Por la crisis, el Gobierno busca limitar los pagos de la deuda

No quiere pagar más de US$ 10.000 millones al año en la próxima década; negocia con los holdouts
El Gobierno pretende mejorar el perfil de los vencimientos de la deuda pública para no pagar más de US$ 10.000 millones anuales durante la próxima década, incluidos los bonos que hasta ahora están en default.

En un contexto de fuerte incertidumbre económica, la apuesta oficial parece osada, pero creíble para calificados consultores financieros que afirman que se puede llegar a un acuerdo con los bonistas que tienen títulos impagos por unos 20.000 millones de dólares más los intereses.

Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que, en las últimas dos semanas, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, recibió a unos 20 representantes de fondos y bancos de inversión. En silencio, pero sistemáticamente, Massa se hizo cargo de este rol de "supersecretario" de Finanzas, en coordinación con el jefe de esa área en Economía, Hernán Lorenzino.

Ejecutivos de Fidelity, Gramercy, UBS, BNP, Barclays, Citi, Deutsche y CSFB, entre otras firmas, pasaron por la Casa de Gobierno, en la que el mensaje fue que existe buen ánimo para hacer un canje, si los inversores acercan por lo menos una parte del "dinero fresco" incluido en la propuesta lanzada en agosto pasado.

En aquel entonces, cuando la crisis financiera internacional no se había agudizado, el Gobierno soñó con recibir unos US$ 3250 millones en efectivo; ahora las expectativas serían sensiblemente más modestas y el oficialismo se conformaría con alcanzar un tercio de ese monto.

"En un mundo en el que todos pierden por la crisis mundial, ésta es una gran oportunidad, porque pensamos en atraer dinero fresco para el país y en arreglar un problema con una visión de mediano plazo", comentó la calificada fuente oficial.

Al respecto, se reconoce que aun con una alta participación de los bonistas, el canje no le permitiría al país salir al mercado internacional en forma más o menos rápida, por la iliquidez que reina en el mundo y por los juicios que los bonistas llevan a cabo contra el país en Nueva York.

Pero el Gobierno cree que sí podría generar "un perfil de vencimientos con un tope de pagos que no sobrepase los 10.000 millones de dólares anuales" (monto que se supera este año, en 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016).

"Ese es un monto compatible con las posibilidades del país, tomando en cuenta que un arreglo con los bonistas podría sumar unos 500 millones anuales al pago de deuda en los próximos años", según se indicó.

Un nuevo "bono estrella"

Por esa razón, la apuesta máxima del Gobierno es convertir en "bono estrella" un título con vencimiento en 2018 o en 2019, en vez del Boden 2012, que ahora paga una tasa cercana al 45% anual. Los analistas consideran que esa opción ahora no sería inteligente, "porque un nuevo bono a diez años implicaría congelar una tasa de interés cerca del 20 por ciento anual".

De todos modos, el panorama no es el mismo para todos los acreedores extranjeros. Tradicionalmente más agresivos que sus pares, los fondos Elliot y Dart se sienten más cómodos a la espera de una oferta mejor que la planteada por el Gobierno en 2008 (un bono que vencía en 2033).

Una fuente cercana a Elliot dijo a LA NACION que no se sienten apremiados por la baja mundial en los mercados, ya que en 2008 pudieron sumar unos 3000 millones de dólares, mientras varios fondos de Nueva York se derrumbaban. Con una cartera de casi US$ 13.000 millones, en Elliot creen que la diversificación sigue siendo una buena estrategia y eso incluye mantener entre sus principales inversiones los papeles de la Argentina que compraron a pocos centavos antes y después del default.

La publicación especializada Absolute Return calificó al fondo como uno de los ganadores de 2008 y el diario The Wall Street Journal considera que está entre los "sobrevivientes" del cataclismo mundial.

Elliot maneja unos US$ 1000 millones en deuda en default del país y, al igual que sus colegas de Dart, ya ha logrado que el juez neoyorquino Thomas Griesa trabe varios embargos.

Si ejecutivos de estos "fondos de cobertura" se sientan en el despacho de Massa, van a querer escuchar algo muy convincente, ya que previamente lograron sentar un fuerte precedente con Perú en 1998 y con otros países a los que les ganaron por cansancio.

Por esta razón, los ex secretarios de Finanzas Daniel Marx y Miguel Kiguel creen que primero hay que diseñar una estrategia legal que asegure que estos dos fondos no bloquearán un posible canje, una tarea compleja si los acreedores creen que el próximo gobierno será más dócil que el actual para llegar a un buen acuerdo.

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