La crisis del último contrato con el kirchnerismo

El pavimento de San Vicente no es el único que se paró, pero es el que más duele. Las idas y vueltas de los fondos, y el pésimo mensaje para las otras empresas. El Municipio como garante, ahora elusivo, de los trabajos. Cuánto se debe y lo que el Gobierno local no quiere admitir. Otra vez, vecinos a punto de marchar. José, más adentro del cobismo.
¿Quién garantiza? ¿Cuánto se debe? ¿Cómo se llegó hasta esto? ¿Qué harán los vecinos? ¿Qué va a pasar con las obras? Apenas se levanta la vista del documento que el Gobierno municipal elaboró este viernes, un poco a las apuradas y con todos los hechos encima, resalta evidente que la cantidad de interrogantes que ahora rodean a la obra pública es largamente superior a las certezas.

¿Puede una columna esclarecer los puntos que no están del todo definidos? No del todo: la trama que hay detrás de las máquinas que se detuvieron, dieron marchas atrás y se fueron de todos los barrios donde se estaba pavimentando es, además de económica, política y si encima implica ánimos caldeados de centenares de vecinos, angustia de trabajadores cesanteados e incertidumbre por inversiones varias, el asunto es más que complejo.

Pero tratemos de analizar algunas de las variables centrales, punto por punto. Y dejemos para el resto de los actores el campo que le es ajeno al periodismo: las decisiones.

El problema del pavimento en todos los barrios era más o menos previsible, dado cómo venían las cosas. San Vicente es solamente uno de todos los que se estancaron por financiación incierta, pero el Municipio focaliza en ese sector porque allí tiene el principal problema político.

Algunas decisiones recientes, que sonaron bien hace poco pero que no funcionaron electoralmente como se esperaba, ahora crujen. Tal vez la que más le preocupe al Gobierno local, incluso, no esté en el pavimento: está en las cloacas de San Vicente y de Loma Negra, que siguen avanzando pero que como toda la obra pública de la Ciudad aterra a sus realizadores apenas aparecen en el horizonte crisis de dineros como la que quedó en evidencia el jueves.

Cerremos este primer concepto, que es clave. Todos los hormigonados de Olavarría están frenados porque prácticamente todos depende de la misma proveedora de la mezcla de cemento y piedras: Ultzama.

Ultzama es, además de proveedora a terceros, la constructora del pavimento en San Vicente que el jueves se le plantó al Municipio, al cumplirse cinco días de atraso de lo que deben pagarle a ella y de lo que deben pagarle al resto, a las empresas a las que provee el hormigón. Eso explica un poco mejor la focalización del Municipio en la responsabilidad en San Vicente: ese sector está a cargo de la misma empresa que le vende (o que le vendía, porque ya no les sigue entregando hasta que no le paguen) al resto de las compañías.

Vayamos a las cifras. A Ultzama el Municipio le adeuda 6 millones de pesos. La tandilense Sorza y la saladillense Bruno Construcciones ya no pagaron hormigones por 420.000 y por 780.000 pesos (porque no cobran), y por eso no pueden retirar más.

En esas condiciones, los hormigonados de calles están frenados casi totalmente.

Ahora bien ¿quién es responsable? ¿Las empresas? ¿El Municipio? ¿La Nación? Veamos.

Luego del anuncio del megaplán de 176 millones de pesos en el Salón Azul, la primera pregunta de infoeme.com en el análisis posterior fue: ¿pero está la plata?

En principio, la plata para Olavarría no estaba en el banco (jamás lo estuvo de esa manera, más allá de lo que quiso hacer creer el Gobierno local en algún momento) sino que "estaba" dentro de una partida denominada "Fuente de financiamiento 14".

Se trata de una fuente de dineros de muy alta probabilidad de ejecución, porque son fondos afectados para fines específicos y los que le tocaban a Olavarría estaban destinados a la obra que el intendente José Eseverri anunció en el Salón Azul a principios de este año. Hasta donde el oficialismo quería ver en ese momento, "la plata está".

Es más, a los fines de darle mayor verosimilitud al anuncio de inversión del plan de 110.000 millones de pesos en infraestructura, la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Infraestructura Julio De Vido crearon la Ucofin (Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura).

Hasta allí, todo parecía marchar sobre rieles. Sin embargo, los empresarios empezaron a olfatear que las cosas no iban bien cuando el Gobierno decidió correr por decreto todos los fondos del plan nacional de obra pública de la fuente de financiamiento 14 a la fuente de financiamiento 11, una partida del Tesoro Nacional con la cual se pagan sueldos, y que tiene una extrema volatilidad. Al mismo tiempo, la Ucofin ya no manejaba nada.

El primero que detectó que las cosas no iban bien en Olavarría fue el empresario tandilense Carlos Tóffoli, de Sorza, una de las empresas que está haciendo pavimento en la Ciudad pero también en otras localidades, donde está a punto de parar.

Cuando se enteró del cambio, Tóffoli vino a ver a Antonio Indavere (Ultzama) y se lo llevó a hablar con el Intendente. José Eseverri no lo recibió, y lo derivó con la secretaria de Obras Públicas Margarita Arregui.

Tóffoli, obviamente un empresario que sabe que si no cobra se funde, le pidió garantías, porque las partidas habían cambiado.

Margarita lo tranquilizó de manera abrupta: "Ustedes quédense tranquilos que a medida que llegue la plata del Ucofin van a ir cobrando", le dijo.

Tóffoli se inquietó más: "Pero Margarita, el Ucofin ya no maneja más nada de todo eso, no tiene nuestra plata…", le rogó Tóffoli.

Margarita respondió fiel a su estilo: "Ah, claro… Ahora ustedes saben más que yo de esto…", lo frenó. Tres o cuatro días después Arregui averiguó y se enteró de que el empresario estaba en lo cierto.

Las empresas que pavimentan no cobraron los certificados que vencieron el 27 de junio y el 27 de julio. Nótese la primera de las fechas donde los pagos se trabaron y siguen como tales, más de 45 días después: 27 de junio, un día antes de las elecciones. Pasado ese trance, no cobraron más.

Para las empresas también, el garante ese el Municipio. Quien repase un poco las crónicas de los inicios de las obras de pavimentación recordará que se trabaron a poco de arrancar: fue porque las pólizas debían estar a nombre del Municipio, y no de la Nación. Para las empresas, eso implica que el Municipio es quien responde, y contra la Comuna accionarán en caso de falta de pago.

¿Pagará la Nación? Probablemente, pero nadie sabe cuándo. En las reuniones que tuvieron los empresarios con el intendente José Eseverri, les quedaron claras dos cosas: el mandatario no piensa usar las reservas municipales para pagar lo que se les debe, pero además no tiene idea de cuándo liberará los pagos la Nación.

Acá hay otro punto a considerar, que es netamente olavarriense. Para la Nación, el torniquete a los fondos de obra pública no le parece grave, sino apenas una demora. Incluso a los funcionarios vinculados con la habilitación de los recursos, cuando José o Margarita los consultan, entienden que 5 días no es un gran retraso, ni 10 ni 15, porque de última se está haciendo pavimento en calles que no tenían, que pueden esperar.

Pero cuando se les informa que en Olavarría hay un desastre en pleno centro, con gente que no está acostumbrada a lidiar con calles de tierra, preguntan si había pavimento, y si estaba en buen estado. Ante las dos respuestas afirmativas, se agarran la cabeza: "¿Pero en Olavarría son locos? ¿Cómo van a romper calles en buen estado?".

¿Habrá hormigón la semana que empieza? Sì, pero con cuentagotas, apenas para que a las empresas no les caiga una carta documento.

¿Qué harán los vecinos? No es seguro, pero en San Vicente ya corren versiones de reclamo público, vía la sociedad de fomento del sector.

¿Qué hará el Intendente? No se sabe. Aunque parece muy sintomático que los diarios de La Plata ya confirmen la aproximación de José Eseverri al cobismo, vía Gustavo Posse, que este Diario anticipó hace unos días. Justo cuando el último contrato con el kirchnerismo, la obra pública, empieza a quedarse sin fuerza.

Comentá la nota