La crisis institucional que desató el decreto 2010

Por Horacio Liendo Abogado.

Ex Secretario de Coordinación del Ministerio de Economía

La crisis institucional que se inició con el decreto 2010/09, y que no sabemos hasta donde puede escalar, provocó que intervenga la Corte Suprema y la Justicia Federal, que el Ejecutivo,por decreto, remueva al Presidente del Banco Central omitiendo la intervención del Congreso, que una Jueza de la Nación suspenda los efectos de todo este aquelarre, que el Congreso trate de reunirse para considerar los decretos de necesidad y urgencia y que frente a la desconfianza, los mercados se desplomen.

El fondo del asunto es que el Poder Ejecutivo le ordenó al Banco Central que le de más financiamiento que el que lo autoriza su carta orgánica y que use las reservas para pagar deuda, un destino diferente al establecido en la ley.

La Presidente obró autoritaria y arbitrariamente, es decir, por encima de los límites que le imponen la Constitución y las leyes. Prescindió del Congreso en un tema de su competencia, en un hecho que no es urgente ya que ningún hecho súbito o imprevisto ocurrió entre la aprobación del presupuesto y el decreto. La batalla por las reservas, que sucede a las batallas por la renta del campo y por los fondos de pensión, llega al hueso de la organización institucional de la República y su sistema económico y rentístico, magistralmente perfilados y descriptos por Alberdi en "Bases y Sistema Económico y Rentístico".

Nuestra lamentable experiencia de inestabilidad institucional nos enseña que la República se perdió cuando se abandonó la disciplina monetaria. En diciembre de 1929 se cerró la Caja de Conversión luego de treinta exitosos años de estabilidad monetaria y el 6 de septiembre de 1930, pocos meses después, se inició la más larga etapa de inestabilidad institucional y monetaria del país.

Ahora llegamos a una nueva encrucijada. Antes de la Convertibilidad las reservas monetarias, cuando existían, se usaban para el pago de la deuda pública u otros fines, como quiere hacer ahora el gobierno. La moneda local no tenía respaldo y era emitida para solventar el déficit fiscal en un contexto de inflación estructural que llevó al país a la hiperinflación y a niveles escandalosos de pobreza. En 1991, por ley del Congreso, las reservas se afectaron exclusivamente a respaldar la moneda, se las declaró inembargables y se prohibió al Banco Central financiar al Tesoro, salvo en limitados volúmenes y mediante la compra de títulos públicos. Además, se recuperó el crédito público y el país pudo acceder a los mercados para financiarse. Después del golpe institucional del 2001, se autorizó al Banco Central a endeudarse y se aumentaron los límites para financiar al Tesoro, ello en el marco de la destrucción del crédito público de la Nación, que es una de sus fuentes de ingresos (art. 4 C.N). Pero no se derogó la afectación de las reservas a fines monetarios y por dos vías, el endeudamiento del Banco Central y la devaluación de la moneda, se generaron reservas excedentes respecto a la moneda en circulación. Las que el Ejecutivo usó para pagar al FMI en 2005, quiso usar para pagar el Club de París en 2008 y las que quiere usar para otras obligaciones.

Si lo concreta, el endeudamiento del BCRA quedará sin respaldo, lo que anticipa que deberá emitir moneda y se espiralizará la inflación.

La devaluación también libera reservas a costa del empobrecimiento de la población. La primera devaluación post convertibilidad de 1 a 3, liberó dos tercios de las reservas monetarias, con las que se pagó al FMI; la devaluación del 2009 de 3 a 3,80, liberó poco menos de un tercio de las reservas acumuladas con emisión (a $ 3 en promedio). Ello quiere decir, siguiendo la lógica del modelo, que por este camino, que el peso y los salarios argentinos cada vez valdrán menos y los acreedores cobrarán sobre el hambre del pueblo.

El pago de los servicios de la deuda debe solventarse con impuestos recaudados en base a la capacidad contributiva de la población y no en base al impuesto inflacionario, que es el más regresivo de todos y el que pagan quienes cobran un sueldo o una jubilación. ¿Dónde quedó el progresismo? El modelo más progresista es aquel en el que los servicios de intereses salen de lo que se recauda por impuesto a las ganancias, y los servicios de capital se cancelan con nuevo endeudamiento (o con superávit fiscal en los períodos expansivos).

Pero, además, al apropiarse de las reservas por decreto el Ejecutivo rompe el equilibrio de poderes, ya que la atención de las obligaciones del Tesoro, incluidas las de deuda pública, es materia del presupuesto, que debe aprobar el Congreso. Los gastos y recursos de la República constituyen el eje de la convivencia de Provincias y pueblo argentino.

Las Provincias, por su parte, delegaron en la Nación la facultad de emitir moneda, fijar su valor y el de las extranjeras (art. 75 inc. 11 C.N.), pero a condición de que la moneda emitida por el Gobierno Federal fuera genuina y mantuviera su valor de modo que sirviera para el funcionamiento de la economía, común a todas ellas, y no para que el Gobierno Federal se apropiara de la emisión o, lo que es lo mismo, de su contrapartida, de las reservas que la respaldan (o que respaldarán futuras emisiones para pagar la deuda del Banco Central).

El pueblo tiene un derecho constitucional (básico para el ejercicio de sus demás derechos) a la estabilidad del valor de la moneda. La afectación de ese valor, de modo directo o indirecto por parte del poder, constituye una materia tributaria, el conocido impuesto inflacionario, y la Constitución prohibe expresamente los decretos de necesidad y urgencia en esa materia (art. 99, inc. 3 C.N.).

Comentá la nota