El fiscal que lleva adelante la causa de corrupción más importante de la historia política de la Argentina (los cuadernos de las coimas) ha sido declarado en rebeldía. Carlos Stornelli no se presentó a declarar en tres ocasiones ante Alejo Ramos Padilla. Este juez de Dolores lo acusa de estar presuntamente vinculado con un sistema de espionaje que habría utilizado para sus investigaciones.

El titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, ha quedado aislado en ese Tribunal. Le arrebataron la administración del dinero. También, hasta la página de noticias del organismo. La semana pasada volvió a votar en soledad (4 a 1) un fallo que concedió la razón a un reclamo de una jubilada para no abonar el impuesto a las Ganancias. El mismo que la mayoría de los jueces con salarios de privilegio evaden amparados en la legalidad.

La líder de la Coalición, Elisa Carrió, salió a defender a Rosenkrantz. Denunció además el hipotético intento de “golpe institucional”contra Mauricio Macri. Responsabiliza a la denominada mayoría peronista en la Corte que componen Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. El ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner fue promovido al Tribunal por la propia diputada. Jugó para reemplazar a Lorenzetti por Rosenkrantz. Pero hasta allí llegó su amor. Sólo en una nación trastornada como la Argentina aquella denuncia pudo haber circulado como una brisa pasajera.

Cristina Fernández, la principal líder de la oposición, utiliza la enfermedad de su hija, Florencia, para entorpecer la parva de causas de corrupción que la comprometen. En especial, Los Sauces y Hotesur en las cuales la joven cineasta sin fueros parlamentarios está procesada y embargada como integrante de una asociación ilícita que se encargó de lavar dinero. La ex presidenta cuenta para su maniobra con la anuencia del régimen de Cuba. Allí estuvo hace días.

El Indec informó el jueves que la pobreza en nuestro país se incrementó el último año de 27,7% a 32%. Se agregaron al padecimiento 2,7 millones de nuevos pobres. La inflación no cede. El dólar corcovea con empeño. Sólo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, descubre luces de una supuesta reactivación. Mauricio Macri arenga desde la tribuna que “hay que aguantar”. Constituye la única estimulación política que su gobierno revela frente a una sociedad con el humor en derrumbe.

Observando aquel panorama que representa apenas un breviario, ¿alguien podría afirmar que la crisis argentina obedece sólo a las dificultades económico-sociales? Es indiscutible que ese tópico se ha convertido en el centro de gravedad de la escena. Pero asusta la disfunción sistémica. La inexistencia de algún respetable anclaje institucional. Los principales candidatos para octubre, Macri y Cristina, han sido, en distinta dimensión, los fogoneros de esta crisis. Son, por otra parte, quienes acumulan el mayor nivel de rechazo en la sociedad. Algo inexplicable y riesgoso sucede.

El Congreso asoma como una suerte de parásito. Ninguna de las dos leyes importantes impulsadas (financiación de los partidos y proyecto contra los barrabravas) consigue progresar. Sólo aparece como caja de resonancia de las maniobras políticas que buscan responsabilizar, según sea el actor, al oficialismo o a la oposición de complicidad con el desbandado mundo del espionaje. El Poder Judicial brindó la semana pasada otra muestra de lo que es. De la ajenidad con que se mueve respecto de los intereses colectivos. El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro Domingo Cavallo fueron condenados a tres años y varios meses de prisión (con inhabilitación para ejercer cargos públicos) por la venta del predio ferial de La Rural. Esa venta sucedió en 1991. La causa arrancó en 1999. El fallo llegó 20 años después.

El recorrido de la democracia desde 1983 no permite rescatar una dimensión de crisis como la actual. Donde a cada calamidad se le suma otra. Hay que hacer la salvedad del 2001 cuyo recuerdo triste provoca un interrogante: ¿podría hablarse, a esta altura, de un aprendizaje en la conciencia social? ¿Estará madurando la convicción de que frente a tantos problemas la búsqueda de una solución no pasa por la activación de una espoleta como en el pasado? ¿Se habrá comprendido que la posibilidad de dirimir conflictos radica sólo en la utilización de las herramientas democráticas? Las votaciones, entre otras. Sería aventurado hacer una afirmación extremadamente optimista frente a tantas preguntas e incertidumbres. En cualquier caso, el derrotero demuestra que la Argentina paga elevadísimos costos en la confrontación con cada crisis, de las cuales nunca termina de salir.

Pocas, salvo aquella del 2001, parecieron ser tan integrales como la actual. La economía forzó la salida anticipada del poder de Raúl Alfonsín. Pero la política ayudó en forma de corsé para que no se desmadrara todo. El peronismo remozado y el radicalismo supieron hacer lo suyo. El cuadro se repitió con Menem: la política también contuvo la persistencia destructiva durante una década del modelo de la convertibilidad. El kirchnerismo en su largo periplo incorporó su propio signo distintivo: a la mala gestión económica, también sobrellevada por la política, el tiempo de Cristina profundizó la decadencia ética y moral. Cambiemos ha hecho esfuerzos, aunque en tres años no logró revertir ese estado de cosas.

El dilema que flota en la escena es ahora, de cara a las elecciones, saber si la dirigencia y el sistema están en condiciones de salir de esta ciénaga. Si aflora en algún lugar la convicción de que la crisis no podrá ser superada sólo con un cambio o permanencia de gobierno. Mucho menos si no predomina algún espíritu de colaboración y convivencia. No es lo que por ahora se ve: Macri y Cristina apuestan únicamente a la competencia de ladrarse fuerte.

El Presidente, al margen de las cuestiones económicas, ha tenido serios errores de gestión en otro par de planos. Con la Justicia y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Un puente inconfundible vinculas ambas cosas. Ensayó una modificación en la Corte que arroja malos resultados. No por la calidad académica de Rosenkrantz. Sí por su incapacidad de comprender que a su entendimiento del Derecho debe añadir destreza política para manejar un cuerpo colegiado. De lo contrario, suceden dos cosas: el Tribunal se transforma, como ocurre, en inorgánico; esa condición baja perniciosa hacia el universo de los jueces donde escasea el decoro. Tampoco la mochila debería cargarse sólo en las espaldas del titular de la Corte. Pueden recordarse algunas prédicas que en su tiempo de jefe hacía Lorenzetti. Insistía, con razón, que la Corte no debe hacer seguidismo del poder pero tampoco eludir su corresponsabilidad con la gobernabilidad. Otra más: insistía que el Máximo Tribunal no está para lesionar las cuentas públicas. Varias de sus últimas iniciativas, votadas por el pleno, tuvieron el sentido opuesto.

La otra pata del problema la constituye el espionaje. Macri decidió mantener el statu quo con la nominación de Gustavo Arribas en la AFI. Un amigo y poco más. El viejo y putrefacto esqueleto del organismo se mantiene. Incluso con topos kirchneristas que el ex presidente fallecido y Cristina designaron en su momento. Hoy esas bandas, convertidas en mafia, parecen estar fuera de control. Tal situación abrió un debate en Cambiemos en medio de la campaña.

Carrió reclamó la disolución de la AFI. María Eugenia Vidal, una de las presuntas víctimas del espionaje, prefiere cautela aunque no haga pública su postura para no colaborar con el enrarecimiento del clima.¿Dejar a todos en la calle en la definición del año electoral?pregunta la gobernadora de Buenos Aires. Un acto temerario. Vidal no posee una sola constancia de aquel presunto seguimiento contra ella. Tampoco la aportó en sus revelaciones el juez Ramos Padilla. La mandataria optó por hablar cara a cara con Arribas. El jefe de la AFI le dijo: “Yo no fui”. Vidal corroboró de esa manera que el ex empresario del fútbol fiscaliza sólo lo que puede.

Así es. Uno de ellos, que estaba prófugo de la Justicia, Hugo “Rolo” Barreiro, se entregó en las últimas horas. Tendría mucho que ver con el falso abogado Marcelo D’Alessio y el caso Stornelli. Pero podría aportar muchas revelaciones de los topos K, alguno de ellos hoy en el Congreso.

La gobernadora sabe que muchos integrantes de aquel organismo pululan en Buenos Aires. Como socios de delincuentes y narcotraficantes. Muestra esa batalla como uno de sus logros en tres años de gestión difícil. En varios casos, contó con el soporte de la oposición en la Legislatura. Hasta del massismo y el kirchnerismo. Pero le escapa a cualquier alharaca.

La contracara de aquella moderación siempre parece Cristina. La principal opositora se manifestó escandalizada por los actos de espionaje. Lo hizo público luego de un robo extraño que ocurrió en las oficinas de campaña de Sergio Massa. En 2013 el líder del Frente Renovador sufrió un ataque a su domicilio a días de las legislativas que ganó. Fue condenado a 18 años de prisión un prefecto que hacía espionaje para el Poder Ejecutivo. La ex presidenta fomentó como nadie esas prácticas desleales. Incluso violando leyes con flagrancia. Concedió poderes extraordinarios a César Milani cuando lo designó jefe del Ejército. El ahora preso militar por delitos de lesa humanidad recibió entre 2007-14 fondos por encima del presupuesto para el Ministerio de Defensa y también de la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) que manejaba Oscar Parrilli. Parte de ese equipo de espionaje, con tecnología traída desde Israel, desapareció cuando Macri llegó al poder.

¿De qué podría entonces manifestarse sorprendida la ex presidenta? El cinismo es uno de los venenos de la política.