Los tentáculos de los directivos de Cotreco se extienden hacia la Afip y la política. Si bien a lo largo de los años en los que Horacio Busso fue contratista de los estados provincial y municipal se conocieron sus vínculos -y el de sus socios- con funcionarios, el expediente judicial los está evidenciando de un modo elocuente. De hecho, el 23 de diciembre pasado llegaron al Juzgado Federal N°1 de Ricardo Bustos Fierro, escuchas telefónicas que han comenzado a ser analizadas. Las intervenciones fueron dispuestas por la Justicia y realizadas a mediados de septiembre pasado cuando se realizó una serie de allanamientos en sedes de la empresa Cotreco SA. En aquella ocasión, fueron intervenidos los teléfonos de tres directivos: Horacio Busso, Elvio Debernardo y Flavio Cavallieri, considerados por el fiscal instructor Enrique Senestrari como los mentores de presuntas maniobras delictivas tendientes a eludir el control y pago de impuestos a la Afip. Las escuchas también se efectuaron sobre las comunicaciones de David Druetta, quien encabezó el directorio de Cotreco. PERFIL CORDOBA accedió a parte de esa información. Los diálogos retratan la intriga y enojo de los empresarios. “¿Cómo puede ser que nos allanen y no hayamos sabido nada antes?”, son, palabras más palabras menos, los reproches que se pueden escuchar. ¿Existió y existe una red de protección para Busso en Afip? No habría que descartar que la investigación penal tome, en algún momento, ese rumbo. Por lo pronto, lo que sí tienen anotado los investigadores judiciales es que una hermana de Cavallieri trabaja en el departamento jurídico de la sede local del ente recaudador. El dato no pasó desapercibido y por ese motivo la Justicia convocó a agentes de otras delegaciones, concretamente de San Juan y Rosario, para las desintervenciones telefónicas. “Necesitamos garantías de que los agentes que convocamos no estén contaminados”, graficó un funcionario a este medio.   Más relaciones familiares. Otra pregunta que ronda la investigación es hasta dónde y cuán alto llegan los lazos de los empresarios. ¿Cuánto pesan esas relaciones en la conducción de la empresa? Horacio Busso, como se sabe, es familiar directo de Sergio Busso, actual ministro de Agricultura  del gabinete de Juan Schiaretti. En tanto, el abogado de Cotreco es Matías González Palau, cuñado de Facundo Cortés Olmedo, exfuncionario de Ramón Mestre, entre 2011 y 2014 y aspirante en 2018 a ocupar una vacante en Tribunales Federales. Gonzalez Palau fue noticia hace cinco años cuando se difundió una cámara oculta realizada por Tomás Méndez que mostró que tenía la concesión de un puesto para el plastificado de carnés de conductor, lo que colocó a Cortés Olmedo bajo la sospecha de negocios incompatibles con la función que cumplía en el gabinete mestrista. Gonzalez Palau, a su vez, integra y trabaja en el estudio jurídico que tienen Debernardo y Cavallieri, unos pisos más arriba de las oficinas de Cotreco en nuestra ciudad. Y hace unos años fue empleado en el juzgado federal N° 3 de Córdoba. Todos estos datos son analizados en detalle en los tribunales federales, aún cuando la causa es por ahora estrictamente penal económica por presunta evasión impositiva millonaria de la firma investigada. Hasta ahora hay 16 imputados por los delitos de asociación ilícita para evadir impuestos (IVA y Ganancias), apropiación de recursos de la seguridad social, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta y lavado de activos. Es por maniobras de Guba SA, Cotreco SA y su sucesora, Urbacor SA, desde 2010 a la fecha.   Tironeos por la competencia. En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, Facundo Cortés Olmedo cuestionó la instrucción de la causa en su rol de defensor de Elvio Debernardo y Flavio Cavallieri. Uno de los puntos que atacó fue la competencia del juez Bustos Fierro. Si bien todavía no efectuó presentación formal al respecto en sus manifestaciones periodísticas recordó que existe un expediente abierto en el Juzgado Penal Económico N 8 de Buenos Aires, a cargo de Gustavo Meirovich, en el que Cotreco es investigado por los mismos hechos. Eso podría generar una discusión sobre cuál será el juez que quede a cargo de los expedientes. Una fuente consultada por este medio en los tribunales del Parque Sarmiento aseguró: “No nos vamos a dejar sacar la causa fácilmente. Vamos a ver el domicilio fiscal que pusieron en el formulario 931 y en qué región de Afip se presentó”. Se trata de la declaración jurada determinativa para aportes y contribuciones destinados a la Seguridad Social que generan las empresas.   Planes de pago para la Crese. El diario Ámbito Financiero publicó a comienzos de este mes un listado de contribuyentes que fueron beneficiados con refinanciaciones de deudas especiales cuando Ricardo Echegaray estuvo al frente de la Afip en base al artículo 32. Se trata de planes otorgados entre 2010 y 2015 denunciados por Elisa Carrió porque pudieron haber mediado coimas para su obtención. En el juzgado de Bustos Fierro pusieron esa información bajo la lupa, ante la posibilidad que figurara Cotreco. Encontraron en su lugar a Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese), que dejó de prestar el servicio de recolección de residuos en 2012. Se abre el interrogante sobre si la Crese, como empresa municipal residual, asumió alguna deuda de Cotreco en base a un acuerdo entre las autoridades municipales y los directivos de la firma privada. Se trata de otro signo de pregunta que sobrevuela en el juzgado.   Una cuña en CBI Guba SA monetizó 1.030 cheques por casi $19 millones en la financiera ilegal CBI Cordubensis, según ratificó a PERFIL CORDOBA una fuente tribunalicia. La lista de cheques con los emisores, bancos y fechas fue hallada en el famoso servidor 1 de CBI, con sede en el Dinosaurio Mall. También hay cheques a nombre de Prestar, la firma apócrifa que usaba Eduardo Rodrigo, presidente de CBI, para facturar “pagos” que eran dibujados porque no había productos o servicios a cambio. Guba monetizó cheques de Prestar en CBI. Hay dos sospechas: en algunos casos Busso pudo necesitar efectivo y para conseguirlo vendió los valores. Pero hay otra posibilidad: podría haber sido el mecanismo para vaciar a Guba SA., cuya quiebra fue declarada en 2016. Recordemos que a Guba le siguió Cotreco con los mismos socios.

La Afip usa la denominación “salida no documentada de dinero” para este tipo de operaciones.   Recusación al fiscal Cuatro defensores presentaron recusaciones contra el fiscal Enrique Senestrari, solicitando su apartamiento. En algunos casos consideraron que el fiscal anticipó opinión y también porque ya fue apartado en otras causas en las que se presentaron los mismos abogados. El juez Ricardo Bustos Fierro no resolverá los incidentes antes de la feria que comienza en escasos días. Fijó una audiencia para el 4 de febrero y a partir de allí resolverá los planteos.