Una crisis más honda de lo que parece

Por: Eduardo van der Kooy

Los Kirchner ganan en el plano político e institucional. Pero pierden en la relación con la sociedad. Sería una conclusión luego de la aprobación en Diputados de la ley de medios. El PJ sigue sin reacción. La oposición no zanja ninguna diferencia. Se ve un Gobierno solitario.

Uno de los hombres poderosos del Gobierno está siendo investigado por la Justicia por abuso de autoridad. Es Ricardo Echegaray, de madera kirchnerista, titular de un organismo, la AFIP, que realizó hace diez días una inspección intimidatoria en Clarín. Por el mismo motivo acaba de ser relevado un funcionario. Otro hombre que escala en importancia en el poder resultó intimado para que explique la teoría de un supuesto soborno en aquel operativo. Se trata de Aníbal Fernández, el jefe de Gabinete, quien, entre muchas facultades, acaba de apropiarse también del reparto de la pauta oficial de publicidad.

Un dirigente sindical, Juan José Zanola, fue citado como sospechoso por el juez Norberto Oyarbide, a raíz de una investigación en el gremio bancario por tráfico ilegal de drogas y remedios. Hay por lo menos otros seis sindicatos observados. Según fuentes judiciales tampoco Hugo Moyano escaparía a esa observación. El sindicalismo es un cimiento clave del Gobierno de Cristina Fernández y del proyecto político de Néstor Kirchner.

La Presidenta ordenó la intervención de la Obra Social de los bancarios. Esa intervención fue aplaudida por Zanola, el principal involucrado. Llamativo. Aníbal Fernández, con su facilidad para convertir cada defecto en virtud, explicó que todo el mérito del destape en marcha corresponde al Estado. En su suma, al Gobierno. Es cierto que un organismo del Estado descubrió las estafas a instancias de Graciela Ocaña. Pero la ex ministro de Salud debió abandonar el cargo luego de la derrota electoral de junio por el hostigamiento de Kirchner y de Moyano y la cortante indiferencia de Cristina.

Aquel submundo del tráfico de drogas y remedios parece enredarse con dineros turbios que habrían acompañado la campaña electoral de la Presidenta. Nunca se disipó del todo la sospecha de que otros dineros turbios hayan podido llegar desde Venezuela, en las valijas que transportaba con frecuencia Guido Antonini Wilson.

Esa fotografía, o pedazos de ella, retratan al Gobierno desde hace largo tiempo. Por esa misma fotografía, dentro de un álbum cargado, los Kirchner padecieron hace ochenta y tres días un castigo de la sociedad en las urnas. Un castigo que envolvió la política, la gestión y los modos.

Ese castigo no ha tenido todavía traducción política e institucional, salvo la promesa del cambio de las mayorías parlamentarias a partir de diciembre. Los Kirchner siguen gobernando como si nada hubiera sucedido y progresan en el Congreso con las leyes que se proponen. La semana pasada fue la aprobación en Diputados, con escandalete, del proyecto sobre medios de comunicación. Sólo una cosa parece detenerlos: el miedo a una revulsión social, como quedó al descubierto con el retroceso que dispusieron en los tarifazos de la luz y el gas.

Ningún Gobierno de los vencidos en elecciones legislativas se ha movido con tanta comodidad y desparpajo desde el 83. Raúl Alfonsín quedó maniatado, Eduardo Duhalde le trazó una frontera infranqueable a Carlos Menem y la realidad se tornó inmanejable para Fernando de la Rúa.

¿Acaso está sucediendo un milagro? Nada de eso. Se advierte con facilidad la incubación de una crisis donde, quizá por primera vez, la política esté llevando de las narices a la economía en la Argentina. Esa crisis tendría múltiples reflejos: un pronunciamiento electoral ignorado; una pequeña maquinaria de poder que decide todo y por todos; instituciones sujetas a ese poder; un vicepresidente que bascula entre un Gobierno al que, en la formalidad pertenece, pero que lo detesta y una oposición que lo necesita; partidos políticos en estado de anomia y fragmentación; una sociedad que parece arrastrar la confianza por el suelo.

La media sanción de la ley oficial de medios significó, en buena medida, una síntesis de esa crisis. Cuestiones tan esenciales para cualquier nación y cualquier democracia como la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada, los derechos adquiridos y las garantías jurídicas fueron discutidas a empellones o en medio de una enorme improvisación. Nada más improvisado que el plenario de comisiones donde se analizaban hojas sueltas del texto oficial que algunos diputados tenían y otros no y que resultaban cambiadas en un santiamén.

Los Kirchner consiguieron abroquelar a la mayoría de los peronistas porque el peronismo no sabe a dónde ir luego de la caída de junio. Atrajeron también a los aliados de centroizquierda con un discurso que pincelaron con cierta épica, invocaciones a la dictadura y a una supuesta lucha contra las corporaciones. "Es la pelea de los políticos contra la corporación de medios", afirmó Manuel Baladrón, el diputado kirchnerista que comanda la Comisión de Comunicaciones. "Esa pelea habrá que darla hasta con la última gota de sangre", supo dramatizar la radical K, Silvia Vázquez.

La centroizquierda acostumbra a ser permeable a ese tipo de retórica. Esa retórica, a veces, actúa como el árbol que impide ver el paisaje. Le sucedió a un montón de diputados, pero hubo dos casos que por su banalidad llamaron la atención. Carlos Raimundi, del SI (Solidaridad e Igualdad), fundamentó el apoyo a la ley oficial afirmando que el despliegue que los medios dieron ahora a la recordación por los 30 años de la visita de Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue para lavar culpas por su silencio durante la dictadura. El diputado debiera saber que durante la dictadura existió una implacable censura. Y que, aun así, los medios dieron, dentro de sus limitaciones, amplia difusión a esa visita. Le hubiera bastado con recurrir a un archivo para salvar la ignorancia. El otro capítulo correspondió al kirchnerista Agustín Rossi. Al jefe del bloque de diputados le agrada mucho la sorna para referirse a la prensa, sobre todo si logra ligarla con aquellos años de la tragedia militar.

La monserga sobre la dictadura ha sido siempre un recurso político de los Kirchner ante cualquier conflicto o cualquier confrontación. Ha sido también, tal vez, un atajo para esquivar su incapacidad de abandonar el pasado y referirse sin complejos al presente.

Hubo, a propósito, una diputada que se animó a decir en el recinto cosas que los demás prefieren callar. Graciela Camaño, del PJ bonaerense, al hacer su impecable exposición sobre la ley de medios, enumeró un catálogo de leyes en las cuales el Congreso nunca reparó y que provienen de añosos gobiernos militares. Valdría citar una: los legisladores votados desde 1983 lo han sido por un régimen electoral dictado en 1972 por el ex presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse. Ningún legislador se ha rasgado las vestiduras por eso.

Con la legión de kirchneristas y aliados y argumentos módicos, el matrimonio presidencial se adjudicó otra rotunda victoria sobre la oposición, aunque esa victoria, quizá, le esté ensanchando la brecha con la sociedad. También pudieron conseguirla porque aquella oposición no da pie con bola.

Los radicales Oscar Aguad y Gerardo Morales armaron una pequeña riña por la estrategia a seguir en Diputados. Margarita Stolbizer profundizó sus diferencias con Elisa Carrió, que podrían acarrear la pérdida de un legislador. Los socialistas sorprendieron con su diábolo: habían anunciado el rechazo al proyecto oficial, pero una mayoría de sus diputados lo terminó convalidando. Hermes Binner, el gobernador de Santa Fe, ha acumulado un problema sobre otro: existe un estado deliberativo en el socialismo y corre peligro su pertenencia al espacio del Acuerdo Cívico y Social.

En ese conglomerado sus líderes comulgan poco y nada. Hay indisimuladas diferencias entre Binner, Carrió y Cobos. El vicepresidente hace la suya: sociabilidad política y dosis de sentido común que le permiten convertirse casi siempre en la contracara de los Kirchner. El vicepresidente reclamó para la ley de medios un amplio debate en el Senado. Pero no será así. Primero, porque estará como Presidente interino -Cristina viajó a EE.UU.- cuando el proyecto aterrice en esa Cámara. También, porque la estrategia kirchnerista será allí tan implacable como lo fue en Diputados. El pleito, sin embargo, no se agotará con la ley: muchos indicios hacen presumir que los Kirchner redoblarán la ofensiva para intentar desplazar a Cobos de la vicepresidencia.

La Argentina volvió a ocupar por días un lugar en el mundo. Las andanzas sobre la ley de medios recorrieron el planeta: un viejo político se enteró de las novedades en la República Checa. Pero ya pasó. Cristina viajó a Nueva York para la Asamblea de la ONU y una cita del G-20 en Pittsburgh. De vuelta hará una escala acostumbrada en Isla Margarita, Venezuela.

El Gobierno intentó en dos ocasiones que la Presidenta pudiera tener un encuentro bilateral con Barack Obama. Ambos intentos fracasaron. Ni siquiera tuvo fortuna con el premio consuelo: la diplomacia argentina pidió que la nueva embajadora Vilma Martínez aplazara por unos días su viaje a Buenos Aires -a donde llegó el viernes- para entrevistarse en Nueva York con Cristina. Pero el Departamento de Estado también negó ese pedido. Dificultades hay más: España también está eludiendo cualquier contacto del máximo nivel.

Tal vez esa soledad, tal vez la desconfianza con que el mundo otea a los Kirchner sean parte de aquella misma crisis política que, sin tantas estridencias, se derrama en el país.

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