Crece la tensión por el desalojo de las viviendas del Plan Dignidad

Luego de que la Justicia decidiera el desalojo de medio centenar de familias que ocupan un complejo habitacional en el barrio El Martillo, en reclamo de viviendas dignas, y de que se rechazara la admisibilidad del recurso de Casación presentado por la defensa de las familias el pasado lunes; la expulsión de los vecinos se concretará el próximo viernes.
Al respecto, el Dr. Juan Pablo Gelemur, representantes de los "Sin Techo", reflexionó que "el Estado al cual se le reclama es el que decide reprimir para acallar las voces de queja, la única forma en que puede accionar un sistema injusto, concentrador y que desplaza" y ratificó que sus defendidos "no pueden ser desalojados sin antes ser redestinados". En tanto, organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos acamparán en el predio tomado, en apoyo al reclamo que los ocupantes llevan adelante desde hace tres meses.

CRONOLOGÍA DE UN RECLAMO POR UNA VIVIENDA DIGNA

El conflicto se suscitó el pasado 15 de enero, cuando alrededor de medio centenar de familias tomaron de manera pacífica un complejo habitacional a medio construir, ubicado en las calles Friuli y Calabria del barrio El Martillo, alegando que ellos eran los beneficiarios de las mismas.

"El Municipio nos prometió en marzo del año pasado que íbamos a tener nuestra vivienda digna; en noviembre nos aseguraron que iban a terminar las casas, pero no lo hicieron y es una vergüenza", criticaban los manifestantes, al tiempo que la secretaria de Desarrollo Social de la Comuna , María del Carmen Viñas, aclaraba que "las viviendas tomadas corresponden al "Plan Dignidad", destinado a la relocalización de los habitantes de la Villa de Paso".

En tanto, a 24 horas de la recuperación de las casas, el Dr. Juan Tapia del Juzgado de Garantías Nº 4, dictaminó que debe garantizárseles comida y agua a los ocupantes del complejo habitacional, luego de que el Dr. Juan Pablo Gelemur, en representación de los manifestantes, interpusiera un recurso de amparo junto a una medida cautelar para asegurar la provisión de elementos de primera necesidad mientras se extienda la ocupación.

La decisión del Magistrado generó repercusiones inmediatas en el Concejo Deliberante, en donde los ediles de Acción Marplatense exhortaron a "respetar el marco legal vigente en cuanto a la adjudicación de viviendas de planes sociales".

En ese lapso, se procedió a la primera mediación penal bajo la responsabilidad del Dr. Sergio Irigoin y de la que participaron autoridades del Ministerio de Obras bonaerense, integrantes del Instituto Provincial de la Vivienda , Javier Pérez y Miguel Bartolucci; el secretario de Legal y Técnica municipal, Dr. Martín Colombo, además de representantes de la empresa constructora de las viviendas. Asimismo, asistieron tres miembros de las familias ocupadoras, junto con el abogado que los patrocina. En dicha oportunidad, no se llegó a un acuerdo entre las partes involucradas.

Días más tarde, el Juez de Garantías, Gabriel Bombini, resolvió que se retome la mediación penal entre los ocupantes y las autoridades municipales, recurso que volvió a fracasar y que motivó que la Fiscal interviniente, Dra. Graciela Trill solicitara el desalojo de los "Sin Techo".

Finalmente, el jueves 5 de febrero, Dr. Juan Tapia del Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó el desalojo del predio ubicado entre las calles Friuli, Calabria, Génova y William Morris, para que dicho espacio físico "sea reintegrado a la Asociación Civil Trabajar ONG, con el objeto de permitir la continuación de las obras destinadas a la adjudicación de viviendas en el marco del "Subprograma Provincial Dignidad"". Dicha medida, según dispuso el Magistrado, debía efectivizarse 48 horas después de que quedara firme su determinación.

No obstante, la ocupación se extendió hasta el momento, alcanzando los tres meses, período en el que la defensa de los "Sin Techo" interpuso varios recursos de apelación, casi todos objetados. El mismo resultado obtuvieron este miércoles, según dio a conocer el Dr. Gelemur, quien fuera notificado que la Cámara de Apelaciones rechazó la admisibilidad del recurso de Casación, presentado por la defensa de las familias el pasado lunes. Ese mismo día, los representantes legales de los ocupantes denunciaron la situación que atraviesan sus defendidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la OEA.

En consecuencia, la expulsión decretada por el Juez Juan Tapia podría llegar a realizarse dentro de las 48 horas de dada la notificación, es decir, el próximo viernes, pese a que la defensa entiende que la resolución no está firme.

"EL ESTADO AL CUAL SE LE RECLAMA ES EL QUE DECIDE REPRIMIR PARA ACALLAR LAS VOCES DE QUEJA"

Por su parte, el Dr. Juan Pablo Gelemur en diálogo con 0223.com.ar, afirmó que " la Justicia local, entendiendo que formalmente ya se agotó la vía de apelación, estaría en condiciones de avanzar con el desalojo aunque no está en condiciones de cumplir la sentencia porque no hay muestras de dónde van a alojar a la gente".

En esa línea, el abogado dijo que la Fiscal Trill está "totalmente desinformada, se maneja por intuición o por lo que le dictan, y no se interesa por conocer la realidad".

A su vez, al ser consultado sobre la reacción de los ocupantes ante el inminente desalojo, el letrado dejó en claro que "ellos están convencidos de que no pueden ser desalojados sin un lugar al que ser redestinados y mientras haya una propuesta concreta y no una promesa en el aire, las discusiones siempre van a ser distintas".

"Ahora, si pretende seguir con la misma lógica de siempre, sin firmar y son mostrar, la gente no es tan crédula y saben que van derecho a ser engañados", analizó.

Finalmente, Gelemur se refirió a eventuales episodios de violencia durante la futura expulsión. "No le conviene a nadie, ni siquiera para el Estado que está gobernado por políticos a días de elecciones", estimó pero reparó en que "si pretenden que se produzca un episodio violento, será porque lo provoque el Estado", ratificando una vez más las intenciones pacíficas de los vecinos.

Y advirtió que "si nos manejamos por cómo ha sido la idiosincrasia de los estamentos estatales que intervinieron desde el día 5 de febrero hasta hoy, no habrá nada para impedir el accionar policial que seguramente intentará ser violento". "El Estado al cual se le reclama es el que decide reprimir para acallar las voces de queja, la única forma en que puede accionar este sistema injusto, concentrador y que desplaza", culminó.

CONVOCAN A "ACAMPE POR LA DIGNIDAD Y CONTRA EL DESALOJO"

En tanto, y ante el inminente desalojo de las viviendas del barrio "El Martillo", organizaciones sociales, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, reunidas bajo la "Red de Apoyo a las familias sin techo", resolvió convocar a un "Acampe de la dignidad y contra el desalojo", que comenzará a las 9 de este jueves en el ingreso del predio ocupado.

De esta forma, la "Red de Apoyo a las familias sin techo" pretenden mostrar que el medio centenar de familias "no están solas" y que "la sociedad marplatense rechaza el Desalojo y apoya la lucha por una vida digna que desde hace tres meses libran los vecinos y vecinas del barrio Pueyrredon".

Asimismo, los autoconvocados realizarán el viernes una conferencia de prensa para las 11 de la mañana, "para anunciar al poder político y a toda la sociedad marplatense, la conformación de ese cordón solidario que buscará sumar fuerzas para impedir el desalojo programado por el Estado"

""El Acampe de la dignidad y contra el desalojo" es abierto a quienes quieran manifestar su solidaridad con las familias que quieren ser desalojadas. Cualquier persona de la sociedad que se sienta sensibilizada con la lucha de las Familias Sin Techo puede participar. Cada uno y cada una a su modo, puede contribuir a demostrar que la dignidad no se desaloja", manifestaron a través de un comunicado, en el cual también ratificaron que "el desalojo es ilegal e inconstitucional" así como que "el derecho a la vivienda es un derecho humano"

Comentá la nota