Con una cifra que hoy supera los $ 13.000, la deuda de Cristóbal López con la AFIP sigue en aumento. La causa penal por defraudación que lo llevó a prisión, se inició por la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con la firma Oil Combustibles SA (OCSA), por $ 8.000 millones. El organismo que conduce Leandro Cuccioli reclama a la fecha, por esa maniobra $ 12.000 millones, pero se le suma además la deuda acumulada de los medios de comunicación del Grupo Indalo.

Cristóbal López y Fabián De Sousa construyeron durante el kirchnerismo un imperio de más de cien empresas, lejos de las doce compañías que el empresario K tenía declaradas hacia 2003. Con los medios de comunicación concursados, Oil Combustibles su principal activo con la quiebra decretada, los problemas financieros se incrementan y los dueños del holding permanecen en prisión.

La Justicia determinó que López, su socio y Ricardo Echegaray como ex titular de la AFIP, defraudaron al Estado por la deuda multimillonaria creada con el fisco durante el gobierno de Cristina Kirchner.

La causa que llevaron adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigó una "compleja maniobra defraudatoria" que le permitió al empresario K y a su socio, "desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas.

La deuda generada con el fisco por no pagar el impuesto a los combustibles fue de $ 8.000 millones. A la fecha con intereses y punitorios y otras deudas generadas el último tiempo, la AFIP que dirige Leandro Cuccioli reclama al empresario K $ 12.000 millones. En el marco de la quiebra se reconocieron $ 8.500 millones pero el organismo recaudador sigue peleando por la cifra más elevada.

Para el Gobierno, la estructura de planes de pagos que nunca se cancelaron por parte de López y De Sousa, con la anuencia de Echegaray, constituye una "compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco”, por ello buscan recuperar la mayor cantidad posible de fondos.

Al reclamo se le suman $ 1.600 millones que adeudan los medios de comunicación del Grupo Indalo. Este pasivo se constituye a partir de la falta de pago de los aportes a la seguridad social, IVA, e impuesto a las ganancias. Las empresas ya fueron intimadas por la AFIP y si bien meses atrás se procedió al embargo de algunas cuentas, los medios se encuentran en pleno proceso de convocatoria de acreedores que lleva adelante el juez en lo civil y comercial Javier Cosentino, el responsable de decretar la quiebra de Oil.

Al analizar toda la situación, la Justicia dictaminó que el dinero que Cristóbal López no tributó “a expensas de los consumidores "y que debían ser remitidos mes a mes al Estado "porque eran parte de su patrimonio", eran "sistemáticamente utilizados para ampliar el conglomerado económico propiedad de los imputados López y De Sousa".

Por ello la AFIP, tanto en el reclamo de la deuda actualizada como por la vía civil, busca recuperar la mayor cantidad de fondos en resarcimiento al sentirse agraviado por la maniobra implementada desde el Grupo Indalo. Se encuentra presentada desde el año pasado una demanda por daños y perjuicio que a la fecha es analizada a la luz del Decreto firmado por el presidente Mauricio Macri sobre la extinción de dominio.

Este reclamo civil se sustanciará junto con el juicio por defraudación que se realizará en los Tribunales de Comodoro Py contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, a cargo del Tribunal Oral Federal 3 (TOF) que aún no fijó fecha para el inicio de esta instancia. Para la AFIP los acusados son "solidariamente responsables" del daño económico generado y el reclamo puede superar los $ 17.000 millones. 

En paralelo, en los próximos meses ingresarán al organismo recaudador cerca de $ 2.000 millones de la venta de activos de Oil Combustibles a YPF en el marco de la quiebra decretada. Los activos industriales de la petrolera se vendieron por U$S 85 millones y la compañía con participación del Estado fue la mejor merituada en su oferta.