La Corte Suprema de Justicia sabe que está en la mira de Cristina Kirchner. Los jueces siguen con preocupación e incertidumbre su iniciativa para constituir un consejo asesor que sugiera cambios en su funcionamiento y acaso en su integración, y toman nota de las intervenciones públicas en las que la vicepresidenta responsabiliza al máximo tribunal por la filtración de sus escuchas telefónicas años atrás, aunque le restan importancia a su embate para sacar del ámbito del máximo tribunal la oficina que se encarga de las intercepciones telefónicas.

Si bien los jueces están aislados por la pandemia de coronavirus, tienen actividad semanal conjunta. Se llaman, no comparten un grupo de WhatsApp como sus colegas de instancias inferiores, pero tienen acuerdos y firman digitalmente desde sus notebooks unas 230 sentencias cada semana. Se pasan los votos y cada uno opina con su firma digital. No se ven la cara ni por Zoom.

Carlos Rosenkrantz, el presidente, va casi a diario a su despacho, excepto algunos viernes que se ausenta para dar clases. Ricardo Lorenzetti está en Rafaela y Horacio Rosatti, también en Santa Fe. Juan Carlos Maqueda frecuenta su despacho y Elena Highton de Nolasco trabaja desde su casa.

Más allá conversar sobre si levantan o no la feria judicial en determinadas jurisdicciones, como lo hicieron semanas pasadas, uno de los temas que dominan la Corte Suprema son los cambios que viene anunciando el Gobierno sobre la Justicia.

El nombre de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, autor de códigos procesales, suena como uno de sus integrantes, junto con académicos del interior del país y otros de la Universidad de Buenos Aires.

El trascendido de que podrían empezar a trabajar y tener un proyecto con sugerencias dentro de 90 días alteró los ánimos de algunos magistrados del cuarto piso del Palacio de Justicia.

Los jueces están siguiendo a Cristina Kirchner a través de sus tuits y sus legisladores, que son los que ponen voz a sus pensamientos cuando se hacen públicos en el Senado. Tal es así que esta semana circuló en el Palacio de Tribunales la versión taquigráfica de la sesión especial del Senado del 4 de junio. Con resaltador verde marcaron en algunos despachos la página 55, donde se registra lo hablado por Oscar Parrilli. Allí, el senador desgrana las razones por las cuales quiere tratar la derogación de los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri que traspasaban las escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte.

Para la mayoría de los cortesanos, que las escuchas telefónicas salgan de la esfera de la Corte y pasen a otra área del Estado les resulta inocuo. Rosatti dijo hace dos años públicamente que preferiría que estuvieran en otro lugar, con control parlamentario.

En la Corte Suprema ven en el discurso de Parrilli la letra de Cristina Kirchner. Y de hecho coinciden. Al argumentar sobre la necesidad de sacarle las escuchas a la Corte, el senador responsabilizó al tribunal de las filtraciones de esas escuchas que se hicieron en dos causas judiciales, donde le fue pinchado legalmente el teléfono.

El día que Cristina Kirchner cambió el plan Vicentin

Responsabilizó por ello al juez Ricardo Lorenzetti, al juez Martín Irurzun -de quien dependía la Oficina de Escuchas- y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, que coordina el organismo. "Lorenzetti, Irurzun y Rodríguez Ponte son los responsables de haber montado esa agencia de inteligencia que permitió este tipo de intromisiones y, además, de que esas escuchas después fueran llevadas a los medios", dijo Parrilli en el Senado.

El lunes, mientras iba a los tribunales de Lomas de Zamora como víctima del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, Cristina Kirchner casi repitió esas palabras: "Si la Corte hubiese investigado esas filtraciones, tal vez la causa que tramita Villena no hubiese existido y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubiesen sido espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados".

Parrilli le dijo en la sesión del Senado a Cristina Kirchner, que la presidía: "Vamos a pedir que se tomen recaudos para que no se toque nada de lo que hay ahí [en la oficina de escuchas]. Porque tenemos serias dudas, con todo lo que ha ocurrido, y sospechamos que precisamente dentro de esa oficina puedan existir muchas más pruebas, que hoy no se están viendo, de lo que fue este terrible espionaje ilegal en la Argentina. Y reafirmo quiénes fueron los responsables".

En la Corte se detienen en las críticas que hace el kirchnerismo al tribunal. Una medida de la relación que puede tener Cristina Kirchner con aquel.

El máximo tribunal estuvo a punto de reunir las voluntades para darle a Cristina Kirchner una buena noticia que le diera oxígeno en el juicio por la obra pública. No hubo consenso. Pero lo que quiere el Gobierno es más de la Corte.

Retomar la iniciativa con Once

Más allá de estas vicisitudes políticas, en el máximo tribunal miran la necesidad de retomar una agenda judicial con causas pendientes. Está circulando y con la posibilidad de que se sea resuelta en los próximos meses la causa por la tragedia de Once.

Aún no fueron tratados los recursos contra las condenas que pesan sobre los empresarios, incluidos los Cirigliano, y sobre los exsecretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

La Corte Suprema acelera para concluir con este asunto, mientras aún descansa en Casación la revisión de la sentencia del segundo juicio por Once, en el que fue condenado el exministro Julio De Vido. Ese fallo aún no está firme.

En la agenda los jueces apuran el dictado de las sentencias en las que cuentan con cuatro votos y falta uno para terminar de conformar un fallo.