Mientras se conocen nuevos detalles del leonino convenio que estudia el Concejo Deliberante platense para la instalación de un centro comercial de 30.000 metros cuadrados en el predio donde funciona “Walmart”, aumenta la preocupación de comerciantes y defensores del patrimonio local.

En efecto, tal como informó este diario, se afirma que la construcción del megashopping implicará una inversión de $1.000 millones. Sin embargo, en el acuerdo firmado con la Comuna, que no establece montos, la firma desarrolladora Asset Land ofrece, como contraprestación a semejante desarrollo inmobiliario, la realización de obras irrisorias en la Terminal de Ómnibus.

El compromiso especifica, por ejemplo, la limpieza de canaletas, el hidrolavado de paredes, la colocación de nuevas placas en el cielorraso, la restauración de imperfecciones en el revoque, la limpieza de cabriadas (tirantes de madera), la construcción de los baños, entre otras tareas para “lavarle la cara” al sitio.

A esta desigualdad en la contraprestación se le suma un artículo del expediente que posibilita a la firma Asset Land hacer un cambio de la obra que ofrece como compensación. Es decir, realizar otros trabajos menores por igual valor. Pero, ¿cómo hablar de montos en un convenio que no los estipula pero sí le garantiza a la compañía desarrollada un negocio de $1.000 millones?

En su visita a Especiales Hoy, el concejal oficialista Julio Irurueta explicó que el escrito no establece cifras porque hay “un punto dentro del código tributario, la plusvalía urbanística, que todavía no está reglamentado”.

Según el edil “se trata de una tasa que se creó hace tres o cuatro años y que, al no estar aún reglamentada, impide tener una fórmula para calcular la plata que esta empresa o cualquier otro emprendedor que genere una plusvalía urbanística debe pagar”.

En ese sentido, durante la misma emisión, la concejal de Acuerdo Ciudadano Platense, Marcela Farroni, opinó: “Con 30.000 metros cuadrados tendrían que hacernos una Terminal nueva con los ómnibus adentro”.

Debilidades legales

Los datos sugerentes del expediente que llegó a la Comisión de Planeamiento del deliberativo platense no terminan ahí. La argumentación para la aprobación del convenio se apoya en el decreto que habilitó el “Walmart” en 1997.

Pero esa disposición luego fue modificada por otras ordenanzas que establecieron mayores restricciones para la instalación de hipermercados. Es decir, es una normativa caduca que, incluso, se utilizó para habilitar la instalación de “Walmart”, pero no para el megashopping.

Por otra parte, si bien hace tres semanas que el escrito fue enviado al Concejo Deliberante, hasta el momento no se envió el expediente del año 1997. Es decir, se pretende que se apruebe algo sin tener gran parte de la documentación correspondiente.

La punta de un iceberg

El megashopping de La Plata es solo uno de los fastuosos centros comerciales que se pretenden instalar en todo el país. El acuerdo global es que se construya uno en cada predio de la cadena de supermercados “La Anónima”, propiedad de la familia del jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, que son primos.

En los distritos donde no está “La Anónima”, entre ellos nuestra ciudad, se instalarán en  los “Walmart”.

Al ser consultado por este diario, Peña intentó despegarse de sus vinculaciones personales con el proyecto. Respecto a las presiones que estaría recibiendo la Comuna local por parte de la Casa Rosada para la salida del megaemprendimiento, el funcionario macrista dijo que “no se dedican” a hacer lobby. 

Frente a la pregunta sobre su vinculación con la cadena de supermercados “La Anónima”, pese a todas las evidencias existentes (ver páginas 4, 5 y 6), respondió que “no” existen.

Oscuros entramados

Cabe mencionar que Asset Land SA, la firma que impulsa el megashopping, tiene, entre sus integrantes, a distintos personajes que afrontaron demandas penales por lavado de dinero y evasión fiscal a gran escala, como Tomás Querío y Eduardo Novillo Astrada.

Así y todo, Querío sería quien aparece en los expedientes como uno de los principales referentes de Asset Land. Por si todo esto fuera poco, en el eslabón último detrás de la instalación de los megashoppings hay un grupo inversor mexicano que, se sospecha, maneja fondos provenientes del narcotráfico. Más precisamente, de narcos de Monterrey y Pachuca.