Se creará una Dirección de Defensa del Consumidor

Todo parece indicar que esta semana se vienen los cambios en la gestión y estructura de Fiscalización y Control del Gobierno.
Es que ya está en los tramos finales la división que tendrá el organismo con la Dirección de Defensa del Consumidor que asumirá un rol de servicio a la comunidad y la dirección de Fiscalización y Control que responderá a un perfil técnico y de control sobre todos los productos industriales de la provincia.

En los planes, Defensa del Consumidor tendrá un marcado rol de servicios, asistiendo a consumidores en sus derechos y obligaciones, estudiando denuncias y viabilizando reclamos incluso hasta llegar a la vía judicial.

"Lo que se busca con esta división es lograr una gestión más específica para cada una de las dos direcciones. Este nuevo orden ya estaba pautado en el presupuesto 2009 y tiene las partidas de dinero aprobadas para poder llevarlo a cabo. Realmente, es necesaria la división, ya que existía una superposición de funciones entre las áreas.

Así, por ejemplo, antes la Dirección de Fiscalización y Control tenía injerencia y realizaba controles que se superponían con los que también ejecutaba el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), especialmente en los controles fitosanitarios con la fruta fresca", señaló Raúl Millán, subsecretario de Programación Agroalimentaria y Gestión de Calidad, del Ministerio de Producción.

El nuevo rol de la Dirección de Fiscalización y Control estará enfocado a brindar una total certeza al comprador y vendedor sobre la calidad alimentaria de los productos alimentarios que poseen procesos industriales y que se elaboran en Mendoza a través de la inspección ocular y todos los estudios técnicos pertinentes", apuntó Millán.

Además de las nuevas funciones para las dos direcciones gubernamentales, desde el Ministerio de Producción también esperan la pronta sanción de un proyecto de ley del Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción de diputados.

La propuesta del Gobierno apunta a establecer una ley provincial que adhiera al Código Alimentario Argentino, derogar ciertas medidas provinciales que rigen, en algunos casos, desde el año 1930, y homologar todos los productos exportables a las normativas y controles que rigen a nivel internacional para avanzar en mejoras que redunden en mayor calidad de la producción local.

"Estamos esperando el tratamiento de este proyecto de ley en Senadores para que también podamos ejecutar esta nueva normativa especialmente en la agroindustria mendocina", dijo Millán.

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