Crecen los reclamos en la Corte por los fondos

Hay 14 provincias que exigen coparticipación
En los últimos meses, hubo un dato relevante, que el Gobierno seguramente no dejó de advertir: muchas provincias decidieron llevar a la Corte Suprema los conflictos que mantienen por miles de millones de pesos con el Estado nacional, para posicionarse mejor frente al Poder Ejecutivo.

Existieron dos motivaciones. Por un lado, en 2009, año que conjugó elecciones legislativas y caída de la recaudación, las provincias comenzaron sentir con fuerza el ahogo fiscal a manos del gobierno nacional. Y por el otro, la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, mostró sin ambages que está dispuesta a asumir un rol relevante en el ejercicio del poder.

Los problemas de la coparticipación de recursos entre Nación y provincias y la utilización de las reservas del Banco Central para pagar la deuda son temas eminentemente políticos, que deben discutirse en ámbitos políticos.

Pero la Corte probó que puede ayudar a forzar ese debate, y por eso nadie quiere perderse el escenario del alto tribunal. Incluso, 36 senadores de la oposición, un número que representa la mitad de la Cámara alta -por lo menos, en lo que se refiere al conflicto de la coparticipación-, visitaron a fin de año a los jueces para hablar sobre el ahogo que viven las provincias.

Es imposible precisar a cuánto ascienden exactamente las sumas reclamadas por coparticipación por San Luis, Chaco, Corrientes, Córdoba -que acaba de llegar a un acuerdo con el Gobierno y suspendió el trámite judicial-, La Pampa y Santa Fe.

Algunas de las 14 demandas indican cuál es el monto que exigen: Córdoba había demandado por 1200 millones de pesos; San Luis, 250; Corrientes, 81, y también hay otros reclamos que precisan sumas de dinero. Pero todas las provincias, sin excepción, también presentaron planteos por monto indeterminado, para evitar pagar un impuesto (tasa de justicia) que hubiera sido millonario. Las sumas reclamadas ascienden a miles de millones de pesos.

La historia

Hace ochenta años que el país abandonó el primigenio régimen de reparto de impuestos entre Nación y provincias y adoptó un muy cuestionable sistema de coparticipación que le permitió al Estado nacional, con el correr de los años, acrecentar su tajada en la torta de la recaudación, en perjuicio de los distritos. En 1988, se celebró un acuerdo transitorio, y a comienzos de los noventa las provincias recibían todavía el 56 por ciento de la recaudación. La porción que hoy llega a las provincias es muchísimo menor.

Para peor, la introducción del mecanismo de la coparticipación en la Constitución nacional nunca fue seguida de la ley respectiva: el Estado nacional y la cooptación política de algunas provincias lo impidieron.

Las demandas incluyen planteos vinculados con el impacto que las retenciones a las exportaciones tienen en todo el régimen fiscal; la absorción por el Estado de impuestos que deberían ser coparticipados; el detraimiento que hizo la Nación de fondos que son coparticipables para financiar la AFIP cuando se crearon las AFJP; deudas por ejecución del Programa de Asistencia Financiera que las provincias firmaron con la Nación para financiar las deudas distritales; atrasos de la Nación con esas jurisdicciones para financiar las cajas jubilatorias locales, etcétera.

El Gobierno imaginó que esas demandas provinciales se sustanciarían con la lentitud propia de los tribunales. Sin embargo, el 15 de octubre la Corte convocó a una audiencia pública a la que concurrieron Córdoba -patrocinada por el constitucionalista Alberto García Lema- y el ministro de Economía, Amado Boudou, y ante la inminencia de una medida cautelar favorable a Córdoba la Nación llegó a un acuerdo con el gobernador Juan Schiaretti.

El debate que, hace una semana, planteó San Luis contra el Gobierno por los decretos que permiten usar reservas del Banco Central para pagar deuda involucra 6500 millones de dólares. Por ahora, es sólo ese distrito el que cuestionó el DNU, pero los sólidos argumentos esgrimidos por la provincia -patrocinada por Rodolfo Barra- podrían ser reproducidos por cualquier otro distrito. En efecto, las reservas son propias del Banco Central, una entidad que es autárquica y que está regulada por una ley del Congreso, pues el banco es de carácter federal.

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