Crece la usurpación de terrenos

Crece la usurpación de terrenos
Mientras unos logran asentarse, algunos son despojados de sus lotes y otros se sienten invadidos. Son las distintas caras de una misma realidad con una única causa: la indigencia. Radiografía de la ocupación de tierras, un fenómeno que aumenta.
Según datos oficiales, en el país hay un déficit de dos millones de viviendas, de las cuales el 35% se ubica en la provincia de Buenos Aires.

Esto hace que sean cada vez más los grupos de familias sin techo que, frente a un terreno desocupado, comienzan a levantar casillas con la esperanza de poder asentarse.

Ante la mirada preocupada de los vecinos que se sienten invadidos, trabajan los fines de semana para hacer, a lo sumo, dos piezas. Un trabajo de hormiga para levantar una construcción que, casi seguro, no garantizará las necesidades básicas.

Esas familias saben que en cualquier momento pueden ser expulsados porque el terreno no les pertenece, y sus dueños lo reclaman con todo el derecho del mundo. Pero no encuentran otra salida. La mayoría edifica sus precarias viviendas sin baño y se aprestan a vivir sin agua y sin luz.

Más allá del dolor de cabeza para los verdaderos dueños de los terrenos (ya que no todos son fiscales), también está la otra realidad; la de los vecinos que sí tienen un lugar donde vivir, pero ven alteradas las costumbres del barrio, y sienten amenazados el abastecimiento de los servicios básicos.

Los vecinos se preocupan por el agua y la luz, ya que la gente que llega para asentarse no tienen agua corriente y se maneja con pozos o la extrae de donde puede; al tiempo que realizan conexiones clandestinas al servicio de electricidad (dicho de otro modo, se cuelgan). En muchas zonas el agua tiene menos presión. Y lo mismo sucede con el sistema eléctrico que, en ocasiones, no da abasto.

La cuestión es compleja, porque se violan dos derechos que deberían ser garantizados por el Estado: el de la vivienda y el de la propiedad privada. Pero como ninguno de ellos se respeta, los barrios se transforman, cada vez más, en un "todos contra todos", donde cada cual busca defender su "quintita", sin ver que el garante de sus derechos hace tiempo mira para otro lado.

El déficit habitacional

"Las cifras de personas que no tienen acceso a la vivienda es imposible darla, porque el último censo se realizó hace más de diez años y porque las cifras del Gobierno nacional que miden la pobreza son mentira", aseguró Jorge Lombardi, integrante del Instituto de Estudios del Hábitat (Idehab), organismo de la Facultad de Arquitectura

y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

"Históricamente, en la Argentina, el déficit de la vivienda ha afectado a la tercera parte de la población. Y hay que aclarar algo que es importante: cuando hablamos de déficit de vivienda no es sólo que no tienen un lugar donde vivir, sino que viven hacinados, en viviendas de familiares o de amigos. El déficit habitacional es más que una cosa numérica, abarca también lo cualitativo", aseguró Lombardi, dando cuenta de un problema tan profundo como complejo.

Aunque desde el Estado se han puesto en marcha acciones para dar respuesta a esta problemática, según Lombardi "fueron cíclicas, a veces se ofreció bastante y otras nada. Pero nunca se ofreció mucho". De este modo el arquitecto, investigador de la UNLP, deja en claro que la falta de vivienda no es política de Estado. Cuando el fisco puede, y dependiendo de los antojos del gobierno de turno, da más o menos impulso a proyectos de viviendas, pero nunca el necesario.

"El Plan Federal de Vivienda, que se lanzó en el Gobierno de (Néstor) Kirchner, depositó mucha expectativa en una inversión que después no se materializó. Y con el segundo Plan Federal apenas se sintió la inversión", dijo el arquitecto.

Las "invasiones"

Frente a la falta de políticas estatales para construir viviendas dignas, y ante las enormes dificultades para acceder a una casa propia, "la ocupación de terrenos ha aumentado", aseguró Lombardi, que también hizo referencia a las "invasiones espontáneas" y a las "invasiones organizadas políticamente".

Las primeras surgen de manera más auténtica, sin demasiado planeamiento. En cambio, las "organizadas políticamente", tienen que ver con una persona que gestiona la usurpación y vende los terrenos a los nuevos inquilinos, que con "dos mil, o tres mil pesos" se asientan en un lugar físico. Pero hay otro tipo de ocupación, y es aquella que se establece en pleno acuerdo con el dueño de la tierra "que termina haciendo juicio al Estado por la usurpación", y así se gana unos buenos pesos.

Lombardi, sin embargo, reconoció que las ocupaciones "se dan también por necesidad. Aunque tiene que haber relación entre la gente; no se da de un día para el otro".

"El tema de la vivienda es un tema muy complejo", aseguró Lombardi, "porque es el más caro de los bienes imprescindibles para los hombres. El problema de la vivienda es la expresión del problema de la pobreza", sintetizó el arquitecto, dando cuenta de dos fenómenos que no pueden entenderse por separado.

Lombardi, además habló del acceso a la vivienda como una forma de "construir ciudadanía". En este sentido, dijo que "en los planes federales la participación de la gente ha sido nula. Pero si la vivienda social se hace con la participación de la gente se está formando ciudadanía". Sólo que no

se hace ni lo uno ni lo otro.

La defensa de la propiedad privada

El fenómeno de ocupación de terrenos se ha transformado en una práctica cada vez más habitual. Ya no importa si pertenecen al Estado o a un particular, lo cierto es que cada vez más gente, ante la falta de una vivienda, se ubica en tierras ajenas para construirse una casilla. Acaso ¿hay otra salida? preguntan los usurpadores, y ellos mismos dan la respuesta: los terrenos son carísimos, los alquileres también, y los planes de vivienda que lanza el Gobierno no llegan a cubrir la demanda habitacional.

"Hay que tener presente una realidad: la disponibilidad de tierra para loteos sociales es cada vez menor, así como la demanda en este sentido ha aumentado en los últimos tiempos, dándose un pico en la crisis de los años 2000 y 2001", aseguraron a Hoy desde la subsecretaría Social de Tierras.

Este panorama se complejiza teniendo en cuenta que la "ley 8.912, que regula los requisitos a cumplir en materia de servicios para realizar un loteo, hace que sea cada vez más oneroso y menos rentable llevar adelante una iniciativa de este tipo, con lo cual disponer de terrenos destinados a las familias de menos recursos se torna cada vez más difícil", dijeron desde la secretaría, dando cuenta de una situación donde no existen las soluciones simples.

Desde esa dependencia, que forma parte del ministerio de Infraestructura de la Provincia, aseguraron además que es importante destacar que el Estado provincial "no acuerda, impulsa ni respalda ninguna usurpación de tierras (ya sean fiscales o privadas)". En este sentido aseguraron que "es política del Estado el respeto y la defensa de la propiedad privada".

¿Cómo se maneja la ocupación de terrenos? "En los casos de usurpación de tierras es el Poder Judicial el que interviene en primer término, tras la denuncia policial por la usurpación, con la correspondiente orden de desalojo", aseguraron desde la subsecretaría.

Desde el Estado provincial, lo que se propone en casos de ocupación es la revisión de cada caso en particular (mediante censos socioeconómicos de las familias para determinar los distintos niveles de vulnerabilidad). Lo que se busca es la posible inserción en los distintos planes habitacionales.

"Entre estos planes podemos contar al Plan Federal de Viviendas o programas habitacionales del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires", destacaron.

Ahora bien, en aquellos casos que revisten una complejidad mayor (como puede ser el número de familias que realizan una toma de tierras particulares) el Estado recurre, como último recurso, a leyes de expropiación.

"De esta forma el Estado se hace de esa tierra pagando al propietario su valor fiscal y luego procede a la regularización urbana y dominial de esas familias.

Es importante destacar dos cosas: primero, que esto se realiza como último recurso y, segundo, que esas familias deberán pagar luego al Estado por la tierra adquirida mediante esta operatoria", aseguraron desde la subsecretaría.

Desde esta dependencia se trabaja con distintas normativas para la regularización dominial de aquellas familias que poseen legalmente una vivienda o terreno pero que, por distintos motivos, no pudieron acceder a la escrituración del bien en cuestión.

El manual de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó un manual para asesorar a familias que tomaron terrenos. En octubre publicaron una guía destinada a ofrecer "consejos y herramientas" para quienes "están comenzando a asentarse en un terreno". El proyecto, que fue financiado por el ministerio de Educación con $ 17.313, se originó a partir de la iniciativa de estudiantes de distintas carreras de la UBA que, afectados por la problemática habitacional que padecen la Capital Federal y el Conurbano, decidieron editar un manual para construir asentamientos precarios.

El material está destinado a "aquellas personas que están comenzando a asentarse en un terreno y para los que ya están asentados y quieren mejorar su barrio", dice este libro que tuvo una tirada de tres mil ejemplares.

Según la docente responsable de este proyecto, Viviana Asrilant, "trabajamos para hacer que el proceso de asentamiento sea el mejor posible".

El proyecto fue elegido por "su impacto social y la contribución a fortalecer la propia formación y

desempeño profesional de los estudiantes".

Las normas de la ocupación

La ocupación de terrenos suele generar una sensación de desorden, de falta de normas y de principios. Sin embargo, oculta la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que se encuentran las familias que buscan un espacio físico para asentarse.

Aunque parezca que reina el "todo vale", existen una serie de normas que regulan la ocupación, como la ley 24.374 de Regularización Dominial para aquellas familias que "acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante tres años con anterioridad al primero de enero de 2009 y su causa lícita, de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente". Esta norma permite la escrituración del pedazo de tierra que ocupan.

En el caso de terrenos ocupados, también se implementa el Plan Familia Propietaria, destinado para aquellos distritos de menos de 50.000 habitantes, mediante el cual las familias pueden acceder a un lote, luego del correspondiente censo socioeconómico para establecer el orden de prioridades en cuanto a necesidad. Una vez que estas familias beneficiarias terminan de abonar por su terreno deberían acceder a la escritura del mismo a través de la ley 10.830, que se tramita ante Escribanía General de Gobierno.

Además se aplica la ley 13.342, que declara de interés social la regularización dominial de los bienes inmuebles cuya construcción fue iniciada antes del 31 de diciembre de 2004, financiados por el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) y pendientes de escrituración a favor de sus adjudicatarios.

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