Por la crisis económica, la Comuna apeló ante la Cámara el fallo por la deuda de los Podeliportivos

Por la crisis económica, la Comuna apeló ante la Cámara el fallo por la deuda de los Podeliportivos

Sin chances de revertir el fallo, el gobierno realizó la maniobra para postergar el pago de unos $44 millones. A fines de 2019 la ciudad había sido condenada por una deuda generada durante el mandato de Pulti y que había sido desconocida por Arroyo.

La novela de las deudas arrastradas por la construcción de los Polideportivos Barriales sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Es que luego del intento de llegar a un acuerdo en la modalidad de pago tras un fallo judicial, finalmente la Municipalidad apeló la sentencia ante la Cámara debido a la crisis económica que impacta de lleno en las arcas de la ciudad.

La maniobra solo tiene una finalidad, la de postergar el pago de unos $44 millones que la Municipalidad de General Pueyrredón fue condenada a pagarle a la firma Centro de Construcciones SA, por la construcción de cuatro natatorios en los polideportivos de los barrios Libertad, Colinas de Peralta Ramos, Centenario y Parque Camet. Ese monto se desprende de los $20,4 millones de la deuda original más los intereses generados en los últimos cuatro años.

Precisamente, la apelación presentada por los abogados de la Subsecretaría Legal y Técnica apunta contra los intereses fijados por el juez en lo Contencioso Administrativo Simón Issach. La sentencia dictada en diciembre de 2019 hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la constructora, donde se condenó al Municipio a pagar únicamente la deuda que surge del convenio suscripto entre ambas partes en 2015 –y que debía ser pagado en tres coutas en 2016-, por unos $20,4 millones, más los intereses según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia, aunque no fueron incorporados otros $2 millones que la firma reclamaba por otras deudas. El plazo se fijó en 30 días contados desde que la liquidación quede firme, aunque en febrero de este año, ya bajo el gobierno de Guillermo Montenegro, las partes acordaron un nuevo plazo de suspensión de 20 días que obtuvo la venia el juez. La idea del gobierno era negociar los plazos de ese pago.

Pero en medio llegó la pandemia y las gestiones no llegaron a buen puerto. “La situación de emergencia económica en que se encuentra actualmente la Comuna, debido a la baja de más del 60% de sus ingresos genuinos, no deja otra alternativa que apelar el fallo”, justificó la ciudad en su presentación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.

El avance se realizó pese a que “no hay chances e ganar ese juicio”, como reconocieron en su momento fuentes de la subsecretaría de Legal y Técnica a este medio. Es que el propio Estado municipal reconoció en 2015 esa deuda. Por eso, solamente se hizo hincapié en el tipo de tasa de interés aplicada por Issach. En su apelación ante la Cámara, el Municipio solicitó qué se consideré una tasa menos nociva para su situación financiera. “El Dr Isacch podría elegir una tasa de interés que contemplara la especial condición que reúnen cada una de las partes y demás condiciones el contrato celebrado”, puntualizó la presentación judicial.

“De hecho, tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en casos como el aquí planteado debe repararse en el resultado económico a que se arriba sin desentenderse de las consecuencias patrimoniales del fallo, debiéndose entender, cuando se llega a resultados que pueden ser calificados de absurdos frente a la realidad, que es ésta la que debe prevalecer sobre abstractas fórmulas matemáticas, ya que los mecanismos de actualización o la aplicación de tasas de interés sólo constituyen arbitrios tendientes a obtener una ponderación objetiva de la realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento; en la medida en que si ello no opera así el resultado se vuelve injusto objetivamente y debe ser dejado de lado, en tanto la realidad debe prevalecer sobre las abstractas fórmulas matemáticas”, amplió.

Asimismo, el Municipio solicitó que para la aplicación de la tasa de intereses se considere que la deuda de $20,4 millones reconocida ya contiene intereses. Es que cuando en 2015 el gobierno de Pulti no pagó la deuda original, que era de $10,8 millones y, se celebró un convenio de deuda –avalado por el Concejo Deliberante- donde se acordó el pago de la deuda en tres cuotas durante 2016 pero por un total de $20,4 millones. Esos pagos, ya bajo el gobierno de Arroyo, nunca se realizaron. Más tarde, iniciada la causa judicial, la estrategia legal fue desconocer esa deuda que el propio Estado había reconocido con el convenio celebrado en 2015.

Por último, la defensa legal de la Comuna requirió que el plazo para el pago no sea de 30 días, sino de 60. Los tiempos que implicará el trámite judicial por parte de la Cámara e incluso una ampliación del plazo legal para saldar la deuda, le permitiría a la Municipalidad evitar asumir esa deuda en medio de la crisis que presentan sus finanzas. O incluso lo que es peor, desobedecer el fallo judicial.

Comentá la nota