Crece el escándalo por los e-mails con acusaciones por la campaña K

Los mensajes sobre financiamientos dudosos en el 2007 ya los tiene la Justicia.
La Cámara Federal porteña deberá decidir si los e-mails con acusaciones por aportes dudosos a la campaña presidencial de Cristina Kirchner del 2007 los investiga la jueza federal María Servini de Cubría o su colega Ariel Lijo.

Servini, luego de tomar declaración testimonial al empresario farmacéutico Gabriel Brito, fotocopió los e-mails y los envío ayer a ese tribunal para que decida si le corresponde a Lijo u otro juez investigar el supuesto delito de falsificación de documentos públicos u otra irregularidad.

Servini investiga una denuncia por supuesta violación a la ley de financiamiento electoral 26.215, mientras que Lijo tiene otra de la Coalición Cívica por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública contra el ex superintendente del servicio de Salud y recaudador de campaña, Héctor Capaccioli. Lijo certificó, hasta ahora, que ninguna de esas droguerías "tenía contratos directos con el ministerio de Salud" sino con las obras sociales, que es el objeto de investigación de su colega Norberto Oyarbide en la mafia de los medicamentos.

Mientras tanto, el auditor general de la Nación Javier Fernández explicó que los e-mails que recibió de Brito, que ayer adelantó Clarín, le dio el trámite legal correspondiente (Ver "Un auditor..."). Por otra parte, el mensaje electrónico que Brito le envió a la diputada Vilma Ibarra, quien no tiene ninguna vinculación con el manejo de los fondos de la campaña K, fue reenviado al ex jefe de gabinete Alberto Fernández quien chequeó que ya estaban siendo investigados por la jueza Servini.

Alberto Fernández reveló a Clarín que a fines del 2007, después de que asumió Cristina la presidencia, pidió a Capaccioli que echara a su segundo en la "super", Néstor Vázquez, por "estar ligado a (Hugo) Moyano y (José Luis) Lingieri". Precisamente, Vázquez es la mano derecha de Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, que es el principal sospechoso en la causa por la mafia de los medicamentos. Este diario accedió ayer en exclusiva a la actuación administrativa 255/2009 de la Auditoría General de la Nación que contiene más e-mails en los que Brito reafirma que los 310.000 pesos que figuran como donación de su empresa Global Pharmacy a la campaña K, en realidad, no eran suyos sino de Lorenzo. En uno de ellos, Brito pide el 13 de junio que la AGN realice una auditoria a la obra social bancaria debido a que "por intermedio de esa obra social y la droguería San Javier se efectuaron aportes a la campaña del Frente para la Victoria". En un segundo mensaje del 16 de junio, Brito envío una lista de todas las droguerías que aportaron a los gastos electorales de la campaña K en la que señala que "no es mi objetivo perjudicar a nadie. Menos la investidura presidencial. Tampoco acercar esto a otra personal que no sea del FPV. Este tema ha sido manejado con total impunidad y mala voluntad... Nadie sin alguna razón haría esto. Solo quiero que los responsables asuman el error", agregó Brito. Luego Brito, cuyo empresa tiene un pedido de quiebra de la cooperativa Vernet que maneja Lorenzo, enumera todos los demás aportes en duda y añadió: "quien escribe no es una Carmelita Descalza, pero nunca se enteró que harían semejante aporte (a la campaña). Obviamente hubiera aceptado pero siempre que hubiera algún favor político, como podría ser el manejo de una obra social. Solo lo dijeron cuando aparecieron tres muertos. Y no se olviden de Vilán que fue el cuarto", finalizó en alusión al Triple Crimen de General Rodríguez y al suicidio de Ariel Vilán, quien también aparece como donante de 160 mil pesos en la campaña K.

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