Crece el temor por el destino de los fondos

La oposición exigió la intangibilidad de las jubilaciones y denunció que el Gobierno quiere el dinero para pagar la deuda
El anuncio oficial del proyecto para eliminar el sistema privado de jubilaciones avivó un temor creciente entre los principales dirigentes la oposición y de sectores vinculados a los temas previsionales: cuál será el destino final de los fondos que pasarán desde las AFJP al Estado.

Más allá del debate incipiente sobre las ventajas y las desventajas del nuevo régimen, el denominador común de los referentes de la oposición fue la inquietud por las garantías que tendrán las futuras jubilaciones y las advertencias sobre el peligro de que la medida anunciada ayer escondiera un intento desesperado del Gobierno para disponer de fondos frescos.

Luces de alarma similares encendieron el vicepresidente Julio Cobos; el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino; el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, y diversos economistas consultados por La Nacion, que advirtieron que había que tener cautela respecto del uso de los fondos, sobre todo, para el mediano plazo, cuando los actuales aportantes tengan que jubilarse.

Mondino opinó que transferir esos fondos a la Anses era "como poner un zorro adentro de un gallinero". Semino, por su parte, consideró que el final de la jubilación privada es "una de esas buenas noticias que conviene tomar con mucho cuidado" y exigió "un fuerte control social de los recursos".

Más contundente (y más previsible) fue el rechazo que generó la medida en los mercados financieros. En la Bolsa de Comercio, las acciones líderes, según la medición del índice Merval, cayeron un promedio del 11 por ciento. El castigo se extendió a los bonos de deuda pública, en los que las AFJP tienen colocado el 55 por ciento de su cartera de inversiones.

Como respuestas anticipada a las críticas crecientes sobre el destino de los fondos estatizados, el proyecto del Gobierno establece que los casi 100.000 millones de pesos aportados por los afiliados a las AFJP pasarán a integrar un fondo de garantía, que será controlado por una comisión con representación de distintos sectores y por una comisión bicameral del Congreso.

Esas precisiones no despejaron las dudas de la oposición ni del vicepresidente. "La norma debe garantizar un triple cinturón de seguridad sobre los fondos ?enfatizó Cobos, en diálogo con La Nacion?. Además, se debería prever un sistema autárquico de la Anses para que sea este organismo el responsable de los fondos y otorgue todas las garantías que se le debe dar al sistema."

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, fue una de las más críticas. "Estamos discutiendo si los argentinos vamos a permitir que el gobierno de turno vacíe el dinero de los jubilados en la medida más antiprogresista de la historia, porque le paga al FMI de contado y les saca a los jubilados para seguir pagando deuda", dijo.

Debate en puerta

Aunque el proyecto aún no tiene estado parlamentario, en la Cámara de Diputados ya comenzó un debate intenso y de final imprevisible, que divide las aguas entre el oficialismo y la oposición. Mientras los legisladores kirchneristas celebran la iniciativa y procuran acelerar su tratamiento, sus pares opositores exigen que la ley garantice que los fondos que las AFJP traspasen al Estado sean intangibles, es decir, que no tengan otro destino que los jubilados.

El oficialismo está decidido a no prolongar demasiado el debate de esta iniciativa: la semana próxima arrancará la labor en las comisiones de Previsión y de Presupuesto para llevar la iniciativa al recinto de la Cámara baja en dos o a lo sumo tres semanas más. Luego, será el turno del Senado. "El proyecto será convertido en ley antes de fin de año", anticipó el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, confiado en la mayoría numérica de su bancada.

En la oposición, las posturas de fondo no son unívocas: el bloque Pro exhibe una posición más dura pues sostiene que el sistema privado de jubilaciones no debería ser obligado a desaparecer, como pretende el proyecto oficial. "Quieren saquear a los futuros jubilados para que administren su plata los mismos que les hicieron una quita del 75% a sus bonos, dibujaron el Indec para estafarlos y se olvidaron de la movilidad jubilatoria por cinco años", sostuvo el jefe del bloque, Federico Pinedo.

Quien también expresó reparos en ese sentido fue el diputado Felipe Solá, uno de los legisladores díscolos del PJ: "A priori veo que se trata de una iniciativa excesivamente paternalista. Hay cuatro millones de personas que optaron por las AFJP que, ahora, se las obliga a irse".

En cambio, los bloques del radicalismo, el socialismo, la Coalición Cívica y Solidaridad e Igualdad (SI) comulgan con la idea de un retorno al sistema previsional estatal, siempre y cuando se garantice que los fondos no serán usados para otros fines. "Estamos dispuestos a dar la discusión en la medida en que se declare de la intangibilidad de los fondos, para que el Gobierno no los pueda usar en la campaña electoral", afirmó el senador Gerardo Morales, presidente de la UCR.

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