Crece el escándalo de las coimas.

Se conocieron detalles sobre quiénes son los altos funcionarios bonaerenses involucrados en el oscuro pacto con Codere y sobre los alcances de las coimas que se habrían pagado. El titular de la fiscalía de Estado bonaerense y una jueza en la mira.
El juego puede provocar cambios. Así quedó demostrado con los más de 6 millones de dólares que ganó un empleado público de Magdalena, cuya vida no será la misma a partir de ahora. Gracias al azar, logró acertar los seis números del Quini 6 (ver página 16), un juego que es administrado por el Estado a través de la Lotería de Santa Fe.

Los problemas empiezan a aparecer cuando intervienen algunos operadores privados que ganan cientos de millones de dólares, no gracias al azar, sino por la complicidad de los gobiernos de turno. Un claro ejemplo sucede en el Bingo platense, que seguirá siendo controlado durante 15 años por la empresa Codere, en sociedad con la Fundación Florencio Pérez de Raúl Kraiselburd, gracias a un oscuro pacto firmado con el gobierno bonaerense y que incluiría, tal como lo viene informando Hoy, el pago de coimas por 25 millones de dólares, es decir, cuatro veces más que lo ganado por la familia de Magdalena. El Bingo platense factura oficialmente unos 20 millones de euros al año, y su principal fuente de ingreso son sus 500 máquinas tragamonedas. Pero a eso habría que sumarle las grandes cifras que se mueven por debajo de la mesa, bajo el amparo de las fundaciones (ver aparte).

¿Cual es la razón por la cual se realizó este oscuro acuerdo? Además de los beneficios personales que pedían tener algunos funcionarios involucrados, serviría para mantener la estructura de clientelismo político financiada con la caja negra del juego en la Provincia. Lo llamativo es que el propio gobierno bonaerense, a través del Instituto de Loterías y Casinos, había denunciado en diciembre a Codere por lavado de dinero, falsas contrataciones, defraudaciones, estafas y otras irregularidades detectadas en la liquidación de las máquinas tragamonedas. Acto seguido se emitió una resolución que establecía la no renovación de la licencia en el Bingo platense. En aquel momento se especulaba con el posible ingreso del empresario kirchnerista Cristóbal López al negocio de las tragamonedas en la Provincia. Se ve que los resultados de las elecciones del 28 de junio hicieron modificar los planes.

En las últimas horas, surgieron otros datos alarmantes en relación a este negociado. Según fuentes confiables consultadas por este diario, además del polémico titular del Instituto de Loterías y Casinos bonaerense, Luis Pelusso (está siendo investigado por la Justicia por manifiestas incompatibilidades en su función), en las negociaciones previas al acuerdo con Codere también habría participado el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, además de Kraiselburd; el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski; y un tal Juan Pablo Peredo, un ex director comercial del Instituto Provincial de Loterías y Casinos durante la gobernación de Felipe Solá y que actualmente es el director de Relaciones Institucionales de Codere Argentina. En 2006, la Red 92, que es la radio más escuchada de La Plata, realizó una minuciosa investigación periodística en la que puso de manifiesto el supuesto pago de coimas millonarias para la renovación automática de licencias. El escándalo generado en aquel entonces hizo que se frustrara la supuesta coima y tuviera que blanquearse la renovación a través de un decreto, pero evitando el debate en la Legislatura. Es probable que ahora se busque seguir el mismo camino y se esquive la discusión parlamentaria.

Además, Peredo aparece mencionado en la denuncia que el propio gobierno bonaerense había realizado a fines del año pasado. En aquel entonces, se había pedido investigar la sociedad Bingo Platense, que el ex funcionario bonaerense integra. El entendimiento entre la Provincia y Codere se habría alcanzado durante un cónclave realizado en el domicilio de Carlos Girald, un conocido personaje platense que suele ir a las cenas organizadas por la Fundación Florencio Pérez y que también es hombre de relaciones públicas de la empresa española.

Jueza polémica

Eso no es todo. Las mismas fuentes confiaron a Hoy que el pago de coimas alcanzaría a la jueza en lo Contencioso Administrativo, Ana Cristina Logar, que estaría recibiendo unos 150 mil dólares por mes hasta tanto siga vigente el recurso de amparo que le concedió a la empresa española. Hace más de 60 días que está vigente la medida cautelar dispuesta por la jueza, sin resolverse la cuestión de fondo, lo que constituye de por sí una situación irregular. Los recursos de amparo y las medidas cautelares son recursos excepcionales a los que se suele acudir cuando existe una violación manifiesta de una garantía, ley o derecho constitucional. Este no parece ser el caso de Codere, y en todo caso habría que preguntarse quién protege los derechos de los ciudadanos bonaerenses que se ven afectados a raíz de los millones de dólares que en lugar de servir para hacer obras o acción social, van a parar a los bolsillos de unos pocos empresarios amigos del poder.

En definitiva, se trata del paraguas legal que permite que Codere pueda seguir explotando el Bingo platense, dado que la licencia de explotación venció el 28 de junio pasado.

El argumento utilizado por la jueza no resiste el menor análisis, ya que llamativamente la Provincia, cuando comunicó que no le iba a renovar la licencia a Codere del Bingo platense, se "olvidó" de comunicarle la decisión al fiscal de Estado. Y precisamente Szelagowski no es un actor de reparto en toda esta historia: las fuentes consultadas por Hoy afirman que, en realidad, el amparo para que la empresa pueda seguir operando lo consiguió el propio fiscal de Estado trabajando en equipo con un reconocido abogado platense. Trascendió que, aparentemente, Szelagowski también estaría cobrando por debajo de la mesa unos 150 mil dólares mensuales.

Este diario también pudo saber que la fiscalía de Estado ya se expidió a favor de la renovación, y aún faltaría el dictamen de la Contaduría de la Provincia.

La estrategia que pondrían en práctica desde el gobierno bonaerense sería realizar una resolución, que llevaría la firma del gobernador Daniel Scioli, en la que se sostendría que la renovación de la licencia a Codere es un pedido de la fiscalía de Estado y, de ese modo, el mandatario provincial buscaría no quedar vinculado al escándalo político. El problema para Scioli es que el pacto secreto ya salió a la luz.

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