La crisis energética que atraviesa la región y un esquema obsoleto

La exitosa reforma de los ‘90 hoy quedó arcaica ante el congelamiento de las tarifas, los subsidios y la explosión de la demanda de electricidad.
La crisis que atraviesa el sistema eléctrico del Alto Valle tras la salida de servicio de la usina TermoRoca, de Turbine Power, el domingo pasado, puso en evidencia la falta de inversiones en el transporte y la distribución de la energía, y generó un intenso debate entre funcionarios y empresas del sector de Neuquén y Río Negro.

¿Cómo se llegó a esta situación de fragilidad?, ¿a quiénes les cabe la responsabilidad por las obras que no se han realizado? Actores del sistema dieron su versión acerca de la falta de inversiones y de la situación de emergencia que atraviesa el sistema eléctrico que no es exclusiva de esta región, sino de varios puntos del país.

Para Marcos Silva, presidente de la cooperativa neuquina CALF, el problema es de nivel nacional. “Las inversiones se han hecho tarde. Hay obras planificadas pero hasta dentro de dos o tres años no van a estar terminadas”, señaló.

Para Norberto Bruno, gerente de la distribuidora rionegrina Edersa, “la carencia de mejoras en el sistema de transporte de energía es nacional y es cierto que en las subregiones como la nuestra no se han realizado las inversiones adecuadas al crecimiento de la demanda, como ha ocurrido en los últimos seis años. En todo ese tiempo el sistema de transporte energético no se ha ajustado a las necesidades y ello provoca un estrangulamiento del sistema”.

Sin financiamiento

Mientras que el presidente de Trasnacomahue S.A., Alejandro Betelú, indicó que las obras necesarias para darle confiabilidad y seguridad al sistema están proyectadas, pero no hay financiamiento. Ellas son el anillado eléctrico mediante una línea entre Choele Choel y Villa Regina, o en todo caso la conexión entre Casa de Piedra y Loma Negra.

Betelú indicó que el financiamiento de esos trabajos debe realizarse mediante las tarifas, que recién fueron actualizadas el año pasado luego de 10 años. “Esto abre un debate diferente acerca del valor de las tarifas”, aseguró.

Para Luis Acuña, subsecretario de Servicios Públicos de Neuquén, “las tarifas no son adecuadas, por eso no cierran los números para que las empresas inviertan. Las políticas de subsidios a la energía y las bajas tarifas postergaron obras importantes en transporte”.

En los ‘90 se modificó la regulación del sistema eléctrico nacional (Ver recuadro), y las inversiones en obras de infraestructura quedaron en manos del mercado. Es decir que las generadoras, distribuidoras y transportistas se encargan de realizar los trabajos que consideren necesario para ampliar su negocio.

Consumo alto

Pero este esquema mostró su debilidad en los últimos años, cuando se disparó el consumo de energía en todo el país, y la infraestructura existente quedó al límite de su capacidad. Por la baja rentabilidad, las obras fueron detrás de la realidad, y hoy se encuentran proyectados o licitados trabajos que se necesitan ya.

“En Argentina, el costo de la energía lo fija el costo de la última máquina disponible para generar el próximo MW. Por tanto, no se debe perder de vista que los costos, siempre, deben respaldar la infraestructura actual y, a la vez, garantizar la inversión futura”, señaló Oscar Dores, director de Fundelec.

“Argentina hace rato que dejó de sostener ese modelo. Sin embargo, aunque con imperfecciones, el sistema soportó el crecimiento explosivo de los últimos seis años. Esto debe ser motivo de reflexión para lograr corregir el modelo que recuperó al país de los cortes programados de 1988”, añadió.

“Hay que cambiar la política de los años ’90. Hay que tomar lo que sirve de ese sistema y reformular ciertas pautas del sistema eléctrico”, aseguró Silva.

Y agregó: “Debe ser una decisión política del gobierno nacional y de las provincias. Con el apagón del jueves en el Alto Valle quedó en claro que sin energía no se puede hacer nada. Hay que debatir un nuevo sistema”.

“Este tipo de mejoras en el transporte de la energía las financian las empresas, pero las paga el ciudadano a través de las boletas que recibe por su consumo”, indicó el gerente de Edersa.

“Es injusto entonces pretender atribuir a Edersa alguna responsabilidad en que no se hayan realizado inversiones, como se ha dicho por ahí”, dijo, en referencia a los cuestionamientos desde Neuquén por la crisis eléctrica que atraviesa la región.

Mientras que Betelú manifestó que “decir que la problemática sólo se debe a la falta de infraestructura no responde a la realidad, ya que el problema es más complejo y tiene que ver con la provisión y distribución de energía. En la distribución de la energía radica el problema actual”.

Comité de Crisis

Esta semana el Comité de Crisis regional debe reunirse para establecer un plan de restricciones por si se producen picos de consumo que pongan en riesgo al sistema y obligue a bajar las cargas.

La disputa no es sencilla de resolver: Río Negro quiere proteger la actividad frutícola y CALF a sus usuarios residenciales y a los medianos y grandes consumos que son los que más dinero desembolsan el gran consumo de energía.

La reforma de los ‘90

En 1991 el Estado privatizó parte del servicio eléctrico y lo dividió.

Neuquén > A inicios de los ’90, y en medio de una crisis socio económica que repercutía en el sector energético, se produjo una importante transformación en el sector eléctrico argentino.

El Estado decidió privatizar parte de la prestación del servicio eléctrico y se dividió su funcionamiento en tres etapas: generación (empresas que generan la energía eléctrica), transporte (firmas que llevan la energía desde el lugar en que se genera hasta los centros urbanos), y distribución (empresas que lo distribuyen desde los centros urbanos hasta los hogares de los usuarios).

En cuanto a la generación, se le permitió la libre competencia, y en consecuencia la liberación del precio de la electricidad a nivel mayorista.

Pero, por la característica natural del sistema, el transporte y la distribución quedaron monopolizados ya que, por una cuestión de infraestructura, no pueden existir varias empresas para que el usuario pueda optar por una o la otra. Entonces, para garantizar equilibrio es que surgieron los Entes Reguladores y lo convirtieron en un servicio regulado.

En diciembre de 1991, se sancionó la Ley 24.065, conocida como Marco Regulatorio Eléctrico, y se dio lugar a una fuerte corriente de inversiones que permitieron, en principio, salir de los cortes programados que a diario interrumpían el servicio entre dos y cuatro horas. Luego, las inversiones apuntaron a progresar respecto del sistema en sí, mejorando la seguridad, la calidad y la potencia energética.

El modelo fue exitoso tanto por la rapidez con la que se salió de la crisis como por la extensión de la red eléctrica.

Estas actividades fueron encomendadas a empresas, en algunos casos privadas y en otros públicas, tomando el Estado Nacional a su cargo el rol de fijar las políticas del mercado y condicionar el accionar de las empresas mediante la regulación y las señales económicas.

Quince años después, la regulación del sector, un esquema de tarifas congeladas y la explosión del consumo que crece año a año, ha generado un contexto de escasa atracción a las inversiones por parte de los privados, y por ende un cuello de botella.

Comentá la nota