Ahora, a partir de las conclusiones, una comisión se abocará a formular una propuesta para introducir nuevas correcciones. ¿Habrá juicios por jurados?

El Gobierno Provincial dio un primer paso para avanzar en una serie de modificaciones a la Justicia, que reformó su Código Procesal Penal apenas hace seis años: creará una comisión integrada por diferentes sectores e instituciones del medio. El gobernador Carlos Verna firmó en diciembre pasado el decreto para crear una comisión para la elaboración de un anteproyecto de reforma. Hay tres propuestas centrales que estarán en la mesa: la autonomía de las defensas públicas, la creación de espacios para capacitación y unificación de criterios de los funcionarios judiciales, y la implementación del juicio por jurados, una herramienta que contempla la Constitución Nacional pero que los operadores del sistema resisten.

La nueva reforma tomará en cuenta las conclusiones vertidas en el Plan de Monitoreo para el Diagnóstico y Propuestas de Reforma Legislativa de esa norma, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, y presentado el 25 de noviembre del año pasado.

Según se publicó en el último boletín oficial de diciembre, la comisión para analizar correcciones y modificaciones estará integrada por representantes de los Poderes Públicos y de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la temática. El Gobierno invitó a integrar la comisión al Superior Tribunal de Justicia, al Poder Legislativo, al Ministerio Público Fiscal, al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa, al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa y a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Estas instituciones podrán designar un titular y un suplente para su representación.

En representación del Poder Ejecutivo integrará la comisión el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Daniel Bensusan, quien también podrá designar a sus reemplazantes. La comisión elaborará su reglamento interno y designará en su primera reunión a sus autoridades.

Diagnóstico y propuestas

En noviembre pasado, se presentó el informe sobre el Plan de Monitoreo del Poder Judicial, que fue coordinado por la Universidad Nacional de La Pampa y expuesto en una conferencia por el ministro de Gobierno, autoridades universitarias y la directora Leticia Lorenzo. Las conclusiones previamente fueron entregadas a los ministros del Superior Tribunal de Justicia.

Lorenzo y el auditor externo, el chileno Mauricio Duce, estuvieron al frente del relevamiento. Lorenzo es actualmente secretaria de capacitación del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, y fue capacitadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, en temas vinculados a la implementación de reformas procesales penales en diversos países de América Latina. Por su parte, Duce es un abogado chileno que actuó como secretario del equipo técnico que redactó los proyectos de ley que conformaron la reforma procesal penal de su país. Es investigador de las universidades norteamericanas de Berkeley, Yale y Wisconsin, y docente titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile.

Los especialistas consideraron que al Código reformado podría sumarse el juicio por jurados, la división operativa de las áreas de la fiscalía y defensa (hoy bajo la conducción conjunta de la Procuración) y mayor capacitación y contacto entre los operadores judiciales de las diferencias circunscripciones judiciales.

Cabe recordar que el actual Código Procesal Penal de la provincia fue sancionado el 7 de septiembre de 2006 mediante Ley 2287 y entró en vigencia el 1º de marzo de 2011. Básicamente, pasó de un sistema escrito a otro donde predomina la oralidad, y le dio la facultad de llevar adelante la investigación a los fiscales, en lugar de los antiguos jueces de Instrucción.

La reforma tuvo su origen en un proyecto de investigación de la misma Facultad de Ciencias Jurídicas. Ahora, con los resultados del monitoreo y diagnóstico, se promueven modificaciones y correcciones al Código y su aplicación.

Durante la presentación pública del informe, Lorenzo sostuvo en primer lugar que “uno de los grandes problemas el sistema judicial pampeano, como en otros sistemas, tiene que ver con la poca posibilidad de compartir información interinstitucional. No hay un espacio interinstitucional en el que se sienten periódicamente a revisar prácticas”. Indicó que hace falta la reglamentación de protocolos de actuación.

En segundo término, si bien aclaró que “en general, la visión de la reforma es altamente positiva, fue un cambio para mejor”, estimó que “es necesaria la separación de la defensa pública de la acusación, que tienen intereses opuestos”. Actualmente, los defensores y los fiscales dependen de la misma Procuraduría, a cargo de Mario Bongianino.

En tercer lugar, la especialista abogó por la implementación en La Pampa del juicio por jurado. “Es un mecanismo ordenador del sistema. Si hay que pensar en una reforma legislativa, es implementar el juicio por jurados”, opinó.

Recursos

Por otra parte, en declaraciones a la prensa, Lorenzo descartó que el principal problema del sistema sea la falta de recursos humanos o económicos. “Gente y plata hay. Cuando una ve la cantidad de audiencias que tiene un fiscal, un juez, un defensor por día, o la cantidad de ingresos, no es un número alto e inmanejable. Las plantas que tiene actualmente el Poder Judicial permiten trabajar perfectamente con las tareas judiciales que hay. Lo que sucede es que las organizaciones son las que varían. Nosotros tenemos tres jurisdicciones y, más allá de que los nombres son los mismos, están organizadas de manera distinta, tanto la Fiscalía como la Oficina Judicial, y eso a la larga repercute”, concluyó.