.

El Gobierno apuesta ahora a que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo rechazará en breve las dos medidas de la jueza Sarmiento que suspendían los decretos del Poder Ejecutivo. Y si éstos son tratados por el Congreso, funcionarios kirchneristas confían en que al menos no serán rechazados por el Senado.

La norma legal que, por iniciativa del kirchnerismo, reglamentó en 2006 la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia establece que un decreto seguirá vigente mientras no sea rechazado por las dos cámaras parlamentarias. El controvertido artículo 24 de esa ley reglamentaria expresa: "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trata implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2 del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia". El artículo 23 señala que "las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma" .

Es probable que la cuestión termine en la Corte Suprema de Justicia, pero para cuando el máximo tribunal se pronuncie no sería improbable que las reservas del Banco Central hayan pasado a formar parte del Fondo del Bicentenario y éstas hayan sido utilizadas para distintos gastos corrientes.

No obstante, representantes del radicalismo afirman que la cuestión de los decretos sobre las reservas y sobre la destitución de Redrado podría transformarse en la Corte en un leading case sobre la constitucionalidad de la ley que reglamentó los DNU.

El Gobierno pudo estar ayer frente a una salida menos conflictiva a la crisis institucional presentada.

Tanto el vicepresidente Julio Cobos como el titular del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, tendieron sutiles puentes para una solución. El primero dijo a LA NACION que si el oficialismo da las explicaciones del caso y las cuentas no cierran, va a encontrar la ayuda necesaria para honrar nuestros compromisos. Sanz sostuvo que se requiere una solución política al entuerto y que se podrían haber buscado otras alternativas para brindar garantías sobre el pago de la deuda.

Había una lucecita que titilaba en el final del túnel, para parafrasear al cardenal Antonio Samoré. Pero nadie en el kirchnerismo pareció advertirla o quiso verla.

La respuesta del Gobierno no varió. Cobos volvió a ser denostado por el ex presidente Néstor Kirchner y acusado de tramar un complot, y con Sanz no se comunicó nadie del oficialismo.

Desde que el resultado electoral del 28 de junio cambió la relación de fuerzas en el Congreso, los dirigentes opositores tratan de dirimir cuáles deben ser los límites para su acción crítica hacia el Gobierno. Mayoritariamente, se han inclinado hasta ahora por desechar la condena furibunda por temor a empujar a los Kirchner cerca de un precipicio que los lleve a infligirles más daños a las instituciones y a la situación económica o a una chavización de la Argentina. Pensamos que si los arrinconamos, todo podría ser aún peor , expresó un representante de la oposición, justificando el criterio más bien contemporizador que adoptaron los diputados antikirchneristas en la sesión preparatoria del 3 de diciembre pasado, en la cual, pudiendo quedarse con todo, le arrojaron al oficialismo un salvavidas y le permitieron mantener la presidencia de comisiones clave.

Ese criterio, que a juicio de los halcones de la oposición es visto por el kirchnerismo como un síntoma de debilidad, puede comenzar a cambiar en las próximas semanas.

Entre tanto revuelo político y tanta judicialización de la política, la pregunta que deberá contestarse a partir de mañana es qué pasará con el proyectado canje de deuda.

No hay dudas de que el gobierno nacional tiene la voluntad política de llevarlo a efecto. Surge el peligro de que, como producto de la impensada crisis institucional desatada con el conflicto en el Banco Central, el precio de los bonos siga desplomándose como en los últimos días de la semana que pasó y que la consecuente suba del riesgo país haga que los holdouts e inversores les exijan a las autoridades argentinas mejores condiciones para acceder a la propuesta oficial de canje.

Los fantasmas del mercado financiero vuelven a sobrevolar, aunque en el Gobierno creen que el posible aval de la segunda instancia judicial a sus decretos los espantará, pese a que en 75 años los presidentes del Banco Central hayan durado un promedio de menos de un año y medio.

A pesar del nerviosismo y de los retos de la Presidenta a sus colaboradores, especialmente a Amado Boudou, por el frustrado operativo para instalar en el BCRA a Mario Blejer, los Kirchner disfrutan la coyuntura. Su gran preocupación pasa por no perder la iniciativa y por mostrarles a sus enemigos y a sus dubitativos seguidores que la derrota electoral y la dispersión del peronismo no los han dañado ni a ellos ni a su gobierno. Su objetivo no es otro que convencer a todos, especialmente a los empresarios, de que su capacidad de mando y de disciplinamiento está intacta, y de que no les temblará el pulso a la hora de firmar decretos y de echar a quien les ponga palos en la rueda. Esas son las necesidades y urgencias de quienes gobiernan. Esa es la concepción del poder de los Kirchner, para quienes hoy es mejor ser temidos que amados.

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