Crecen las demandas provinciales ante la Corte

Por Adrián Ventura

Cuatro distritos piden más coparticipación

En la Corte Suprema se incuba entre las provinicas y el Estado nacional un conflicto de miles de millones de pesos, pero que tiene singular magnitud política: cuatro distritos no kirchneristas iniciaron 12 juicios por el reparto de impuestos.

Lejos de conformarse con lejanas sentencias, las provincias se están posicionando para negociar un nuevo pacto fiscal.

El problema se origina en controvertidas decisiones que adoptaron sucesivos gobiernos a partir de los años 90, pero que las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner hicieron poco por cambiar: en este punto, los modelos menemista y kirchnerista no difieren sustancialmente.

La crisis desatada en 2008 por las retenciones móviles fue el disparador: San Luis, gobernada por Alberto Rodríguez Saá, hizo los primeros reclamos. Pero luego se sumaron Corrientes (gobernada por Arturo Colombi), Córdoba (Juan Schiaretti) y Santa Fe (Hermes Binner). Algunos distritos que no se beneficiaron con los parches que dio la Casa Rosadaa para cubrir los déficits fiscales de Santa Cruz o de otras regiones hablan de "discriminación".

Para 1985, el régimen de coparticipación había entrado en colapso. Por eso, en 1988, se celebró un acuerdo transitorio. En 1992, las provincias todavía recibían el 56 por ciento de los impuestos coparticipables, pero actualmente esa porción es del 40 por ciento. Leyes aprobadas sin las mayorías requeridas, decretos del Poder Ejecutivo y otros vericuetos permitieron al gobierno central apropiarse de fondos.

En algunas de las 11 demandas, las cifras solicitadas son de miles de millones: Córdoba reclama 1220 millones; San Luis, 250 millones; y Corrientes, 81 millones. Pero si bien la mayoría de las demandas fueron presentadas por monto indeterminado -para no pagar tasa de justicia-, involucran cálculos por cifras de miles de millones. Por ejemplo, los reclamos de Santa Fe oscilarían los $ 1000 millones.

Los reclamos

Los reclamos son muy variados.

* San Luis, patrocinada por el ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, en uno de los juicios sostiene que las retenciones afectan la percepción de impuestos coparticipables. Y, en otro, afirma que una ley aprobada sin mayoría la privó de parte de los impuestos internos sobre las primas de seguro.

* El gobierno de Fernando de la Rúa, mediante el decreto 1399/2001, desvió el 2,75 por ciento anual de los fondos coparticipables para financiar la AFIP. Corrientes ya formuló este reclamo y Santa Fe va en camino.

* En los años 90, a raíz de la transferencia de los jubilados a las AFJP, la Anses quedó desfinanciada y se les exigió a las provincias que cedieran el 15 por ciento de la masa coparticipable. Ahora, con la derogación del régimen de las AFJP, algunas provincias pretenden reducir esa colaboración. Por esta causa, desde 1992 hasta ahora las provincias transfirieron unos 90.000 millones, un monto aproximadamente equivalente a la deuda pública provincial.

* Córdoba, patrocinada por el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y por el constitucionalista Alberto García Lema, apunta a cobrar remesas atrasadas de parte de los 600 millones anuales que debe recibir en ejecución del Programa de Asistencia Financiera (PAF). Ante la inminencia de una medida cautelar, el gobierno nacional le acaba de entregar 120. Pero los conflictos de Córdoba con la Nación, por otros motivos impositivos, involucran otros 1000 millones.

* Corrientes, patrocinada por el fiscal de Estado, Fernando Carbajal, y por el abogado Gabriel Bouzat, ya presentó tres planteos. En uno, pretende que se incorpore en la masa coparticipable de reparto todo lo que cobra la Nación por el impuesto al cheque y que se declare inconstitucional la ley 26.180.

Y Santa Fe, hace cinco días, acaba de promover otra demanda similar. Las arcas provinciales flaquean. Por eso, las provincias buscan otro pacto fiscal y otra ley de coparticipación.

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