Crece la bronca por la privatización del cobro de tasas en La Plata

Ayer se realizaron manifestaciones en plena sesión del Concejo Deliberante contra la tercerización del cobro de derechos de publicidad y propaganda. Crece la disputa
El final de la brevísima sesión de ayer se vio coronado por una lluvia de panfletos sobre le recinto del Consejo Deliberante. Desde los balcones, donde el público puede presenciar las reuniones, trabajadores nucleados por la Asociación Trabajadores del Estado increparon a los Concejales por el proyecto de privatización de la gestión del cobro de los derechos por publicidad y uso del espacio público, impulsado por el intendente Pablo Bruera.

A pesar de que la comisión de Hacienda duplicó la cantidad de artículos de la iniciativa en cuestión (pasó de tres a seis), agregando una garantía de continuidad de las condiciones laborales y salariales de los empleados de la Unidad Ejecutora de Regulación de la Comunicación y la Publicidad (Uercp), los que se manifestaron fueron los empleados de Rentas del Municipio.

Según explicó Germán Mogilner, delegado gremial, los trabajadores de la Unidad Ejecutora de Ingresos Públicos "cobramos un fondo por el trabajo específico que hacemos. Toda la recaudación de Servicios Urbanos Municipales, de patentes del automotor, de publicidad y propaganda, uso del espacio público, conforman un fondo del que cobramos todos. Ese fondo está sustentado en un decreto que dice que por esta tarea cobramos una bonificación. Si perdemos ese trabajo, porque lo empieza a realizar un tercero, ¿cómo nos van a garantizar ese dinero que dicen que nos garantizan?", se preguntó el sindicalista. Señalaron el caso de empleados con 30 años de antigüedad que verían descender su sueldo a unos 1.500 pesos mensuales, casi en el límite de lo que establece el INDEC como frontera para caer en la pobreza.

El proyecto que recibió despacho por la Comisión de Hacienda, con las firmas del presidente del Consejo, Javier Pacharotti, la presidenta de la Comisión, Teresa Razzari, y los ediles Cristian Vicent y Francisco Capparelli, incorpora unas cuantas novedades de la escueta iniciativa enviada por el departamento Ejecutivo, haciéndose cargo

-implícitamente- de algunos reclamos de las bancadas opositoras.

Por caso, al artículo 1º del proyecto se cambió la autorización para "contratar" el servicio de terceros por "llamar a licitación pública". El (nuevo) artículo 4, agregado a la propuesta original, es el que garantiza "la continuidad de las condiciones laborales y remuneraciones" de los trabajadores de la Unidad Ejecutora de Publicidad y Propaganda, otorgándoles la posibilidad de "brindar asesoramiento técnico a la empresa adjudicataria", en un reconocimiento a la capacitación de estos empleados municipales, formados a costo del Estado, que ahora podrá usufructuar un privado.

Los artículos 5º y 6º incorporan como novedad el plazo de vigencia del contrato con la futura concesionaria, que será de 4 años, renovables por otros tantos, y otorga al Ejecutivo la posibilidad de rescindir el acuerdo en caso de incumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Otro aspecto interesante son las cifras sobre lo efectivamente recaudado durante los últimos años por el accionar de la Unidad Ejecutora, aportadas al expediente por los propios trabajadores de ese organismo. El año 2007 el monto total fue de 2.613.806 pesos; el 2008, 3.164.016 pesos; finalmente, para 2009, y realizada una proyección

de acuerdo a datos parciales del segundo

semestre, la recaudación ascendería a 5.200.000 pesos, un número que, llamativamente, se acerca a lo que según trascendió el oficialismo espera recaudar con la tercerización.

Durante la sesión de ayer el Concejo Deliberante habilitó el tratamiento de esta polémica ordenanza para el próximo miércoles, lo que fue cuestionado en pleno recinto por la edil de la Coalición Cívica, Susana Sánchez, que comparó, por su similitud, los montos recaudados por el nuevo estacionamiento medido y lo que el Ejecutivo espera recaudar con la tercerización del cobro de derechos de publicidad. "Cuál es el argumento real del Departamento Ejecutivo, o la excusa, para la tercerización de esta área, ya que para recaudar una cifra menor con el estacionamiento medido se incorporaron 20 personas. Lo mismo podría hacerse para la cobranza de esta tasa". Sánchez también se quejó por la velocidad con que son tratados en Comisión los proyectos enviados por el Departamento Ejecutivo, a comparación de las iniciativas de la oposición. "Manejarse selectivamente en el tratamiento de los expedientes no le hace bien a nadie. La celeridad para los expedientes oficialistas da a pensar que hay algún negocio oculto que impide transparentar el trabajo en las comisiones", expresó la concejal del partido de Elisa Carrió.

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