Costoso camino de las rutas de playa

El gobierno provincial quiere crear un "corredor vial" que integre a las rutas provinciales del Atlántico: 2, 11, 56, 63, y 74.
Quiere que un solo grupo empresario se haga cargo del ensanchamiento y remodelación del nuevo sistema. Que esta firma se encargue del financiamiento, que tenga un contrato de 30 años y que, a partir del primer paso del plan de obras, pueda in-crementar los peajes hasta más de tres veces el precio actual.

Pero la medida, que a simple vista parece ser un plan auspicioso, comienza a teñirse de dudas a medida que se va avanzando en su resolución.

En primer lugar, el proyecto de ley por el cual el gobernador Daniel Scioli pretende concretar la apuesta indica sólo el pedido de autorización para el llamado a licitación.

Los únicos detalles que se dan son los vinculados a ciertos beneficios para la futura y "única" concesionaria: el plazo máximo del contrato, antes mencionado, y la cláusula, fijada en el artículo 3, por la cual la adjudicataria sólo deberá pagar un canon único, que representa el 4 por ciento del ingreso por peajes.

De esta manera se exenta de cualquier gravamen que se le pudiera ocurrir cobrar a alguno de los municipios involucrados en el recorrido de estas rutas.

El plan maestro, donde se fijan exactamente cuáles serán las obras previstas, los plazos de esta construcción, los montos de inversión, el momento en el que se comenzará a imponer el nuevo peaje y los montos del incremento, no aparece en ninguno de los artículos de la iniciativa.

Desde el ministerio de Obras Públicas afirman que esta información estará escrita en los pliegos de la futura licitación. Lo que significa que una vez autorizado, el Ejecutivo tendrá todas las facultades para desarrollar el plan y el acuerdo con el futuro grupo empresario a cargo. Incluso tiene libre vía para negociar cómo será la salida de las actuales concesionarias.

Según establece el artículo 6 del proyecto, "los acuerdos que el Poder Ejecutivo hubiera alcanzado con las actuales concesionarias de la Ruta Provincial Nº 2 (COVISUR S.A.) y la Ruta Provincial Nº 11 y complementarias (Camino del Atlántico SACV) para adecuar los respectivos contratos vigentes de forma de permitir, aun antes del vencimiento de su relación contractual, la toma de posesión por quien resulte adjudicatario de la nueva concesión, deberán formar parte del pliego licitatorio y ser aceptados en todos sus términos y condiciones, en forma expresa, por los futuros oferentes".

En la traducción de los voceros del Ejecutivo significa que "el que se haga cargo del corredor vial no sólo deberá hacer las obras, sino que, además, deberá acordar la forma de retiro de los que están ahora".

El Ejecutivo asegura que participará como una suerte de árbitro en el acuerdo entre las empresas.

Para conocer el detalle de la forma de financiamiento se deberá aguardar también la confección del pliego licitatorio, porque en el proyecto de ley no está. Apenas se indica que el sistema será "bajo la modalidad por peaje".

Y sin más detalles.

Ante la consulta, desde el área de Obras Públicas bonaerense aseguran que este sistema establece un techo de aumento, que se fijará una vez definidos los pliegos.

No descartan que el costo podría elevarse a 50 pesos por viaje desde la Capital a las playas, tomando como referencia dos peajes obligados. Aunque tampoco existen certezas de que éste sea el tope.

Sólo detallan que el cálculo aproximado de gastos de inversión llegaría a los 350 millones de pesos por año. Y la forma en que se va a determinar en los pliegos la deducción del incremento.

"Para establecer el nuevo precio -indican- se arma una grilla donde se ubica primero el "peaje estrella", que es el de Samborombón, porque por ahí pasan todos. Ese es el parámetro, y de allí se deduce un porcentaje fijo para todos los demás. El que oferta solo tiene que establecer un monto para Samborombón, los demás salen por el cuadro establecido".

Las urgencias del Ejecutivo para que le aprueben el proyecto (tal la orden dada a los diputados del FpV, cámara por donde ingresó la iniciativa), sumadas a la falta de certezas del plan, hacen pensar a muchos en un posible acuerdo empresarial.

Se dice que Corporación América SA, firma liderada por Eduardo Eurnekian, estaría interesada en la concesión, y que contaría con la simpatía del Ejecutivo.

El grupo tiene en la actualidad la concesión de varias rutas, como la nacional Nº 8, de Pilar a Pergamino.

-¿Eurnekian tiene muchas chances de acceder a la concesión del corredor vial?, pregunta La Tecla a un funcionario de gobierno, sabedor del tema.

-Sí, claro, porque para presentarte a la licitación tenés que tener antecedentes de haber concesionado rutas, si no, no vale la pena que te presentes.

Pero no es la única firma que podría estar interesada.

Se habla de un acuerdo entre grupos empresariales, ya que, por la dimensión de la obra y la extensión del contrato, que garantiza ganancias a largo plazo, se requeriría un sector fuerte.

"Con la crisis que todavía existe y la inestabilidad política de la Argentina, no hay nadie que solo pueda hoy afrontar el monto de la inversión", aseguran desde el sector privado.

Covisur SA es la firma que obtuvo en 1996 la concesión de la autovía 2, una obra que fue inaugurada en 1999.

El grupo está integrado por las empresas Roggio, DYCASA y ESOCO. Juntas o separadas, y en nuevos consorcios, podrían ser nuevas ofertantes.

"Si sos cirujano y llaman a concurso para cubrir una vacante que tiene mayor categoría, ¿no te presentarías?", ponen como ejemplo desde el sector empresario.

Camino del Atlántico, concesionaria de la ruta Nº 11, está conformada por tres sociedades anónimas: Vialco, Coarco y Equimarc. Y es otra de las posibles candidatas. "Si querés buscar el porqué del interés del gobierno para tratar una obra que va a exceder su gestión, podés ver que tiene siete potenciales empresas que quieren el negocio; no es algo despreciable, ¿no?", afirma un empresario muy vinculado al ámbito político.

Comentá la nota