Los créditos productivos siguen sin pagar Sellos

Volvió a comisión un polémico proyecto fiscal.
La vuelta a la comisión de Hacienda y Presupuesto del proyecto oficialista para derogar la Ley 6.512 (data de diciembre de 1993), por el cual se hubiese generalizado el cobro del Impuesto de Sellos, fue aprobada por unanimidad y sin debate en la Cámara. La medida no anula la iniciativa, sino que posterga su sanción hasta tanto haya un nuevo estudio.

El titular del bloque Tucumán Crece, Roque Alvarez, justificó la decisión en el rechazo a la medida, pero aclaró que la iniciativa se fundamenta en los cambios registrados desde 1992 hasta el presente.

"Es necesaria la adecuación de las normas a la situación económica actual. Los argumentos que dieron origen a la Ley 6.512 perdieron entidad y por eso impulsamos la derogación. Luego observamos y consideramos que merecía un análisis superior, a partir de los planteos de sectores de la sociedad para que esta norma no sea sancionada ahora", admitió.

Origen menemista

El peronista recordó el origen de la norma que se pretende suprimir. Lo referenció a agosto y setiembre de 1992, con la sanción de la ley nacional que ratificó el pacto entre la Nación y las provincias que determinaba un aumento de aportes si cambiaban las políticas fiscales. El punto central obligaba a todos los distritos a derogar de inmediato el Impuesto de Sellos que graven toda operatoria financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuarios, industrial, minero y de la construcción, lo que fue realizado en la gestión de Ramón Ortega.

"El pacto fiscal disponía la adopción de políticas uniformes para el crecimiento de la economía, e incluso imponía la privatización total o parcial de servicios públicos y la transferencia de las cajas previsionales a la Nación. En 1993, no hicimos otra cosa que dar acuerdo a lo que le impusieron Carlos Menem y Domingo Cavallo a los gobernadores. Pero quienes siempre hablan de la segunda década infame, ahora aparecen para defender esta norma", cuestionó.

Alvarez destacó que para acceder al beneficio, las empresas debían inscribirse todos los años en Rentas. "Sobre 73.000 aportantes, se anotaron sólo 63 potenciales beneficiarios porque no todos hicieron uso de esta opción; sólo 43 o 44 pidieron desgravar las operaciones financieras", planteó.

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