Craso error II

Gran impacto causó en la opinión pública que una paciente del doctor Alejandro Ferro hubiera vivido diez años mal diagnosticada, en la creencia de que tenía SIDA. Los centros de poder más conspicuos respondieron protegiendo al funcionario comunal. Hoy la epidemia de gripe A podría ponerlo contra la pared en pocas horas.
Cuando el caso se dio a conocer, los planes del intendente Gustavo Pulti eran que su subsecretario de Salud fuera candidato a primer concejal, si es que podía darle un poquito más de lustre al tema de los concursos de médicos de las salas barriales. Como se informó oportunamente, ningún profesional se presentaba para cubrir los cargos porque los sueldos resultaban irrisorios.

Claro que en ese momento se supo que el funcionario -a la sazón referente en Infectología del HIGA- había tenido una actitud de suma desidia con una indigente: sostuvo un diagnóstico de HIV durante diez años, hasta que, ante la evidencia de un análisis negativo, le dijo que no lo había padecido nunca.

La paciente era Patricia Beatriz Basilico, una mujer que se desempeñaba como encargada en un edificio de calle Las Heras, y que había realizado una consulta preventiva en el Hospital Interzonal de Agudos, ocasión en la que se le realizó un examen de HIV bastante rutinario. Por el método de aglutinación de partículas, enzimuinmunoensayo y electroinmunotransferencia, el resultado del 14 de octubre de 1993 fue positivo. El responsable de la evaluación fue el doctor Alejandro Ferro.

A partir de allí, la vida de Patricia se convirtió en un infierno, sobre todo teniendo en cuenta que, a la fecha, era madre de tres hijos. Contrariamente a lo esperado, y en virtud del diagnóstico extremo, la paciente no pudo mantenerse vinculada a la vida y cayó en una profunda depresión: ya no se cuidó ni aceptó tomar la medicación que por entonces se aconsejaba, porque la idea de la muerte era para ella más poderosa que ninguna otra. Fue despedida de su trabajo, y ya no encontró forma de mantener a sus hijos. Nunca más volvió a conseguir un empleo permanente.

Su depresión se agravaba, y eso la llevó a la marginación, al delito y al desprecio por la vida, ligados a conductas de riesgo que antes no había experimentado. Sabía que a la larga iba a morirse y que nada tenía sentido para ella. No obstante, varios síntomas inciertos la volvieron a llevar al HIGA y al Instituto Nacional de Epidemiología (INE), donde fue atendida: descenso de peso inexplicable, sudoración excesiva, diarreas y vómitos, pero nunca se encontró en ella la presencia de ninguna infección intercurrente, a pesar de las reiteradas búsquedas de bacilo de Koch que produce la tuberculosis.

Los exámenes se repitieron desde el ‘95 hasta el 2000. Pero resulta que Patricia ya no quería mantenerse con vida, porque el deterioro de su estado psíquico y laboral había hecho que perdiera la tenencia de sus hijas: rechazaba los antirretrovirales, ante lo cual los médicos solamente registraron la resistencia de la paciente a aceptar la medicación.

En el ‘96 ingresó al IREMI a dar a luz a su cuarto hijo, pero el sistema la separó de él durante más de treinta días: era una mujer marginal con SIDA que se negaba además a tomar AZT.

Por supuesto que las dudas crecían en Patricia, ya que veía que su cuerpo no daba señales del avance de la enfermedad y que, pasada casi una década, no se presentaban en ella las infecciones asociadas. En 2002 insistió en que se le realizaran nuevamente los estudios para determinar su enfermedad. Allí surgió el nuevo documento: el 13 de diciembre de 2002, el propio Alejandro Ferro firmó en la historia clínica que la carga viral era menor a 50 copias. Ya en febrero de 2003, Ferro vuelve a escribir que el estudio resulta negativo por segunda vez.

Palabra santa

Patricia careció de un diagnóstico correcto, pues hubo un error insalvable que la tuvo durante diez años sin proyecto de vida, y sin siquiera un tratamiento. Ferro simplemente le dijo luego que nunca había tenido HIV.

Hoy el médico es considerado una autoridad en Infectología. Ante la evidencia del error –destacando que no es él mismo quien realiza los análisis– dijo: "Se podrían presumir problemas en la identidad de la persona que se extrajo sangre en esas oportunidades (…) además de que la identidad de esas muestras no puede ser acreditada. Se explica a la familia sobre los resultados recientes negativos de fecha 24 de febrero de 2003".

La defensa de Ferro fue encarada por el abogado Humberto Etchegaray, quien en su respuesta a la demanda oportuna no niega la actividad médica desplegada por su defendido en ningún caso; lo que pone en duda es la conexión causal entre tal atención y el estado psíquico y vital posterior de Basilico: "la actora pudo y debió hacer todos los exámenes que estimase conducentes para ratificar el resultado de los informes de laboratorio, tanto del HIGA como del INE si le cabían dudas sobre su validez o eficacia". Niega, además, que Ferro fuera quien hubiera atendido a Basilico durante un lapso de diez años, y aclara que la paciente fue alternativamente atendida por todo el equipo de Infectología del hospital, es decir que tal responsabilidad sería compartida. Sí acepta que Ferro la volvió a recibir en 2002, cuando el resultado es negativo por primera vez, y debe aclarar a la paciente la divergencia de resultados obtenidos a través de Western Blot, que es un estudio de resultado definitivo (febrero de 2003).

El abogado atina a decir que la sustitución de persona hubiera sido posible, en virtud del mecanismo que impone la ley en cuanto a la no individualización de la persona en el laboratorio. Es decir que intenta justificar, como una causa probable de la modificación en el resultado de los exámenes, que en cierta ocasión haya sido otra persona, portadora del virus del SIDA, quien haya concurrido al laboratorio del HIGA a hacerse pasar por Patricia. Francamente demencial.

Su presentación se ocupa de desarmar la pretensión de la denunciante, en virtud de que, según sostiene en la superabundacia de citas que avalan la posición jurídica al respecto, le resulta desmesurado considerar que Ferro deba procurar un resarcimiento de cualquier monto ya que no existe conexión causal entre su accionar y el curso que la vida de Basilico ha seguido. "El médico no está obligado a curar", cita Etchegaray, "sino a tratar de hacerlo".

La cofradía

Poco tiempo después de la denuncia, Ferro es puesto al frente del Comité de Crisis, en ocasión de la ruptura de las bombas que dejaron a media ciudad sin agua. Nadie supo por qué exactamente, ni cuál podía ser la pericia con que un médico sacaría a los marplatenses de tal situación, pero los resultados estuvieron a la vista. A la fecha, la comisión de estudio del incidente conformada por la Universidad Nacional de Mar del Plata no se ha expedido, y tampoco lo ha hecho otra comisión de investigación que depende de OSSE.

Ahora, Ferro es el responsable del sistema de salud municipal en medio de la crisis internacional que surge de la pandemia de una enfermedad infectocontagiosa. Ha decidido enfrentarla con extensos planes de vacunación contra otra enfermedad distinta, la gripe estacional. En esas dosis ha gastado dinero público que existía para enfrentar esa situación. No lo ha invertido en repartir barbijos, solución más que básica y general. Ni siquiera llevando alcohol o simples jabones a las escuelas, donde no los hay. Ha comprado, por fuera de cualquier proceso licitatorio, vacunas contra la gripe estacional, y las aplica en todo horario y a destajo, sin control de dosis o de identidad del vacunado. Esa es la medida, y esperemos que no traiga consecuencias peores que ser simplemente inocua.

Otro craso error que da una foto vendible, más que los apósitos de desinfectante o las porciones de fruta que necesita un chico mal nutrido para elevar sus defensas y no ser víctima de la enfermedad. Otro craso error que puede traducirse en bajas de una epidemia que no se detendrá por las buenas. Otro error de apreciación clínica de un médico a cargo de la salud municipal que condenó durante diez años a una paciente a un virus mortal que no tenía.

Comentá la nota