Crecen las quejas por la reforma política

Rechazo de varios aliados del Gobierno
No sólo la oposición se quejó por los cambios que introdujo por decreto la Presidenta a la reforma política sancionada por el Congreso el mes pasado. Ayer, los tradicionales aliados de centroizquierda del Gobierno descalificaron la decisión presidencial y denunciaron un plan para eliminar a los partidos chicos.

Martín Sabbatella, del bloque Nuevo Encuentro y cercano a los Kirchner, enfatizó: "Lo único que explica los vetos del Poder Ejecutivo a la ley que salió del Congreso es la decisión de perjudicar a los partidos emergentes".

El diputado del socialismo K Ariel Basteiro se sumó al rechazó, al asegurar que con el veto la situación de los partidos políticos chicos no sólo "no mejora, sino la empeora, ya que el objetivo principal es beneficiar al PJ y la UCR".

Hasta el banquero Carlos Heller, candidato de Kirchner en la Capital en las elecciones de junio, coincidió en el diagnóstico: "Con esta medida se obturará la emergencia de nuevas organizaciones políticas y se reforzará la hegemonía de las fuerzas tradicionales".

En el decreto de veto fueron observados los artículos 107 y 108 de la ley, que diferían hasta el año 2012 la aplicación de las normas que obligan a los partidos a cumplir con amplios requisitos para participar de las elecciones presidenciales y legislativas. Ahora regirá para las próximas elecciones, salvo que los legisladores puedan revertir el veto (para lo que necesitarían una improbable mayoría de dos tercios).

"Autoritarismo"

La mayor reacción se dio entre las fuerzas de reciente formación. El diputado de Proyecto Sur Fernando Solanas, dijo: "Esto es malo para el país y para nosotros, porque no se puede desconocer la autoridad del Parlamento y porque es una expresión de autoritarismo del Gobierno".

En cambio, el oficialismo defendió airadamente la facultad de la Presidenta de cambiar las decisiones parlamentarias. Agustín Rossi, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, justificó a Cristina Kirchner: "La última interpretación de la ley la tiene el Poder Ejecutivo".

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